¿Debe la ministra de Ciencia saber de ciencia?

Por Álvaro Ramis Olivos

Formulada así, la pregunta parece un reclamo gremial, el reflejo de un campo científico que quisiera ser gobernado por los suyos y que exige credenciales antes de reconocer autoridad. La objeción merece tomarse en serio, porque la teoría de la conducción política le concede buena parte de la razón. Desde Weber sabemos que un ministro no dirige su cartera por dominio técnico del sector sino por la responsabilidad que asume ante las consecuencias de lo que decide, y que su ventaja sobre el funcionario especializado nunca estuvo en el saber sino en el juicio. A nadie se le ocurre exigir que el ministro de Salud sea cirujano o que el de Obras Públicas calcule puentes. Se le exige, en cambio, algo más escaso que la especialización: conocer el Estado que va a operar, la arquitectura de instrumentos con que cuenta, las reglas de coordinación con otras carteras, los tiempos del presupuesto y la gramática con que este país construye políticas capaces de durar más que el gobierno que las firma.

Aplicado a la gestión de Ximena Lincolao en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ese argumento no la protege, porque la falla se ha producido en ambos registros a la vez: conocimiento científico y experiencia público-administrativa.

Conviene recordar lo ocurrido. Las bases del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 incorporaron dos modificaciones: la exigencia de residencia definitiva para postulantes extranjeros y la reserva de hasta el 70% de las adjudicaciones para diez áreas definidas por el Ejecutivo. La reacción tuvo una amplitud inhabitual. El Consejo de Rectoras y Rectores pidió formalmente reconsiderar las bases, el Instituto de Chile y las seis academias que reúne solicitaron revisar el diseño del concurso, y las objeciones llegaron tanto desde las humanidades como desde disciplinas que figuran entre las áreas beneficiadas. Ahí no hay solamente un desacuerdo de criterio con la comunidad científica; hay un problema de comprensión del objeto que se administra.

Fondecyt ocupa un lugar preciso dentro del sistema chileno de investigación. Es el fondo basal, el que financia proyectos nacidos de preguntas científicas y evaluados por pares, y su razón de ser dentro de la arquitectura del sistema consiste justamente en no estar orientado por misiones temáticas. Para eso existen otros dispositivos, desde los fondos de investigación aplicada y los programas tecnológicos hasta los institutos y centros de excelencia, los instrumentos de Corfo y el incentivo tributario a la I+D privada. Cuando un ministerio focaliza el fondo basal teniendo ese repertorio disponible, la señal que emite no es de audacia estratégica; sugiere más bien que no distingue las piezas de su propio taller. Quien conoce el mapa habría diseñado un programa dirigido a las áreas que declara deficitarias, con presupuesto propio, en vez de descontarlo del instrumento que sostiene la formación de la próxima generación de investigadores.

Algo parecido sucede con los estándares internacionales que rigen la materia. El Manual de Frascati de la OCDE, marco con el cual Chile reporta su gasto, distingue investigación básica, aplicada y desarrollo experimental para evitar precisamente que los presupuestos públicos las confundan. Europa mantiene el Consejo Europeo de Investigación, que asigna por excelencia y desde abajo, separado de las misiones temáticas de Horizonte Europa, y no lo hace por escrúpulo académico sino por dos décadas de evidencia sobre lo que ocurre cuando ambos criterios se mezclan en un mismo fondo. El argumento oficial descansa, en cambio, en la inserción laboral de los doctores, que es un indicador legítimo del mercado de trabajo y una guía útil para diseñar políticas de capital humano avanzado, pero que jamás ha operado como medida de productividad científica en ningún sistema comparable. Suponer lo contrario implica creer que el rendimiento de un sistema de conocimiento se mide por la velocidad con que sus egresados encuentran empleo. De haberse aplicado ese criterio en su momento, la astronomía chilena habría quedado sin financiamiento mucho antes de que llegaran los observatorios que hoy nos ponen en el mapa.

La exigencia de residencia definitiva agrega una dificultad del mismo orden. La movilidad internacional y la coautoría con investigadores extranjeros aparecen en la literatura comparada como los predictores más consistentes del impacto científico de los sistemas pequeños y periféricos, que compensan por esa vía lo que no tienen en escala. Levantar ahí una barrera de entrada supone desconocer cómo se produce el rendimiento que se dice perseguir.

Se dirá que nada de esto resulta decisivo, porque a un ministro se le pide gobernar y no publicar. La réplica sería atendible. Lincolao tiene un doctorado en Administración y Políticas Públicas y una trayectoria de gestión en el sector público estadounidense, de modo que la exigencia de pericia administrativa debería encontrarla bien preparada. Lo desconcertante es que esa pericia no aparezca por ninguna parte en el manejo del asunto.

Una decisión que altera los principios fundantes del principal instrumento de investigación del país se adoptó por la vía administrativa de unas bases concursales, sin transitar por los dispositivos que la propia Ley 21.105 creó para eso. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación existe para asesorar sobre orientaciones estratégicas, y la política nacional del sector, existe para que las prioridades se fijen mediante deliberación institucionalizada y no por resolución de escritorio. Tampoco se hizo público el estudio que justificaría la proporción 70/30, ni el déficit de investigadores por área, ni la proyección de demanda que respaldaría la medida. A la comunidad científica se le pidió aceptar un argumento de evidencia sin darle acceso a la evidencia, lo que infringe el estándar chileno de construcción de política pública, sostenido en informes de fundamento, consulta a los organismos técnicos y trazabilidad de las razones.

La intersectorialidad corre la misma suerte. Si el déficit se localiza en seguridad, ciberseguridad o recursos hídricos, el camino conocido pasa por convenios con las carteras responsables, transferencias entre partidas presupuestarias y programas conjuntos, que es como se financian en Chile las prioridades que exceden a un solo ministerio. Ningún ministerio con capacidad de negociación intersectorial cubre las urgencias de otro sector descontándolas de su propio fondo basal, a menos que carezca de la fuerza política para conseguir recursos frescos, explicación bastante más verosímil y bastante menos halagadora.

Queda la dimensión que la ministra reivindica como especialidad propia, la articulación entre lo público y lo privado. Chile destina a investigación y desarrollo menos del 0,4% de su producto, muy por debajo del promedio de la OCDE, y con la particularidad de que el aporte privado es minoritario, al revés de lo que ocurre en los países que se usan como referencia. Una autoridad familiarizada con ese marco tendría en su agenda el incentivo tributario a la I+D y su escasa utilización, la compra pública de innovación, los mecanismos de coinversión. Lo que se hizo fue repartir de otro modo un presupuesto que no crece, y presentar ese reparto como estrategia nacional.

La ministra ha sostenido que los cambios obedecen a criterios cuantitativos y no a motivaciones ideológicas. Ese enunciado reproduce la operación más antigua del repertorio tecnocrático, que consiste en sustraer una decisión de la deliberación presentándola como consecuencia de un dato. Ningún dato decide por sí mismo qué se cuenta, qué área es prioritaria, qué proporción resulta razonable ni qué horizonte temporal se considera pertinente. Esas son decisiones políticas y pueden tomarse legítimamente; lo que no admite defensa es tomarlas y luego negar que fueron tomadas. La ética discursiva estableció hace tiempo el criterio pertinente, según el cual una norma sólo puede pretender validez cuando quienes resultan afectados por ella han podido participar en su elaboración bajo condiciones reales de argumentación. Nada de eso ocurrió, y el resultado se ve en una reacción que atraviesa universidades, academias y sociedades científicas de todas las disciplinas. La sospecha de fondo, que las humanidades y las ciencias sociales están siendo medidas con un patrón de utilidad inmediata que por definición no podrán satisfacer, no se disuelve repitiendo que se trata de números. Se disuelve mostrando los números y aceptando discutirlos.

La pregunta del título admite entonces una respuesta. Un ministro de Ciencia no necesita ser científico, pero sí necesita saber en qué consiste el sistema que administra, con qué instrumentos cuenta, qué estándares internacionales lo rigen y por medio de qué procedimientos el Estado chileno construye decisiones capaces de sobrevivir a su autor. Cuando ninguna de esas cuatro condiciones se verifica, discutir credenciales pasa a ser secundario. El problema deja de ser si la ministra sabe de ciencia y pasa a ser si está dispuesta a aprender de quienes saben.

Por Álvaro Ramis Olivos

Teólogo, doctor en filosofía. Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.

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