"Lo sucedido con Héctor Llaitul merece por ello una explicación pública fundada. No basta invocar genéricamente razones penitenciarias o de seguridad. Frente a una regla internacional que contempla expresamente la posibilidad de concurrir bajo escolta al funeral de un familiar próximo, correspondía demostrar por qué en este caso concreto aquello era materialmente imposible".

Se trata de un centro de residuos domiciliarios de grandes dimensiones que se instaló sin el consentimiento de la población originaria de la zona y que lleva 6 años de funcionamiento. Es administrado por una empresa que, en principio, se ocupó de procesar los desechos de las ciudades de Collipulli, Ercilla, Angol y Renaico.

Estos cuatro años de estado de excepción constitucional de manera permanente representan una segunda ocupación militar de Wallmapu por parte del Estado chileno.

A través de una declaración pública, las y los comuneros rechazaron "la utilización política y la sobreexposición mediática" que actualmente se realiza en torno al Werken Jorge Huenchullán Cayul, asegurando que "distintos actores intentan agrandar artificialmente su imagen para instalar una sensación de éxito gubernamental y desviar la atención de la crisis estructural existente en la Macrozona Sur".

Qué es el debido proceso y cuándo se ausenta en un Estado Democrático de Derecho, es lo que argumentan Karina Riquelme, Sebastián Saavedra y Pablo Ortega, abogados que durante las últimas 2 décadas han representado a personas mapuche perseguidas por el Estado chileno. Fundadores del Centro de Investigación y Defensa Sur, organización que junto a CEIBO ediciones invitan a la presentación de este libro en Temuco. Miércoles 19 de noviembre, 19:00 horas, Campus San Francisco UCT.

Si bien en Latinoamérica las comunidades indígenas resisten ante la presión de las empresas extractivistas, son las mujeres de los pueblos originarios quienes han cumplido el rol de la conservación de su identidad, a través de la educación de su lengua, de sus costumbres ancestrales, que tienen un fuerte arraigo con el respeto a la naturaleza y a todo ser vivo humano y no humano que habita este plano terrenal.

Nos preocupa la inacción del Gobierno y el silencio cómplice de todos y todas quienes aspiran a dirigir el país, quizás, por elecciones. Callar es revictimizar, negar la empatía y perpetuar el trauma, como también una estrategia de resguardo político antiético y violento.

En términos sociales, la brutalidad es aquello que la civilidad no puede nombrar por carecer de aparato crítico al efecto. Una suerte de brecha cognitiva, dada por saturación de dominación en la esfera pública. Saturación paradojalmente deviene de la ausencia conceptual desde los medios y desde el Estado. La brutalidad en la esfera social es dominación mediante el silencio.

Esta suspensión constituye un acto de mala fe, ya que se interpreta de manera torcida la voluntad colectiva de las comunidades y organizaciones mapuche, que no piden ajustes o más diálogo, sino el término definitivo de un proceso que irresponsablemente se apresuraron en implementar con el claro objetivo de cumplir una formalidad, marginando a buena parte del pueblo mapuche del proceso, sin anteproyecto de ley que definiera el alcance del nuevo sistema de tierras que se propone.

Hoy sostenemos, nuevamente, que no se puede hacer una propuesta con el Wallmapu ocupado militarmente.