Defensor Nacional: Prisión preventiva pasó de ser una medida excepcional a una de «aplicación automática general»

Comisión de DDHH del Senado continuó con el análisis del proyecto que concede un indulto general, por razones humanitarias, a los detenidos a causa del estallido social de octubre de 2019.

Una intensa jornada desarrolló este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Senado, recibiendo a los representantes de la Fiscalía Nacional, la Defensoría, el INDH, la Comisión de Ética Contra la Tortura, y a la hermana de Omar Jerez, en el marco del proyecto que concede indulto general por razones humanitarias, a los detenidos a causa del estallido social de octubre de 2019.

Cabe precisar que la moción -presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro-, será estudiada, además, por las Comisiones de Constitución y de Seguridad Pública.

Durante la sesión, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, reiteró su desacuerdo con la propuesta y argumentó que «el Consejo del Ministerio Público, el 14 de diciembre, estimó necesario hacer presente que este proyecto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social. El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de ilícitos tan graves como los que contempla, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino que también para el futuro».

«Además se agravia a todo el sistema. El Ministerio Público estima que este es un proyecto absolutamente inadecuado y normaliza la situación de violencia», añadió el Fiscal Nacional.

En este punto, Rolando Melo, de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, precisó que el promedio de edad de las personas en prisión preventiva es de 29 años, y a la fecha, según expresó, son 175, 100 de ellos por hechos ocurridos en 2020.

Sin embargo, a juicio del Defensor Nacional (s), Marco Montero, el proyecto pone el acento en un aspecto relevante: «El uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general», afirmó.

En este sentido, se refirió a la sobrepoblación de las cárceles: «El 2007, el 22% de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36%, y un porcentaje muy amplio quedan absueltas o las condenas no son privativas de libertad», indicó Montero.

En este escenario, preguntó: «¿Cuán justificado es que una persona esté privada de libertad como medida cautelar?», llamando posteriormente a una «revisión seria y responsable de estas medidas».

En la misma línea, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, hizo presente su preocupación por identificar los casos de imputados por delitos vinculados al estallido social, y fue crítico con la prisión preventiva y con la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado.

Durante la sesión expusieron, además, la representante de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, Isabel Mayorga y la hermana de Omar Jerez, Pamela Jerez, quienes entregaron detalles de los episodios de abuso y el clima vivido durante las jornadas del estallido social.

Al respecto, criticaron que se haya «criminalizado la protesta» y se haya dado un «discurso de guerra» desde La Moneda hacia toda la población.

Fuente: Senado

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