Corte deja sin efecto remate de ríos en Alto Biobío y lo califica de «arbitrario e ilegal» por no consultar a las comunidades

El senador Alejandro Navarro informó durante la presente jornada que la Corte de Apelaciones de Concepción emitió un un fallo «que deja sin efecto la resolución exenta N° 000669, de 3 de julio de 2019, que establece bases del remate de los derechos de agua que indica, sobre las aguas superficiales y corrientes del Río Queuco».

La decisión judicial fue emitida tras la presentación de un recurso de protección por parte del parlamentario del Biobío: «Este es un triunfo no solo para los miles de pehuenche del Alto Biobío cuya vida se iba a ver afectada por la venta de las aguas del Queuco, sino que para todo Chile, para los 17 millones, pues es claro que el agua debe volver a ser un bien de uso público y dejar de pertenecer a las empresas».

«La Corte ya había acogido un recurso de protección que buscaba paralizar el remate del estero, y hoy luego de esta nueva presentación, dictamina que este fue arbitrario e ilegal tras no consultarse a las comunidades, y que carecieron de razonabilidad los argumentos expuestos por la autoridad, para no efectuar la consulta», detalló el legislador.

Navarro advirtió que «es de extrema gravedad que este gobierno siga sin respetar los tratados internacionales, en este caso, el Convenio 169 de la OIT y la consulta indígena».

Cabe destacar que el parlamentario presentó este recurso en favor de Carmen Rosa Paine Tranamil, werken Mapuche; de Abel Marilao y de la Asociación Indígena de Butalelbún de Alto Biobío, y en contra de la Dirección General de Aguas del Biobío.

En ese sentido, el senador dijo que es «tremendamente importante lo que ha resuelto la Corte de Apelaciones de Concepción, pues nuestro principal argumento en el recurso fue que el remate no estaba tomando en consideración los derechos de los pueblos originarios y los tratados internacionales que Chile ha suscrito al respecto».

«Este remate fue un tremendo error por parte del Ministerio de Obras Públicas y de la DGA. Ellos no pueden rematar agua, menos un río que es claramente público, de uso de comunidades indígenas, fundamental para la vida de los pehuenche de Alto Biobío, cuya agricultura y ganadería se han visto tremendamente afectadas por la sequía», agregó Navarro.

El fundador del Foladh finalizó señalando que «en todo Chile hay sectores que requieren del agua , por lo que nos opondremos a cualquier proyecto de Carretera Hídrica que con el argumento de llevar ayuda, pretenda limitar los recursos hídricos del Biobío. Y en la Nueva Constitución, sin duda que la propiedad del agua volverá a la gente, a los 17 millones de chilenos y chilenas, como Bien de Uso Público, y no como un elemento de consumo con el cual se puede presionar, transar, o especular en remates».