Por Gustavo Burgos Velásquez
La reunión del Foro Madrid en Santiago no puede ser comprendida como una extravagancia ideológica de José Antonio Kast ni como una mera importación de las obsesiones políticas de Vox. Su verdadero significado es más profundo. Estamos ante un esfuerzo deliberado de articulación internacional de una fracción de la burguesía que intenta proporcionar una forma política coherente a las necesidades actuales del capital: destrucción o reducción de derechos sociales, disciplina del trabajo, fortalecimiento de los aparatos represivos, ampliación de las prerrogativas del Ejecutivo y construcción de una legitimidad política fundada en el orden. Pero sería un grave error considerar que este proyecto surge en oposición absoluta al sistema político chileno existente. Por el contrario, encuentra buena parte de sus condiciones de posibilidad en una política que, bajo distintas administraciones, se ha desarrollado transversalmente durante años y que hoy comprende tanto al oficialismo como a la oposición parlamentaria.
Éste es quizás el aspecto más importante para comprender el fenómeno Kast y, al mismo tiempo, el que la crítica liberal y progresista procura sistemáticamente ocultar. Disenso, Vox y Foro Madrid representan una tentativa consciente de radicalizar determinadas tendencias del régimen; pero esas tendencias no fueron introducidas en Chile en marzo de 2026. La expansión del aparato de seguridad, la militarización prolongada de territorios, el reforzamiento penal, la extensión de facultades policiales y la transformación de conflictos sociales en problemas de orden público constituyen una política estatal acumulativa cuya construcción atravesó a los gobiernos anteriores y contó reiteradamente con acuerdos parlamentarios de izquierda, centro y derecha. Kast no llega a un terreno vacío: recibe un Estado preparado material, jurídica y políticamente para avanzar en esa dirección.
La reforma constitucional de seguridad impulsada actualmente por el Gobierno permite observar esta relación con extraordinaria nitidez. El proyecto pretende incorporar un nuevo estado de excepción constitucional ante una amenaza grave contra la seguridad pública. Según su formulación original, el Presidente podría decretarlo durante 120 días y renovarlo por otros 120 sin requerir previamente autorización del Congreso, habilitando restricciones a la libertad personal y de locomoción, al derecho de reunión y a las comunicaciones. Human Rights Watch ha advertido que la iniciativa pone en riesgo una amplia gama de derechos y entrega al Ejecutivo facultades extraordinariamente amplias. El Gobierno debió finalmente bajar la urgencia de la reforma debido a resistencias surgidas incluso dentro de sectores oficialistas.
La oposición parlamentaria ha pedido ahora retirar esa reforma. Sería absurdo desconocerlo. El Partido Socialista, el Frente Amplio, el PPD y otras fuerzas opositoras han rechazado especialmente la duración de la excepción y la posibilidad de prorrogarla sin control parlamentario. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó formalmente la decisión de los partidos opositores de solicitar al Ejecutivo el retiro de la iniciativa. Sin embargo, convertir esta oposición puntual en prueba de la existencia de una alternativa estratégica al proyecto de Kast sería confundir una divergencia acerca de los límites y procedimientos del Estado de excepción con una ruptura respecto de la política general que lo hace posible.
Porque la discusión real dentro del Parlamento no versa fundamentalmente sobre si corresponde continuar reforzando los instrumentos de seguridad del Estado, sino sobre cómo hacerlo, bajo qué controles institucionales y con qué extensión temporal. El Socialismo Democrático —incluidos PS y PPD— había manifestado inicialmente su disposición a tramitar y alcanzar acuerdos sobre la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista expresaban objeciones mayores a algunas de sus medidas. Incluso luego de endurecer su oposición al nuevo estado de excepción, los partidos opositores elaboraron una “agenda propia” de seguridad destinada a disputar políticamente al Gobierno ese terreno, poniendo énfasis en persecución patrimonial del crimen organizado, levantamiento del secreto bancario y otras iniciativas. La divergencia existe, pero ocurre dentro de un consenso previo: la seguridad se ha convertido en uno de los principios organizadores de la política estatal.
Esta diferencia no es secundaria, pero tampoco constituye una oposición de clase. El progresismo parlamentario objeta que Kast concentre demasiado poder en el Presidente, pero no cuestiona que el Estado deba seguir expandiendo extraordinariamente sus capacidades coercitivas. Discute la extensión de la excepcionalidad, pero ha contribuido históricamente a normalizarla. Rechaza los 120 días prorrogables unilateralmente, pero acepta que amplias zonas del territorio nacional permanezcan durante años sometidas a un régimen constitucional excepcional con presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Allí se encuentra el problema político fundamental.
El dato es particularmente elocuente en la denominada Macrozona Sur. El estado de excepción fue decretado por Gabriel Boric en mayo de 2022 y se mantuvo prácticamente durante todo su mandato. Un informe de la Biblioteca del Congreso contabilizaba ya 67 prórrogas entre mayo de 2022 y abril de 2026, siempre mediante autorización parlamentaria. El carácter originalmente excepcional de la medida terminó convirtiéndose en normalidad administrativa. Lo que debía responder a circunstancias extraordinarias se transformó, gobierno tras gobierno y votación tras votación, en una modalidad estable de gobierno territorial.
Más significativo todavía: esa continuidad no terminó con Boric. El 19 de agosto pasado, mientras se criticaba en el Senado el proyecto de Kast precisamente por pretender extender hasta ocho meses un nuevo estado de excepción sin autorización parlamentaria, la propia Cámara Alta aprobó simultáneamente por 27 votos contra uno y una abstención otra prórroga del estado de excepción vigente en la Macrozona Sur. Entre quienes justificaron la continuidad se encontraban senadores provenientes también de la oposición. Dos meses antes la extensión había sido aprobada por 39 votos contra dos. Allí aparece materialmente la naturaleza del consenso: se discute el quantum de excepcionalidad, no necesariamente la excepcionalidad misma.
Desde el punto de vista político, sin embargo, existe también una continuidad que no puede ser ignorada: la habituación de la sociedad a ser gobernada mediante dispositivos excepcionales de seguridad.
La contradicción sólo es aparente. El progresismo puede denunciar como “iliberal” que Kast pretenda prescindir durante 240 días del control parlamentario y, al mismo tiempo, considerar legítimo un régimen excepcional militarizado renovado mensualmente durante más de cuatro años. Desde el punto de vista jurídico existe naturalmente una diferencia entre ambas situaciones. Desde el punto de vista político, sin embargo, existe también una continuidad que no puede ser ignorada: la habituación de la sociedad a ser gobernada mediante dispositivos excepcionales de seguridad.
Éste es uno de los legados políticos fundamentales del gobierno de Boric que la oposición actual preferiría no examinar. El gobierno que llegó prometiendo un cambio respecto del tratamiento militar de la cuestión mapuche terminó administrando durante prácticamente toda su existencia un estado de excepción permanente en La Araucanía y provincias del Biobío. Aquella mutación no fue un episodio aislado: expresó la incorporación definitiva del progresismo al paradigma estatal del orden. Una vez aceptado que determinados conflictos políticos y sociales deben tratarse mediante despliegue militar prolongado, la distancia hacia formulaciones más extremas comienza a convertirse principalmente en una discusión de intensidad.
La propia institucionalidad de seguridad heredada por Kast muestra la misma trayectoria. El actual Ministerio de Seguridad Pública fue creado por la Ley 21.730, promulgada durante el gobierno de Boric a partir de un proyecto originalmente ingresado bajo Sebastián Piñera. Esa continuidad legislativa resulta instructiva. Gobiernos de signos políticos aparentemente contrapuestos construyeron sucesivamente una arquitectura estatal destinada a especializar, concentrar y fortalecer institucionalmente la gestión del orden público. Las administraciones cambian; la maquinaria permanece, se perfecciona y es entregada al gobierno siguiente.
Esto permite comprender la relación real entre el Foro Madrid y el sistema político chileno. Kast aporta a esta estructura una ideología restauradora mucho más coherente y agresiva. Disenso proporciona lenguaje, redes internacionales, formación de cuadros y una interpretación global del conflicto. Milei proporciona la experiencia de una ofensiva económica radicalizada. Vox ofrece un vocabulario de guerra cultural y reconquista nacional. Pero el Estado sobre el cual este proyecto pretende operar no fue construido exclusivamente por ellos. Es un Estado cuya capacidad coercitiva fue ampliada mediante acuerdos sucesivos de todas las fuerzas que administraron el régimen.
La cuestión del “mérito”, central en las intervenciones de Kast en el Foro Madrid, permite observar la otra cara de esta reorganización. Cuando Kast afirma que la izquierda “odia el mérito y el esfuerzo”, realiza una operación ideológica característica de la burguesía: transforma las consecuencias de una estructura social desigual en atributos morales individuales. El propietario posee porque merece; el empresario acumula porque se esfuerza; el trabajador pobre permanece pobre porque no habría aprovechado suficientemente las oportunidades. Desaparecen la propiedad de los medios de producción, la herencia, la concentración patrimonial, la renta, la apropiación del trabajo excedente y la posición objetiva de las clases. La desigualdad deja de ser una relación social y se convierte en un examen moral.
La afirmación según la cual el socialismo constituiría una forma de “esclavitud moderna” reproduce la misma inversión. Para Kast, la dependencia respecto del Estado sería esclavitud mientras la dependencia cotidiana respecto del mercado representa libertad. Pero el trabajador moderno se encuentra precisamente obligado a vender reiteradamente su fuerza de trabajo porque carece de medios propios para reproducir su existencia. La coacción fundamental del capitalismo no necesita normalmente cadenas ni guardianes: está inscrita en la propiedad privada de los medios de producción. El trabajador es jurídicamente libre y económicamente compelido.
De ahí que el programa económico y el programa de seguridad formen una unidad. Cuanto más radicalmente se transfieren hacia los trabajadores los riesgos de la reproducción social —pensiones, salud, educación, empleo, vivienda—, mayores son las tensiones que el Estado debe administrar. El llamado “Estado mínimo” neoliberal posee siempre un gigantesco aparato coercitivo. No se trata de reducir abstractamente el Estado, sino de reducir unas funciones y expandir otras: menos gasto social, más policías; menos protección laboral, más inteligencia; menos redistribución, más cárceles; menos derechos colectivos, mayores facultades administrativas.
Pero la dificultad reside precisamente en que el proyecto de Kast crece dentro de un régimen cuyos mecanismos principales el progresismo ayudó a reconstruir y administrar.
Milei expresa esta relación de manera descarnada. Kast procura articularla con una tradición conservadora de autoridad, familia, patria y orden. Pero sería incorrecto concluir que el progresismo chileno se encuentra colocado en el extremo contrario. En política económica existen diferencias redistributivas; en derechos civiles existen diferencias indudables; en el tratamiento de determinados grupos sociales existen también diferencias reales. Pero en la cuestión central del Estado y su capacidad para garantizar las condiciones de reproducción del capital existe una convergencia mucho más profunda de la que permite admitir la representación parlamentaria.
Esto explica un fenómeno aparentemente paradojal: cuanto más denuncia el progresismo la amenaza autoritaria de Kast, más frecuentemente termina defendiendo las mismas instituciones estatales que han preparado las condiciones materiales de ese autoritarismo. Su respuesta consiste entonces en reclamar mejores controles parlamentarios, mayor equilibrio entre poderes, respeto de procedimientos y corrección democrática de las políticas de seguridad. En otras palabras, pretende asegurar que el mismo aparato excepcional conserve formas institucionalmente administrables.
La actual polémica sobre la reforma constitucional lo demuestra. La oposición no sostiene que deba desmantelarse el régimen excepcional existente en la Macrozona Sur; de hecho, participa en sus sucesivas renovaciones. No propone eliminar la institucionalidad policial construida durante los últimos años. No plantea revertir el Ministerio de Seguridad. No abandona la legislación represiva elaborada transversalmente. Su objeción consiste fundamentalmente en impedir que Kast desplace demasiado el centro de gravedad hacia una Presidencia liberada de los controles del Congreso.
Desde la perspectiva de clase, esto significa que la oposición parlamentaria desempeña una función de regulación interna del mismo proceso de fortalecimiento estatal. Allí donde Kast pretende avanzar abruptamente, el progresismo busca dosificar. Allí donde el Ejecutivo reclama discrecionalidad, la oposición exige procedimiento. Allí donde los republicanos quieren excepcionalidad prolongada, los progresistas exigen renovaciones periódicas. Pero el movimiento histórico que subyace a esas diferencias permanece orientado en la misma dirección: la ampliación de las capacidades estatales de vigilancia, control y coerción.
No es necesario suponer una conspiración ni imaginar acuerdos secretos. La convergencia surge de una comunidad objetiva más profunda: todas estas fuerzas administran el mismo Estado y reconocen como intocable la propiedad capitalista sobre la cual éste descansa. Cuando las contradicciones sociales amenazan la estabilidad de ese orden, el espectro parlamentario tiende inevitablemente a reagruparse alrededor de la preservación institucional.
La historia reciente chilena ofrece abundantes pruebas. El Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019 reunió a sectores que supuestamente constituían polos irreconciliables para reconducir institucionalmente la Rebelión de Octubre. El proceso constituyente posterior terminó restaurando la legitimidad de la misma arquitectura estatal que había sido masivamente cuestionada en las calles. La presidencia de Boric convirtió aquella operación restauradora en política de gobierno. El estado de excepción permanente en el sur, la expansión de la legislación de seguridad y la creación de nuevas instituciones coercitivas completaron el proceso.
Por eso el significado del Foro Madrid no puede reducirse a la aparición de un enemigo externo a la democracia chilena. Si fuese solamente eso, bastaría construir un frente democrático que reuniera al progresismo y al liberalismo contra Kast. Pero la dificultad reside precisamente en que el proyecto de Kast crece dentro de un régimen cuyos mecanismos principales el progresismo ayudó a reconstruir y administrar.
La articulación encabezada por Disenso constituye una expresión extrema, organizada y conscientemente internacional de este proceso. Sus redes intentan proporcionar a distintas burguesías nacionales una estrategia común en una época marcada por bajo crecimiento, endeudamiento, crisis fiscal, debilitamiento de las organizaciones obreras y crecientes dificultades para reproducir los consensos políticos de décadas anteriores. El lenguaje de guerra cultural permite proporcionar una explicación reaccionaria a esas contradicciones. El problema deja de ser las relaciones de producción: son los migrantes, el feminismo, los ambientalistas, el indigenismo, los “comunistas”, los funcionarios públicos o los pobres que reciben subsidios.
Su especificidad no consiste tanto en inventar una maquinaria autoritaria como en liberar políticamente las potencialidades autoritarias acumuladas dentro de la maquinaria existente.
El anticomunismo recupera así una funcionalidad que excede ampliamente la existencia real de partidos comunistas. Comunista puede ser cualquier política que limite las prerrogativas del capital. El concepto deja de nombrar una corriente histórica precisa y se convierte en una categoría de exclusión. Un sindicato puede convertirse en enemigo del progreso; una huelga, en atentado contra el abastecimiento; una protesta, en amenaza a la seguridad; una reivindicación territorial, en terrorismo.
La gran virtud política del discurso de Kast para la burguesía reside precisamente en su capacidad para unificar estas dimensiones. La desigualdad es mérito. La precarización es libertad. La resistencia social es desorden. El conflicto territorial es terrorismo. La intervención estatal destinada a asegurar derechos es esclavitud; la intervención estatal destinada a reprimir es protección.
Estamos, por tanto, frente a una tentativa de reorganizar integralmente las relaciones de dominación. Pero nuevamente debe insistirse: no comienza con Kast. El nuevo gobierno profundiza, acelera y dota de coherencia ideológica a tendencias que atravesaron el régimen durante años. Su especificidad no consiste tanto en inventar una maquinaria autoritaria como en liberar políticamente las potencialidades autoritarias acumuladas dentro de la maquinaria existente.
Esto permite comprender también por qué la crítica liberal resulta insuficiente. Calificar la reforma de “iliberal” describe correctamente determinados mecanismos jurídicos, pero no explica de dónde provienen. La concentración de poder no es una desviación inexplicable que aparece súbitamente porque gobierna una personalidad autoritaria. Responde a una tendencia objetiva de los Estados capitalistas contemporáneos a reforzar sus instrumentos coercitivos cuando disminuyen los recursos materiales y políticos disponibles para integrar el conflicto social.
El problema no puede resolverse, por lo mismo, con una reconstrucción nostálgica del progresismo anterior a Kast. Aquella experiencia ya produjo su resultado histórico. Gobernó en nombre de Octubre para terminar garantizando la estabilidad institucional contra la cual Octubre se había levantado. Prometió desmilitarización y mantuvo durante casi cuatro años un estado de excepción. Prometió transformaciones estructurales y terminó administrando una economía cuya propiedad fundamental permaneció intacta.
La relación entre Boric y Kast comienza entonces a adquirir una significación histórica más precisa. No constituyen proyectos equivalentes ni ideológicamente intercambiables. Representan formas diferentes de administración burguesa. El progresismo restaurador recompuso el régimen mediante integración institucional; el autoritarismo restaurador pretende disciplinarlo mediante orden. Uno necesitó reconstruir legitimidad después de Octubre; el otro procura utilizar esa legitimidad reconstruida para concentrar poder estatal.
La aparente alternancia encubre así una continuidad. Primero se restaura la institucionalidad; después se endurece. Primero se normalizan medidas extraordinarias bajo un gobierno progresista; luego otro gobierno propone ampliar su duración y reducir sus controles. Primero se crea la infraestructura; después se discute quién puede utilizarla y con qué intensidad.
El nuevo estado de excepción que Kast intenta introducir constituye, bajo esta perspectiva, menos una ruptura absoluta que una radicalización de una excepcionalidad previamente normalizada.
El nuevo estado de excepción que Kast intenta introducir constituye, bajo esta perspectiva, menos una ruptura absoluta que una radicalización de una excepcionalidad previamente normalizada. No hay una línea recta inevitable entre ambas cosas, pero sí una continuidad histórica verificable. Cuando un Estado de excepción permanece vigente durante años, la idea de que ciertos territorios o conflictos deben administrarse permanentemente mediante suspensión de garantías deja de resultar inconcebible. Kast extiende esa lógica.
Por ello la tarea de los trabajadores no puede consistir en alinearse políticamente detrás de quienes disputan únicamente los límites administrativos de este proceso. Defender derechos democráticos frente a las pretensiones autoritarias del Ejecutivo es indispensable. Pero subordinarlos políticamente a la oposición parlamentaria significaría confiar su defensa precisamente a fuerzas que han contribuido a construir parte importante de los instrumentos cuya expansión hoy denuncian.
Ésta es la cuestión que la reunión de Foro Madrid coloca con brutal claridad. La burguesía está intentando dotarse internacionalmente de instrumentos políticos adecuados a una etapa más conflictiva del capitalismo. Disenso produce doctrina. Vox desarrolla redes. Milei ofrece un laboratorio económico. Kast aporta una experiencia estatal que combina neoliberalismo, restauración conservadora y fortalecimiento coercitivo.
Frente a ello, la respuesta no puede ser la recomposición de una alianza parlamentaria cuya finalidad última sea preservar el mismo régimen bajo procedimientos más moderados. La delimitación política de los trabajadores respecto del progresismo deja de ser una cuestión doctrinaria y se convierte en una necesidad práctica. Si la burguesía prepara su reorganización, la cuestión decisiva es la reconstrucción independiente de las fuerzas del trabajo.
Foro Madrid no anuncia necesariamente la desaparición inmediata del Parlamento, de las elecciones o de los tribunales. Puede expresar algo históricamente más significativo: la reorganización autoritaria de esas mismas instituciones. Una democracia burguesa puede conservar sus rituales electorales mientras disminuye radicalmente la capacidad material de acción de los trabajadores. Puede mantener Congreso y tribunales mientras amplía estados de excepción, fortalece policías, militariza territorios y criminaliza la resistencia.
Ésta es precisamente la forma política que empieza a perfilarse. Y sólo puede comprenderse si dejamos de contemplar a Kast como una anomalía exterior al régimen y comenzamos a observarlo como una de las posibilidades producidas por su propia evolución.
La burguesía chilena no está eligiendo simplemente entre democracia y autoritarismo. Está discutiendo qué combinación de coerción, institucionalidad y legitimidad necesita para mantener su dominio. El progresismo parlamentario participa de esa discusión desde el polo de la administración institucional; Kast y la derecha continental desde el polo del endurecimiento autoritario.
La diferencia existe. Pero la frontera de clase que importa se encuentra en otro lugar. Mientras Disenso, Vox, Kast y Milei organizan internacionalmente las formas políticas de una nueva ofensiva burguesa, y mientras la oposición parlamentaria disputa principalmente las modalidades institucionales bajo las cuales debe administrarse el mismo Estado, la tarea pendiente continúa siendo la que ninguna de esas fuerzas puede realizar: la recomposición de una vanguardia obrera independiente, la reconstrucción de organizaciones de clase y la preparación de una alternativa que no discuta simplemente cómo administrar el régimen, sino cómo enfrentarlo.
Por Gustavo Burgos Velásquez
El Porteño, septiembre 2 de 2026.
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