Cuestionan reacción de ex general de Carabineros ante violación sexual de alumnos

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió quitar de las manos de la Justicia Militar el proceso que investiga la denuncia por torturas y violaciones sexuales que interpusieran aspirantes de Carabineros, pertenecientes a la Escuela de Caballería, y que involucra a un teniente del citado plantel en posible calidad de autor.

La querella, presentada a fines de 2016 con el apoyo de la Defensoría Policial «Equanime», a cargo del suboficial (r) de Carabineros Esteban Infante Alcaíno, atribuyó la ejecución material de los abusos al ex instructor de la Escuela, Aldo Valenzuela Perroni, y apuntó a un supuesto encubrimiento de otros oficiales.

En la lista de imputados se encuentran los funcionarios Marco Garcés Arancibia, Cristian Matus Torres, Juan Carlos Amengual Ardiles, Juan Carlos Puebla Rojas y Patricio Morales Márquez, quienes seguirían trabajando en la policía.

Así indicó el abogado querellante, Ricardo Cienfuegos. «Ellos omitieron denunciar y eso es un delito. Las víctimas denunciaron el hecho a su instructor directo, él va y le da cuenta al superior y todo quedó ahí», explicó a El Ciudadano.

El jurista cuestionó la permanencia de los acusados en puestos que dependen de la Dirección de Educación y Doctrina, hoy a cargo del general Rafael Rojas Agurto.

«Estamos hablando de la ley de probidad. Una persona que está siendo denunciada por delitos tan aberrantes, lo mínimo es una separación del servicio. No pueden seguir instruyendo a futuros carabineros. Recordemos que a la Escuela llegan jóvenes con muchos proyectos», señaló.

Cienfuegos argumentó que cuando la situación «se supo a nivel de Escuela, el director llama al (entonces director de Educación) general Ricardo Buscaglione y le informa. El general también tenía responsabilidad de no saber lo que estaba pasando».

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«Para no agrandar más esto, él (Buscaglione) le ordena al director de la Escuela y a los instructores que hagan una comisión de servicio, con la finalidad de ir a amedrentar a los apoderados de las víctimas para que esto no saliera más al aire y no dieran a conocer la situación», agregó.

Tras la audiencia, el representante del principal acusado, Reynero García de la Pastora -conocido por la defensa penal de narcotraficantes y del célebre Rafael Garay-, sostuvo que los cargos fueron desestimados por la Corte Marcial, sede que revocó el procesamiento del ex teniente.

García planteó al juez que, en atención a que los supuestos delitos ocurrieron en el contexto de una instrucción de carácter militar, no cabe sino mantener lo que esa instancia resolvió sobre la materia.

Para el abogado Cienfuegos, «parte de la instrucción no puede ser abusar, maltratar… la Justicia Militar es una justicia que no es imparcial. Cuando leímos el proceso (castrense) vimos situaciones que se estaban dejando fuera, y en vez de buscar la forma de acreditar la participación punible del acusado, buscaron poder eximirlo de responsabilidad».

«El ciudadano chileno ya no cree en la Justicia Militar y así lo ha hecho ver la Excelentísima Corte Suprema. El fiscal (militar) no es autónomo ni independiente para conducir sus investigaciones», puntualizó, afirmando que se podría estar frente a una red de protección similar a la que operó en el fraude «más grande de la historia», descubierto en Finanzas.

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