domingo, octubre 13, 2019

Denuncian que agentes de inteligencia de Carabineros monitorean a organizaciones sociales de Curicó

Un sigiloso trabajo de inteligencia para identificar a los impulsores de los movimientos de protesta ciudadana en la provincia de Curicó, está realizando un equipo secreto de Carabineros a cargo del prefecto Aldo Borroni, según confirmaron a Teno Informado fuentes policiales, a raíz de un confuso hecho ocurrido en el mes de abril.

A pocos días de cubrir una manifestación pacífica en contra de la empresa deshidratadora de sangre Licán, que pretende instalarse en Teno, el periodista y editor de “Teno Informado”, Matías Rojas, fue contactado a su teléfono particular por una funcionaria de Carabineros, la sargento Sara de las Mercedes González Vera (a la izquierda de la fotografía).

Con la intención de aclarar el motivo del llamado, Rojas concurrió a la Prefectura de Curicó, donde fue recibido por el suboficial mayor José Salvador Contreras Maureira (a la derecha). Ambos se hicieron pasar por integrantes de una supuesta oficina que ayudaba a juntas vecinales y líderes sociales a proveer “seguridad” en las protestas, negando en todo momento ser agentes de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), pese a las consultas directas que realizó el administrador de “Teno Informado” y la tenida civil que vestían.

Entre las organizaciones con las que presuntamente cooperaban mencionaron el movimiento “Justicia para Tamara” y el Colegio de Profesores de Curicó. Las cosas se volvieron aún más confusas cuando González y Contreras señalaron que el teléfono del periodista lo habían conseguido en la Municipalidad de Teno y que ahí les habían señalado que “un chico llamado Matías Rojas” era quien lideraba las manifestaciones en la comuna.

El editor de este portal negó que así fuera, indicando que él solo cubría las manifestaciones, a lo que el personal de Carabineros insistió en obtener información de quién era el cabecilla, preguntando incluso datos personales de Rojas, como dónde ejercía su labor periodística y “con quién vivía”.

Luego de evadir las preguntas y buscar que los funcionarios se comprometieran a identificar a la persona que entregó su número -a lo cual se negaron-, el medio realizó nuevas averiguaciones, constatando que los aludidos efectivamente eran agentes de inteligencia y que incluso habría existido una solicitud del municipio para averiguar sobre futuras protestas.

Hoy el caso es materia de un recurso de amparo que fue elevado a la Corte Suprema, en donde la alcaldesa Sandra Valenzuela ha negado haber entregado información de Rojas y donde el general de Inteligencia, Patricio Escobar, ha admitido los hechos, pero omitiendo las mentiras de su personal y negando que ello afecte la seguridad y libertad del comunicador.

Recordemos que la Ley de Inteligencia indica expresamente que solo podrán utilizarse agentes encubiertos para infiltrar a organizaciones criminales.

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