miércoles, febrero 26, 2020

Concejalas de Santiago acuden a Contraloría por ordenanza municipal que regula “actividades ruidosas”

Tres concejalas de Santiago, Rosario Carvajal, Natalia Conteras e Irací Hassler, llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento respecto de una polémica ordenanza municipal aprobada el pasado 22 de agosto, que regula “Actividades Ruidosas y Fuentes Emisoras de Ruido”.

Las concejalas acusan que le normativa sanciona manifestaciones “a viva voz” en el espacio público, por lo que vulneraría el derecho de libertad de expresión contenido en la Constitución.

“Hay una ordenanza de ruidos que ha llevado adelante la administración de (Felipe) Alessandri, que vemos que que tiene la cara más oscura de una derecha que lo único que busca es limitar la libertad de expresión y de asociación de las personas, limitar las posibilidades que tenemos en un Estado de Derecho de manifestarnos”, sostuvo Irací Hassler.

En tanto, Rosario Carvajal explicó que “la ordenanza aprobada indica que serán las manifestaciones a viva voz sujetas de sanciones y nos parece que eso vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión”.

Si bien la ordenanza fija nuevas condiciones para las faenas de construcción, para máquinas ruidosas y para locales cuya emisión supere los 86 decibeles, también estipula la prohibición de las actividades de cualquier índole que generen ruidos molestos en la vía pública con equipos de amplificación, incluyendo el voceo.

Tampoco autoriza el funcionamiento de bandas de músicos, batucadas, o estudiantinas en el espacio público, salvo que se trate de las fuerzas armadas o de orden y de aquellas que tengan autorización municipal.

“Siempre hemos estado a disposición de regular elementos para que podamos vivir muy armónicamente en la comuna, pero eso no puede ir en contra de la libertad de expresión en términos tan básicos como hablar a viva voz. Aquí no se está controlando solo la amplificación”, advirtió la concejala Hassler.

La normativa contempla una multa mínima de tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y hasta un máximo de cinco UTM, y serán de competencia del Juzgado de Policía Local. La reincidencia será sancionada con cinco UTM, según lo estipulado en los artículos 19 y 20.

En su aprobación, contó con el apoyo de los concejales Jorge Acosta, Verónica Castro, Leonel Herrera, Miguel Morelli, Juan Mena y Adriana Morán, además del alcalde Alessandri.

“Esta administración dirigida por el señor Alessandri ha demostrado constantemente una línea editorial bastante autoritaria. Es lamentable que la derecha en el siglo XXI todavía tenga estos rasgos autoritarios”, planteó la concejala Carvajal.

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