La restauración de Kast aparece entonces como la otra cara de las tímidas reformas impulsadas por el progresismo. Reforma y restauración son planteados como mecanismos complementarios de preservación de la dominación burguesa.

La alternancia Boric–Kast no es, por tanto, una contradicción, sino una continuidad: la contrainsurgencia, que bajo Piñera fue explícita, se transformó bajo Boric en normalidad progresista, legitimada en nombre del orden, la gobernabilidad y la responsabilidad republicana.

La lucha de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio es la lucha de toda la clase trabajadora y su inminente desalojo una expresión viva de la brutalidad capitalista que nos gobierna.

Es momento de decirlo con claridad: sin un programa de poder, sin un horizonte insurreccional y sin ruptura con el progresismo burgués, toda consigna antifascista será funcional al mantenimiento del orden que ha generado a los Kast, los Trump, y los Milei. La tarea no es “salvar la democracia” haciéndose el simpático con Parisi, sino combatir por la revolución.

Los datos electorales argentinos desmienten la idea de una ola reaccionaria espontánea o de la inminencia del fascismo: no hay irrupción de masas conservadoras, sino desafección popular frente a una izquierda liberalizada que ha dejado de representar cualquier ruptura con el régimen, siquiera de tipo reformista.

En América Latina, la desaparición forzada se instaló como política sistemática a partir de los años sesenta en Guatemala y luego se expandió a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. La práctica fue perfeccionada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el influjo geopolítico norteamericano.

Hernández Norambuena y Llaitul se niegan a ser tratados como delincuentes comunes porque su acción se enraíza en una historia colectiva de resistencia. Porque sus actos están motivados por una ética revolucionaria, no por la búsqueda de beneficio personal. Porque su prisión es política, y su palabra —cuando el Estado permite que se escuche— tiene más potencia que mil discursos parlamentarios.

Gabriel Boric, como figura que ha reivindicado el lenguaje de los derechos humanos y de la reparación histórica, tiene el deber político, ético y jurídico de indultar a Mauricio Hernández Norambuena. No hacerlo lo convierte en cómplice del mantenimiento de un orden represivo que criminaliza la resistencia popular y consagra la impunidad de los verdugos del pueblo.

La «Operacjón Huracán» prefigura un modelo represivo en que se reinstala la doctrina del «enemigo interno» y el derecho penal de autor, institucionalizando la represión a la militancia organizada que se alce en contra del orden capitalista.

La muerte de Mylan y Martina Pérez, jóvenes cuyo delito es ser hijos de la clase trabajadora, pone al desnudo el carácter de clase no solo de las fuerzas policiales, sino que la del conjunto de la institucionalidad patronal del Estado.