Copiapó: Formalizan a tres ex carabineros que cobraban dinero en efectivo por prestar servicios ilegales en la carretera

La Fiscalía de Atacama formalizó el último día de 2022 a tres ex funcionarios de Carabineros, pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Tenencia Atacama Norte, quienes fueron denunciados por conductores de buses de transporte de pasajeros y camioneros, de cobrar dinero en efectivo para llevar a cabo distintos servicios ilegales en la carretera.

La audiencia de formalización fue asumida por los fiscales adjuntos de Copiapó, Luis Miranda Flores y Pedro Pablo Orellana, quienes argumentaron que a partir de denuncias se ordenaron distintas diligencias a personal del OS-7 de Carabineros, trabajo que se extendió por varios meses, pudiendo reunir antecedentes que daban cuenta de la veracidad de las denuncias, dejando de manifiesto la actuación ilegal de los ex funcionarios.

En la audiencia, los fiscales dieron cuenta de cada uno de los hechos establecidos, siendo el primero en agosto de este año, tras una fiscalización a un bus interprovincial, ocasión en que solicitaron el pago de dinero a cambio de obviar el transporte de inmigrantes ilegales en el vehículo.

«Con ello, vulneraron el reglamento de disciplina de Carabineros e infringieron los deberes de su cargo», señalaron los fiscales, quienes expusieron los antecedentes de otros 10 episodios, que fueron debidamente acreditados con distintos medios de prueba.

Formalización

Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a los tres imputados por delitos de cohecho pasivo y violación de secreto, consiguiendo que el juez de turno decretara la medida cautelar de prisión preventiva para el detenido que, de acuerdo a la investigación, actuó como líder en la comisión de estos delitos.

En tanto, los otros dos involucrados, quienes decidieron prestar declaración en los hechos, deberán cumplir arresto domiciliario total.

Respecto de la investigación, el fiscal Miranda indicó que la Fiscalía «cumple en todo momento con su deber constitucional en cuanto a la persecución penal de los delitos, no importando quien los comete demostrando con ello el trabajo objetivo y transparente que regula todas sus actuaciones jurídicas e investigativas del Ministerio Público».

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