La Contraloría General de la República decidió aplicar el límite legal de 60 UF para las pensiones de los funcionarios de Gendarmería, que en el caso de algunos oficiales retirados superaban los seis millones de pesos. De ahora en adelante, el beneficio no podrá llegar más allá del millón 600.
A través de un comunicado, el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, llamó a actuar con «calma» y «unidad» frente al dictamen, afirmando que «se contratará los servicios de un abogado laboral experto en materia laboral».
Arce convocó a una reunión con representantes de distintas asociaciones de funcionarios, a los cuales instó a trabajar en conjunto y «en un contexto que evite eventuales movilizaciones o acciones que puedan jugar en contra de los intereses institucionales».
Cabe señalar que en mayo, El Ciudadano dio a conocer la existencia de una verdadera crisis en el alto mando de Gendarmería, suscitada por cuestionamientos al criterio de fijación de pensiones de ex oficiales penitenciarios, entre ellos el asesor de la ministra Javiera Blanco, Patricio Campos.
En un oficio dirigido a la máxima cabeza del servicio, el entonces subdirector operativo Freddy Larenas (cuya renuncia, días más tarde, fue solicitada por Arce), identificó lo anterior como el motivo del rechazo de Contraloría a tomar razón de las pensiones, que aludía al tope de imponibilidad de las remuneraciones establecido en el decreto ley Nº 3.501, de 1980.
En los mismos días se produjo la salida del subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Ortiz.
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