Confirman muerte de cuarto reo por brote de Covid-19 en Punta Peuco: Cumplía condena por secuestro calificado de cinco integrantes del FPMR

Marco Antonio Bustos Carrasco, coronel retirado del Ejército y que estaba pagando condena en Punta Peuco por graves violaciones a los derechos humanos, murió por síntomas derivados del coronavirus y es el cuarto interno de la cárcel en fallecer por el brote.
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Chile / Portada

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Pedro Bustos informó que su hermano del exuniformado, Marco Antonio Bustos Carrasco – detenido en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos –, falleció este sábado, tras contagiarse por coronavirus Covid-19; mientras estaba recluido en la cárcel Punta Peuco.

El coronel retirado estaba pagando una condena de cinco años por ser cómplice del delito de secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante la dictadura militar, refiere La voz de los que sobran.

Los combatientes habían sido secuestrados en septiembre de 1987 con el objetivo de intercambiarlos por el coronel Carlos Carreño, plagiado por el FPMR.

Con la información de Pedro Bustos, el exmilitar se convierte en el cuarto reo que muere en una semana, afectado por el brote de Covid-19 en Punta Peuco.

 El fin de semana pasado fallecieron el comandante (r) de la Fuerza Aérea (FACh), Luis Campos Poblete (82), condenado por el asesinato del dirigente del MIR José Francisco Bordas Paz; Miguel Estay Reyno (68), alias “El Fanta”, sentenciado por el Caso Degollados; y el coronel (r) Jaime García Zamorano (85), condenado por exhumación e inhumación ilegal de cuerpos durante la dictadura.

Los crímenes de Bustos Carrasco

En el año 2008, y mientras era coronel en servicio activo del Ejército, Marco Antonio Bustos, el ministro y juez Mario Carroza lo encausó en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. 27 oficiales y suboficiales retirados del Ejército fueron declarados reos por este crimen.

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes tuvieron la causa en sus manos.

Carroza, procesó al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), y el entonces coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien era el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los cinco jóvenes del frente fueron asesinados en 1987 en el cuartel Borgoño de la CNI ubicado cerca de la exEstación Mapocho y sus cuerpos trasladados a Peldehue, en Colina, donde un helicóptero Puma del Ejército con funcionarios de esa institución militar, los llevó ensacados y amarrados a un riel y los lanzaron en el mar a la altura de Quintero en la región de Valparaíso. 

En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile por excluir de la nómina a cuatro reos de Punta Peuco, lo que les permitía optar al beneficio de libertad condicional.

Entre los reos se encontraba Marco Antonio Bustos Carrasco, así como  Rodrigo Pérez Martínez, Aquiles Navarrete Izarnotegui y Julio Cerda Carrasco, todos condenados por cometer delitos de lesa humanidad.

El fallo sostuvo que ninguno de los demandantes cumplía con las exigencias requeridas en las oportunidades en que el Tribunal de Conducta de Punta Peuco evaluó sus antecedentes para los procesos de postulación de libertad condicional.

70% de los reclusos contagiados

La semana pasada Gendarmería anunció que 80 de los 113 reos que se encuentran en el penal Punta Peuco, están contagiados por el virus, por lo que se encienden las alarmas en la institución carcelaria, debido a que todos los reos de la cárcel – que alberga a los condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura – rozan los 75 años.

Esto, aumenta las probabilidades de muerte, a pesar que todos completaron su esquema de vacunación.

El brote comenzó el pasado 10 de agosto, cuando una persona que desconocía que estaba contagiada visitó a uno de los reos y éste contagio a la mayoría de la población penal.

El 3 de septiembre, Gendarmería confirmó el fallecimiento del general Jaime García Zamorano (85) que participó en la operación «Retiro de televisores» o inhumaciones ilegales de personas inocentes asesinadas por la dictadura; un día después, en el Hospital San José, murió Miguel Estay Reyno (68), alias “El Fanta”, quien estaba condenado a cadena perpetua por el caso degollados. El último fallecido fue comandante (r) de la FACh Luis Enrique Campos Poblete, de 82 años, quien con enfermedades de base también se contagió. Los tres estuvieron infectados de coronavirus y sus decesos evidenciaron la presencia de un peligroso brote de Covid-19.

“No sabía ni tenía síntomas al momento del ingreso. Desde el primer momento que se sospechó, se manejó según el protocolo de variante Delta por el elevado número de casos”, expresó la jefa de Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio, citada por La Tercera, al tiempo que indicó que en ese mismo instante se llevó al cierre del penal e iniciar los testeos masivos a todas las personas que entran al recinto.

Los casos positivos y estrechos – fueron aislados y están en constantes evaluación médica.

“Hay otros recintos donde hubo una tasa alta (de contagios), pero este caso es mayor dada la variante, la edad y enfermedades de base de la población penal”, recalcó.


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