Consejo de Defensa del Estado estudia irregularidades de organizaciones de pesca artesanal por $4 mil millones

El Consejo de Defensa del Estado recibió una serie de documentos entregados por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). En estos antecedentes, se detallan los pagos irregulares del Fondo de Administración Pesquero (FAP) por parte de la Subpesca al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y a distintas organizaciones del sector artesanal por la cantidad cercana a $4 mil millones entre el 2012 y el 2016.

Dentro del dinero cuestionado se encuentran una serie de viajes realizados por Natalia Bustos, hija del Presidente del Consejo Regional de Pesca Artesanal, Jorge Bustos, en el marco de una misión internacional para mejorar la comercialización de la merluza austral. El problema es que, según el dinero rendido y el documento otorgado por la misma Bustos, se registra que sólo un día, de un total de diez, Bustos salió de nuestro país. La Serena, Arica y Valparaíso, entre otras, son las ciudades que la hija del presidente de Corepa se dedicó a visitar durante su tarea.

Sumado al punto anterior, a Bustos se le cuestiona su participación en el Plan Estratégico de Comercialización del Recurso Merluza Austral. El conflicto se encuentra en que no existen documentos oficiales que acrediten que este trabajo haya sido realizado y, además, Natalia Bustos es profesora de Historia y Ciencias Sociales, por lo que no cumplía con la experiencia necesaria para realizar esta tarea.

Otras irregularidades detectadas pertenecen al pago de $12 millones de pesos que la empresa Mares Sustentables Spa «realizó» por un plan de asistencia técnica que ya había sido rendida por el Copera Además, el informe final es idéntico a algunos documentos que se pueden encontrar por internet.

La Subpesca afirmó que «todos los antecedentes fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de recuperar los montos objetados (…) a pesar de las persistentes presiones recibidas por las diversas organizaciones involucradas».

Pese a lo último mencionado, ya se inició un proceso disciplinario para determinar si realmente existen responsabilidades administrativas. Ahora, el CDE y la Subsecretaría de Pesca estudiarán el caso y tomarán las medidas necesarias para resolver este caso.

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