La Corte Suprema declaró admisible un recurso de amparo presentado por el criminal de la dictadura Raúl Iturriaga Neumann, condenado a cerca de 200 años de cárcel por numerosos crímenes, como el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en 1974, la desaparición del Comité Central del Partido Socialista en 1975, y su participación en las operaciones Colombo y Cóndor, y en los centros de detención y tortura clandestinos La Venda Sexy y Villa Grimaldi principal, entre otros.
Sus condenas son por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, secuestro, sustracción de menor, torturas, aplicación de tormentos con violencia sexual y asociación ilícita, entre otros. Pero, apelando a su estado de salud y a su edad (87 años), su defensa pidió acceder al beneficio de arresto domiciliario.
Ante esto, desde el espacio de memoria Londres 38 manifestaron su rechazo a la decisión del máximo tribunal: «¿Sabías que la Corte Suprema acaba de declarar admisible un recurso de amparo presentado por el criminal de la dictadura Raúl Iturriaga Neumann, criminal condenado por desapariciones y que sigue en pacto de silencio y sin arrepentimiento, y que tiene por objetivo eludir el cumplimiento de su condena en la cárcel?», señalaron en una publicación en sus redes sociales.
Seguidamente, plantearon que «mientras a nivel país se intenta avanzar en un Plan Nacional de Búsqueda, con obstáculos y dificultades, instituciones piensan en beneficiar una y otra vez a criminales responsables de las desapariciones y que saben dónde están las personas que desparecieron. Torturas, violaciones, secuestros y desapariciones son los delitos que algunos podrían cumplir de forma domiciliaria en este país», criticaron.
Raúl Iturriaga Neumann, de 87 años, fue general de Ejército, subdirector y jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Fue detenido y recluido en la cárcel en 2007 después de haber estado prófugo y declarar «que no aceptaba la condena».
Según ha planteado su defensa, en la actualidad, atendiendo a «razones médicas», su condición «etaria y de salud es incompatible con la cárcel y con la justicia de derechos humanos basada en la dignidad del ser humano», por lo cual se solicita cumplir el resto de la condena bajo arresto domiciliario.
Esta solicitud fue rechazada en enero de 2024 por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en su fallo argumentó que «se han arbitrado todas las medidas de resguardo y conducente a garantizar la salud e integridad del interno, así como el debido acatamiento a las prescripciones de la Comisión Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores».
Esto motivó a su defensa a elevar un recurso de queja ante la Corte Suprema, que finalmente se pronunció revocando la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el amparo de Iturriaga «debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido», indica el documento.
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