Desestiman sobreseimiento de exdirector de Directemar por vertimiento de 9 mil toneladas de salmones descompuestos frente a las costas de Chiloé en 2016

El Juzgado de Garantía de Valparaíso desestimó este jueves el sobreseimiento definitivo contra el vicealmirante y exdirector de Directemar, Osvaldo Schwarzenberg, por el delito de prevaricación administrativa respecto de su responsabilidad en la autorización para el vertimiento de nueve mil toneladas de salmones descompuestos frente a las costas de Chiloé en 2016.

El sobreseimiento definitivo de la causa fue solicitado por el Ministerio Público, debido a que –según el fiscal Claudio Rebeco- no había antecedentes suficientes para configurar el delito contra el oficial de la Armada, que en 2016 autorizó el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones muertos al mar, frente a la costa de Chiloé.

Uno de los argumentos de Rebeco para realizar su solicitud fue que en 2018 los hechos ya habían sido ventilados en una causa que fue sobreseída por el mismo tribunal porteño.

“Teníamos la convicción de que no se configuran los elementos para una prevaricación administrativa”, alegó Rebeco.

Acorde con el Poder Judicial, el delito de prevaricación administrativa consiste en que una autoridad o funcionario público «dicte a sabiendas una resolución injusta». De acuerdo con el ente persecutor, «los querellantes pidieron que no se diera a lugar esta solicitud de sobreseimiento definitivo, porque estimaron que los antecedentes deben ser conocidos por un juez de fondo en un juicio oral».

Sin embargo, la jueza de garantía Gigliola Devoto planteó que dicho caso se persiguió el delito de daño ambiental y no el de prevaricación administrativa, «que es por aquel que se está solicitando el sobreseimiento definitivo en esta oportunidad».

La magistrada afirmó que, si bien Contraloría estimó que la decisión de Schwarzenberg se apegó a la normativa, aquello dice relación con una responsabilidad administrativa, «que es distinto a aquello que nos ocupa en este momento, donde se analiza la responsabilidad penal de un funcionario público».

Sobre el argumento del fiscal Rebeco de que la determinación se tomó por riesgo evidente para la salud humana, como una medida excepcional en contexto de emergencia, Devoto indicó que: «Como es solo excepcional, se debe analizar cuál fue la razón que justificó la decisión, en qué antecedentes se basó, si a la fecha de la autorización existían otros antecedentes o informes, si se habría podido tener otros más, en su caso, cuáles. Además, si se tuvo reuniones previas con organismos técnicos, informes que se debieran contrarrestar tanto entre sí, como con los otros que puedan existir en la investigación».

Asimismo, indicó que es necesario determinar «cuál fue el rol de Sernapesca y el contenido de sus informes, qué fue lo que solicitaron los empresarios del salmón a través de Salmón Chile AG a Directemar y los términos del informe técnico, qué señalaron los otros informes y el comité de expertos. Además se necesita verificar si la biomasa de pescados muertos ponía en peligro la vida de las personas y en ese caso, por qué y de qué manera».

La jueza estimó que también se requiere establecer «si la forma de poner término a esa situación de peligro era realizando el vertimiento de los salmones muertos al mar, dado que la mayoría de la biomasa tuvo otro destino, pues el 64% fue transformado en aceite o harina de pescado y el 27% se depositó en zanjas sanitarias, sin que se sepa a ciencia cierta por qué el 12% restante –equivalente a 9 mil toneladas- no pudo tener el destino de la mayoría».

«Todo lo anterior impide a esta sentenciadora acoger la petición de sobreseimiento definitivo, porque no hay una certeza suficiente para estimar que la autorización que dio el director de Directemar para el vertimiento estaba debidamente justificada», dijo, citada por Cooperativa.

Atencendentes del caso

La causa contra exdirector de Directemar, Osvaldo Schwarzenberg, corresponde al delito de infracción a la Ley de Pesca, por el vertimiento de salmones muertos frente a las costas de Chiloé en 2016.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en 2016 la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G, solicitó a la autoridad marítima permiso para verter 9 mil toneladas de desechos de peces, en la jurisdicción marítima de Puerto Montt.

El 4 de marzo de 2016, Directemar, con un informe previo de Sernapesca, autorizó a cuatro empresas el vertimiento de un total que no superase las 9 mil toneladas de desechos de salmones, conforme al artículo 8 N °2 del Protocolo de Londres.

A raíz de esto, en marzo de 2016, la Municipalidad de Ancud demandó la reparación del daño ambiental que habrían ocasionado Directemar y Sernapesca al haber autorizado el vertimiento de las toneladas de salmones muertos. En aquel entonces, el municipio argumentó que producto del actuar de dichos servicios públicos, «ocurrieron varamientos de machas, locos, piures y otros recursos bentónicos; así como muerte de aves y presencia de un material verde viscoso».