Desalojo de la megatoma de San Antonio y la criminalización del derecho a la vivienda

El lanzamiento inminente de la megatoma de San Antonio constituye hoy la imagen más descarnada de la política habitacional del Estado chileno. En un asentamiento donde viven, según diversas estimaciones, entre diez y doce mil personas –trabajadores precarizados, migrantes, mujeres jefas de hogar, jóvenes sin acceso a arriendo ni subsidios–, la Tercera Sala de la Corte Suprema —famosa porque dos de sus integrantes han sido destituidos por el Senado y se prepara la Acusación Constitucional para un tercero— ordenó el desalojo total del predio, fijando plazos sumarios y estableciendo, como verdad jurídica, que la ocupación constituye una privación ilegítima del dominio. El Gobierno, presionado por el costo político de un operativo policial de magnitud dictatorial, ha intentado maniobrar mediante la expropiación de 100 hectáreas del predio y la elaboración de un proyecto habitacional futuro. Pero esta expropiación acotada solo busca cumplir formalmente con el fallo y contener la indignación social: en los hechos, todo lo que queda fuera de ese polígono será desalojado por la fuerza. La escena dantesca que se prepara –miles de familias puestas en la calle, sin alternativas habitacionales reales– no es un accidente, sino la culminación lógica de una política estatal que ha hecho del desalojo su instrumento privilegiado frente al problema de la vivienda.

Este episodio remite a un fenómeno mayor: por primera vez desde la transición, las Cortes han comenzado a acoger recursos de protección como vía para ordenar desalojos, sustituyendo procedimientos contenciosos por mecanismos sumarios en los que los pobladores carecen de garantías de defensa. A partir del fallo de la Corte Suprema de febrero de 2023 en el caso del Fundo San Ernesto, en Concepción, se abrió una doctrina que considera la ocupación de terrenos como un acto lesivo al dominio susceptible de corrección inmediata por la vía del recurso de protección. Desde entonces, las Cortes de Apelaciones han dictado órdenes de lanzamiento en plazos de días o semanas, sin tomar en cuenta la existencia de niños, adultos mayores, personas enfermas o migrantes, ni la inexistencia de alternativas de reubicación. La “protección” constitucional, diseñada para cautelar derechos fundamentales, ha sido pervertida y transformada en un arma judicial que liquida el debido proceso y convierte la restitución de la propiedad en un procedimiento cuasi automático.

Este giro jurídico se articula con la Ley 21.633, la llamada ley antitomas, aprobada en 2023 con amplio consenso entre gobierno y oposición. Esta norma endurece penas, amplía la flagrancia, crea mecanismos expeditos de restitución y termina por subordinar la política habitacional al discurso securitario, inscribiendo la problemática de la vivienda en la misma narrativa que combate la delincuencia, el narcotráfico o la “violencia rural”. La política habitacional chilena, lejos de orientarse al acceso social al suelo urbano, ha sido reconfigurada según los códigos de la represión, y por eso la única respuesta estatal verdaderamente rápida y eficiente ante los campamentos es el desalojo.

Ese enfoque represivo ocurre en un país donde el propio Estado reconoce la magnitud del problema: según el Catastro de Campamentos 2024 del Minvu, existen 1.432 campamentos, cifra superior en más de un 50% a la existente antes del octubre del 19. Este salto no se explica por una variación drástica del déficit cuantitativo –congelado durante décadas en torno a 470 mil viviendas–, sino por la fractura sociopolítica que abrió el estallido social. Para decenas de miles de familias, el Octubre de 19 funcionó como un acontecimiento sociopolítico que puso en cuestión las verdades normalizadas en materia de vivienda: el esperar indefinidamente el subsidio, el arrendamiento perpetuo, la acumulación de puntaje, el endeudamiento como única vía de acceso al “hogar propio”. La toma se volvió entonces no solo una necesidad, sino un acto legítimo, sostenido en una memoria histórica pobladora hecha de experiencias previas de ocupación, de relatos familiares transmitidos entre generaciones, de territorios regularizados que nacieron como tomas y de la constatación de que la vía estatal–mercantil estaba clausurada.

Las investigaciones recientes que examinan este fenómeno –como las realizadas en la Región de Los Lagos o en las quebradas de Valparaíso– muestran que el sujeto que participa en una toma reacciona tanto a las condiciones materiales como a una memoria social acumulada. En Valparaíso, por ejemplo, la toma no surge como una acción colectiva masiva, sino como microtomas de carácter familiar, que, en el curso de décadas, generan “conjuntos residenciales familiares”: sistemas de autoconstrucción y auto-urbanización que densifican los terrenos, construyen terrazas, pasajes, patios y redes de servicios, y contribuyen a producir una ciudad construida desde abajo. Lejos de ser expresiones de caos urbano, estos asentamientos informales exhiben una racionalidad propia, basada en la movilidad familiar, la soberanía comunitaria y la capacidad de generar espacios públicos de facto. Su expansión está ligada a terremotos, crisis económicas y desplazamientos forzados, y se inscribe en repertorios históricos de lucha por el suelo.

Sin embargo, toda esta riqueza social y urbanística choca hoy con un modelo económico que concibe la ciudad como un activo financiero. Como señala Raquel Rolnik, Chile pasó de ser laboratorio mundial del crédito habitacional subsidiado a convertirse en plataforma de rentabilidad para fondos de inversión que han transformado la vivienda en un “parqueo vertical de capital”: edificios construidos no para habitar, sino para valorizar. La financiarización del espacio urbano, con productos como el multifamily, se ha expandido simultáneamente al crecimiento explosivo del arriendo y del endeudamiento de los hogares, generando una urbe donde el stock ocioso convive con familias que solo pueden habitar la ciudad mediante la informalidad. Bajo este modelo, la vivienda se convierte en mercancía especulativa y el campamento en anomalía que debe ser neutralizada para asegurar la continuidad del negocio inmobiliario. La represión de las tomas –tribunales, policía, leyes penales– es la otra cara de esa financiarización.

Por lo indicado, la megatoma de San Antonio sintetiza todas estas tensiones. Allí, la miseria de la clase trabajadora inducida por la precarización laboral, el arriendo inalcanzable, el endeudamiento y la exclusión al inmigrante confluyen en un asentamiento autogestionado que el Estado busca erradicar mediante la fuerza. Y no se trata solo de una violación del derecho a la vivienda: los desalojos masivos de campamentos sin garantías, sin participación, sin alternativas reales y mediante operativos policiales extensivos se aproximan al concepto de desplazamiento forzado de población prohibido por el derecho internacional. La magnitud y masividad de estas acciones permiten calificarlas, al menos en su tendencia, como prácticas que se mueven en el horizonte de los crímenes de lesa humanidad. El futuro inmediato de San Antonio –sea cual sea la fórmula administrativa que se utilice para maquillar la violencia estatal– muestra que en Chile se ha institucionalizado una política de expulsión sistemática de los pobres del espacio urbano.

Frente a este escenario, sostener que la vivienda es un “derecho” sin articular una fuerza social capaz de imponerlo es una ilusión. La lucha por la vivienda no puede seguir fragmentada en identidades –pobladores, allegados, migrantes, arrendatarios, campamentos– cuando la lógica de la financiarización y de la represión opera de manera unificada contra toda la clase trabajadora. Los habitantes de la megatoma de San Antonio no son un sujeto distinto de quienes trabajan en supermercados, call centers, faenas portuarias, delivery, subcontratos o servicios públicos; no son “pobladores” como categoría separada, sino trabajadores despojados de su derecho material a la ciudad.

Solo un movimiento de pobladores concebido como movimiento de trabajadores –unificado, solidario, combativo– puede frenar la oleada de desalojos y abrir un horizonte distinto. Un movimiento que reivindique no solo el derecho a la vivienda, sino el derecho a la tierra urbana; que cuestione la propiedad privada del suelo como dogma; que articule tomas, sindicatos, organizaciones migrantes, colectivos juveniles y movimientos mapuche; que convierta la defensa de los campamentos en defensa de la reproducción social de la clase; que reconstruya la tradición histórica de las luchas por el suelo que marcaron los sesenta y setenta y que reaparecieron con fuerza después del estallido de octubre del 19.

La salida no es jurídica ni asistencial: es política y colectiva. Solo la organización y la movilización unificada de quienes producen la riqueza y no tienen vivienda podrá enfrentar un modelo que responde al hambre con represión y a la miseria con desalojos. San Antonio no es un caso aislado: es el espejo del país. Y solo un movimiento de trabajadores que haga suya la lucha por la tierra y la vivienda podrá quebrarlo. La lucha de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio es la lucha de toda la clase trabajadora y su inminente desalojo una expresión viva de la brutalidad capitalista que nos gobierna. El silencio de los candidatos presidenciales en los debates sobre esta grave cuestión es una demostración material del carácter de clase no solo del proceso electoral, sino que la del conjunto del entramado institucional desde el que se ataca a los trabajadores. La lucha de la megatoma es, en defintiva, una bandera de resistencia de todos los explotados, y la solidaridad con este movimiento es por lo mismo una cuestión de clase. O se está con los trabajadores o se está con los grandes propietarios de la tierra. En esa arena sea dirimirá la lucha por la vivienda en los tiempos en los que nos internamos.

Por Gustavo Burgos Velásquez

El Porteño, 3 de diciembre de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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