Democracia Viva pasa la cuenta: arresto domiciliario total para Catalina Pérez tras ser formalizada por fraude

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este lunes arresto domiciliario total y arraigo nacional para la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

La medida cautelar se adoptó tras la ratificación unánime de su desafuero de la parlamentaria exfrenteamplista por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril, lo que le permitió al Ministerio Público avanzar en su procesamiento penal.

Según el Ministerio Público, Pérez habría intervenido directamente en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva- liderada por su expareja, Daniel Andrade- y gestionados por el entonces seremi Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.

De acuerdo con el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, la diputada ayudó activamente a que esta entidad —que no cumplía con los requisitos legales— accediera a fondos públicos destinados a obras, a través de convenios considerados fraudulentos por la Fiscalía.

Dichos convenios, firmados entre septiembre y noviembre de 2022, destinado a la realización de obras menores en campamentos de Antofagasta, que no llegaron a ejecutarse implicaron la transferencia de dinero público por las sumas de $200.000.000, $170.000.000 y $56.000.000, en distintas fechas.

 Además, se revelaron conversaciones entre Pérez y Andrade que sugieren un intento de aparentar una estructura operativa inexistente para la fundación.

Aunque el Ministerio Público solicitó al tribunal aplicar prisión preventiva contra la parlamentaria por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad, esta solicitud fue rechazada por la jueza Claudia Campusano, a cargo del Juzgado de Garantía.

La principal razón para esta determinación judicial fue la consideración de que la prisión preventiva resultaba “desproporcionada con relación a las cautelares que cumplen coimputados por los mismos delitos”, estableciendo así un precedente de equidad en la aplicación de las medidas cautelares.

Sin embargo, pese a la decisión de no decretar prisión preventiva, la magistrada Campusano Reinike sí tuvo por acreditados los antecedentes que justifican la existencia de los tres delitos de fraude al fisco que se investigan, relacionados con los convenios irregulares suscritos entre el Minvu y la fundación Democracia Viva durante 2022; así como la participación de la desaforada diputada.

De acuerdo con la resolución judicial, “quedando acreditado que esta tenía un conocimiento expreso de que se suscriben los convenios sin que dicha fundación cumpliera con los requisitos básico para ello”.

De este modo, para el tribunal existen indicios sólidos de que Pérez estaba al tanto de las irregularidades en los acuerdos.

Al momento de resolver la necesidad de cautela, la jueza tomó en consideración la gravedad de los ilícitos.

A pesar de que reconoció que, si bien se trata de delitos que conllevan pena de crimen –considerándolos, por ende, un peligro para la seguridad de la sociedad– y que se vertieron antecedentes sobre acciones para “falsear datos” y cubrir a la fundación, lo que podría indicar un riesgo de futuras obstrucciones a la investigación, el criterio de proporcionalidad fue determinante.

La magistrada accedió a los argumentos presentados por la defensa de la exfrenteamplista, en los que planteaban que la medida cautelar que se le aplicara debía ser equivalente a la que ya mantiene el coimputado Daniel Andrade.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación, un lapso en el cual se prevé que el Ministerio Público pueda finalizar la recopilación de antecedentes.

Catalina Pérez insiste en su “inocencia”

Tras la audiencia de formalización, su representante legal, Gonzalo Medina, entregó declaraciones a la prensa, en las que señaló que estaban satisfechos ya que no dictaron prisión preventiva y  reiteró la “inocencia” de su clienta.

Posteriormente, Pérez, quien ha negado las acusaciones, afirmando que no intervino en los convenios y que no recibió beneficios económicos, publicó un breve comunicado a través de sus redes sociales para referirse a la decisión del tribunal.

“Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”, se lee en la declaración pública.