Coronel (r) Jorge Turres Mery

Condenan a 10 años de prisión a padre de ex diputada UDI Marisol Turres por crímenes en dictadura

El uniformado fue sentenciado por el homicidio y el secuestro de dos detenidos durante el año 1974.

Por Daniel Labbé Yáñez

08/11/2018

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada

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El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 10 años y un día de presidio al teniente coronel (r) del Ejército, Jorge Turres Merypadre de la ex diputada (2006-2018) de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marisol Turres.

El uniformado fue sentenciado como autor de los delitos de homicidio calificado de Manuel Miranda Lizama y de secuestro calificado de Juan Castro Brito, crímenes ocurridos en Santiago en mayo de 1974.

El ministro Carroza estableció en el fallo que estos crímenes tuvieron lugar luego de que Juan Castro Brito fuera denunciado por su cónyuge por una agresión el 19 de mayo de 1974 ante personal de guardia del Regimiento Yungay de San Felipe, quienes custodiaban el Parque Quinta Normal por entonces. Los militares estaban al mando del capitán Jorge Turres Mery. Brito fue detenido por una patrulla militar junto a su vecino Manuel Miranda Lizama, quien fue acusado de encubrirlo. Una vez de regreso en Quinta Normal, el oficial que ordenó su captura “manda que se los lleven del lugar y procedan a deshacerse de ellos”, como se detalla en la resolución judicial.

Desde entonces se desconoce el paradero de Juan Castro Brito. En tanto, cuatro días después es hallado el cadáver de Miranda Lizama en Quilicura, constatándose por parte del Instituto Médico Legal que murió producto de dos heridas de bala con salida de proyectil cráneo encefálica y otra abdominal.

Carroza condenó además a 5 años y un día de presidio al sargento de reserva del Ejército Gustavo Marambio Olmos y al civil Tomás Morales Bravo, como cómplices de los mencionados delitos. Por otra parte, se absolvió al conscripto Héctor Quijanes Verdejo y al suboficial mayor Samuel Molina Herrera.

En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización total de $110.000.000 a familiares de las víctimas.

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