Confirman que Presidente Boric fue grabado por la PDI en uno de los “pinchazos” telefónicos del Caso Procultura

Continúan las repercusiones por las escuchas telefónicas a figuras del oficialismo en la investigación del caso Procultura, que apunta a un posible fraude de fondos públicos mediante la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.

En octubre del año pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) registró una conversación telefónica entre el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, en el contexto del caso Procultura, dirigido por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

De acuerdo con información publicada hoy por Ciper, el mandatario dialogaba con Huneeus, amiga personal suya y exesposa de Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación Procultura.

La doctora Huneeus tenía intervenido su teléfono por orden del Juzgado de Garantía de Antofagasta, tras la solicitud del equipo del fiscal Cooper, que pidió interceptar las comunicaciones de varios vinculados a la investigación del caso Procultura.

Hasta ahora, esta sería la única grabación donde figura el Presidente Boric que está en poder de la fiscalía. Según reveló Ex-Ante el 28 de abril, el fiscal Cooper había solicitado intervenir directamente el teléfono del jefe de Estado, pero el tribunal rechazó esa petición.

Tras la publicación de La Tercera el 25 de abril pasado —donde se informó que el teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores de Boric, había sido interceptado— surgieron especulaciones sobre eventuales grabaciones del mandatario. Sin embargo, Ciper confirmó que la única conversación registrada corresponde a un diálogo con la doctora Huneeus, y no con Crispi.

La investigación, que apunta a presuntos delitos de lavado de dinero y fraude al fisco relacionados con el manejo de casi 6 mil millones de pesos en fondos públicos recibidos por Procultura, quedó bajo la dirección de Cooper luego de que Carlos Palma, fiscal regional de Aysén y quien llevaba originalmente la causa, fuera suspendido tras un reportaje que lo vinculó a posibles irregularidades en el proceso de elección del fiscal nacional.

El caso examina múltiples contratos suscritos por Alberto Larraín con entidades del Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales. Según la última información de Ciper, difundida este 7 de mayo, ya se han intervenido al menos 42 teléfonos en el marco de la causa: 15 pertenecen a personal de Procultura, seis a funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y dos a empleados del nivel central de ese ministerio. También fue intervenido el móvil de una autoridad regional de Antofagasta, además de los conocidos casos de Crispi y Larraín.

No obstante, aún no ha sido posible identificar a los usuarios de 15 de esos números intervenidos por orden de la fiscalía.

Fuentes ligadas a la investigación aseguran que la fiscalía ha realizado múltiples solicitudes de interceptación en el curso de esta indagatoria. En una de ellas, presentada en septiembre de 2024 ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta, se incluyeron 17 números, entre ellos el usado por Huneeus, registrado bajo el nombre de Alberto Larraín.

Dicha petición, firmada por el fiscal adjunto Ricardo Soto Molina, no detalla argumentos individualizados para cada caso, sino que expone una descripción general de la investigación, mencionando los convenios bajo revisión, los montos involucrados (cerca de $5.865 millones) y las irregularidades detectadas, como transacciones sospechosas y falta de controles.