Corte Suprema ordena a Servel y Gendarmería garantizar derecho a voto de presos

La Corte Suprema acogió dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de internos de penales del país, y ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería adoptar las medidas necesarias para que los internos recurrentes puedan ejercer su derecho a voto.

Foto: El Mostrador

En fallos divididos la Tercera Sala del máximo tribunal revocó las resoluciones recurridas que habían rechazado los recursos, al considerar arbitrario privar del derecho a sufragio a internos en recintos penales que no tengan suspendido dicho ejercicio.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos, sin distinguir si se trata de personas privadas de libertad, gozan sin distinción de los siguientes derechos y oportunidades: «b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

«La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 reconoce el mismo derecho antes referido y agrega que: «La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal», sostiene el fallo.

Y agrega: «Que las disposiciones referidas consideran el derecho a sufragio como un derecho ciudadano, que debe ser garantizado en su ejercicio por el Estado y puede estar sujeto a eventuales restricciones que no pueden extenderse más allá de las señaladas en el respectivo instrumento, quedando excluida la privación de libertad como medida cautelar o cuando la condena no lleva aparejada la pérdida del derecho a sufragio, como ocurre en el presente caso».

Por lo tanto, concluye: «(…) se acoge el recurso de protección interpuesto a favor (…) ordenando que el Servicio Electoral, dentro de los plazos legales, adopte las medidas necesarias que posibiliten el derecho a voto de estas personas que se encuentran privadas de libertad, por no tener suspendido su derecho a voto, debiendo por su parte Gendarmería de Chile adoptar igualmente todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional que garantice el derecho a sufragio de las mismas cuyo derecho a sufragio no se encuentra suspendido, medidas que deberán ejecutarse con la antelación debida que permita a las personas antes referidas ejercer efectivamente su derecho a voto».