El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio sentenció a 10 años de presidio efectivo al exalcalde UDI de Algarrobo, José Luis Yáñez, como autor de malversación de caudales públicos en perjuicio de la municipalidad, y a 4 años por el delito de lavado de activos, cometidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.
De esta manera, el exjefe comunal fue condenado a una pena total de 14 años de cárcel, al igual que su expareja, la extesorera municipal, Belén Carrasco. Además, ambos deberán pagar dos multas: una de $2.309 millones y otra -por su autoría en el delito de lavado de activos- de 200 UTM.
Finalmente, el tercer involucrado, Sixto Carrasco (funcionario municipal), fue sentenciado a 3 años y un día de cárcel, más el pago de una multa de $1.516 millones, por su calidad de cómplice del delito de malversación de caudales públicos, a lo que se suman otros 3 años de presidio y otra multa de 200 UTM por lavado de activos.
En tanto, al cierre de esta nota, Radido Biobío consignaba que también se acogió una demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en la cual se condena a los tres involucrados a pagar «de forma solidaria» la suma de $1.154.732.584 «por concepto de daño emergente en favor del fisco de Chile», explicó la jueza Rosa Caballero.
«Corrupción pura y dura»
Una vez conocida la noticia, la diputada por la zona, Camila Rojas (Frente Amplio), señaló que «lo de Algarrobo es corrupción pura y dura».
«No fue un error administrativo ni una falta menor: fue el saqueo de recursos municipales por parte de quien debía cuidarlos. Mientras vecinas y vecinos esperan soluciones, el alcalde usó la plata de todos como si fuera propia», cuestionó la legisladora.
Para la diputada Rojas, «que hoy exista una condena de 14 años de presidio por malversación de caudales públicos y lavado de activos, es lo mínimo que corresponde, porque el daño no solo es económico: es un golpe brutal a la confianza pública en toda la provincia de San Antonio».
«Aquí no caben relativizaciones ni empates políticos. Las penas deben cumplirse efectivamente y el Estado tiene que endurecer los controles, porque quien roba desde un cargo público no traiciona a un partido, traiciona a su comuna», agregó la parlamentaria.
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