Después de los Pandora Papers: Convención constitucional, poder constituyente y poder destituyente

Por Leopoldo Lavín Mujica

Desde la Rebelión del 18/O del año 2019 se ha instalado una tendencia irresistible en Chile. Es una evidencia que importantes sectores ciudadanos y sus organizaciones populares – buena parte de la fuerza transformadora – quieren ejercer un derecho político fundamental, pero en otra democracia, con sus nuevas instituciones, por nacer: poder influir de manera directa en la toma de decisiones acerca del curso del país y de las medidas necesarias a aplicar en el marco de los grandes desafíos presentes y futuros. Es lo que está en el aire, junto con la ruptura del vínculo de confianza con la casta política y la consecuente crisis de la representación parlamentaria actual. Es un nuevo imaginario social democrático que ha emergido.

Se respira desconfianza en las instituciones en un contexto de incertidumbre económica y política. El escándalo de corrupción con la venta de la mina Dominga acentúa el fenómeno. En un cuadro en que el desprestigiado poder legislativo – con 2% de aprobación popular – apela a la actual Constitución para reclamar un poder tutelar sobre la Convención Constitucional. O negociar con ésta.

El caso paradigmático es la inexistencia en la actual Constitución de un mecanismo que permita destituir a Sebastián Piñera de la Presidencia de la República, transformada en coto de caza para el Presidente y sus compinches. Que de existir, hubiera evitado otro elemento a la crisis de legitimidad de la institucionalidad política. Cuando se ha abusado con las prerrogativas de la investidura, se desprestigia la simbólica del cargo. No hay prudencia en la casta política de Estado. Mientras que el joven Canciller austríaco Sebastian Kurst, ponderado, renunció a su cargo al verse investigado judicialmente por corrupción, su par chileno se aperna en La Moneda. Resolver estas imperiosas cuestiones democráticas latentes en el pueblo es lo que se espera de la Convención Constitucional, que deberá comenzar a debatir de contenidos. Pues el actual edificio cruje. Cabe discernir del comienzo lo que traba un proceso de creación de nuevas instituciones y prácticas, tal como deberían estar articuladas en la Nueva Constitución. Tarea no exenta de tensiones, como ya se ha visto, entre el sector conservador y neoliberal de la Convención, en pugna con los sectores que se configuran en posturas democráticas. Por fuera, el pueblo desconfía, impaciente. Y con razón. La renuencia de los sectores de derecha en utilizar el mecanismo de los plebiscitos dirimentes para que conflictos en torno a contenidos de la Convención sean resueltos por la voluntad soberana, muestra cuán lejos están los sectores conservadores, representantes de los intereses oligárquicos, de la dinámica de más democracia puesta en marcha con la Rebelión popular y ciudadana del 18/O de 2019.

Cuando investigaciones periodísticas como los Pandora Papers revelan la amplitud del escándalo de depósitos, transacciones y contratos oscuros en los llamados paraísos fiscales; en las que los protagonistas son conspicuos miembros de la oligarquía política y empresarial; en transacciones financieras en la que están en juego no sólo pingües ganancias sino que la destrucción por faenas mineras de regiones consideradas aledañas a santuarios de la biodiversidad, es porque esa “idea de país” que tienen los Piñera-Délano y sus émulos del mundo empresarial ignora el desarrollo actual de las subjetividades ciudadanas. Es un síntoma de algo. Del estar desconectados y desconocer totalmente la sensibilidad en ascenso acerca de la fragilidad de las aves, del mar, de los cielos, de la tierra, del polen, de los bosques, como un todo relacionado con la vida buena y con las instituciones necesarias para que un pueblo harto de injusticias resuelva sobre su destino. Todo eso que es biodiversidad en un ecosistema. O lo que es la noción misma de justicia climática. O de justicia y probidad. Pues, si para los oligarcas, el mundo natural se reduce a un objeto o a una mercancía negociable para ser explotado de manera extractivista, el grueso de la población lo considera como un bien de cuidado urgente. Ideas estas que han calado hondo en las consciencias de las jóvenes generaciones. Pero es más que eso. Es el viejo mundo institucional contaminado de neoliberalismo y acompañado con prácticas nauseabundas el que se revela anacrónico y que llama a voltearlo. Pero no lo quieren ver así.

La pregunta política clave es si merecen gobernar aquellos a quienes sólo mueve el afán de lucro; si tan solo hace algunos meses informes científicos han demostrado, cosa que será confirmada, con uno pesadísimo que viene, la fragilidad de este Sistema Tierra que habitamos, y la importancia de preservar sanos equilibrios en razón de los efectos brutales del cambio climático al cual estaremos confrontados inevitablemente los 10 años venideros en un modo de producción y vida que cabe llamar Capitaloceno. Una vez más constatamos que en la oligarquía empresarial chilena, en sus partidos e ideólogos, no hay sensatez. Si aquella es transgresora por definición, sus intelectuales orgánicos son impotentes para hacerles ver claro. Hay una lógica implacable que domina el centro nervioso de quienes detentan el poder económico; que guía todo su comportamiento en una sola dirección: la búsqueda de la ganancia determinada por la lógica de la acumulación de capital. Habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario. Nada más les hace sentido.

Si hubo, en la transacción de las Islas Vírgenes, entre Délano y Piñera, delito de cohecho, soborno o delito tributario es simplemente porque la institucionalidad chilena como sistema no funciona según criterios democráticos y de justicia, legal y social. Toda ella apunta a sostener las aberraciones que denunciaron las movilizaciones del 18/O del 2019 y que condujeron a una Rebelión Popular y ciudadana que no solo fue un movimiento social sino un momento histórico. Les guste o no a los que quieran negar su importancia. Fue ella la que abrió paso a un proceso constituyente, con sacrificios humanos enormes. El hecho es que instituciones con raíces en un régimen dictatorial, en una sociedad estratificada en clases sociales, con una concentración privada de la riqueza extrema en términos de propiedad lucrativa en un 5% de la población y con servidores bien remunerados en un 10% de los altos niveles socio-profesionales, enquistados en las otras instituciones de poder como el poder legislativo, judicial, Servicios de Impuestos Internos, dispositivo de medios fabricantes de opinión, etc., son una traba a los “cambios profundos que el país necesita” con urgencia.

El poder constituyente que se expresa en la Convención Constitucional que inicia su trabajo de redacción el 18 de octubre próximo tiene la gran responsabilidad de responder a las aspiraciones de participación democrática directa del pueblo de Chile en la toma de decisiones políticas, económicas, culturales, educacionales, de seguridad social, sanitarias, de vivienda y ambientales. Esto implica necesariamente asumirse como poder destituyente de instituciones que han abandonado el espíritu en las que debían y deben funcionar. Nos referimos, por ejemplo, a las que han fallado en el caso Pandora-Délano-Piñera: comités ministeriales que prefieren el secreto a la transparencia, organismos ambientales donde se tejen negociados con prominentes abogados vinculados a la casta política, Servicio de Impuestos Internos negligente en su tarea de perseguir el delito para recaudar lo que es justo, Contraloría ineficiente, Fiscalía bajo sospecha y muy cercana a prácticas de nepotismo. Y en otra arista que cabe mencionar: Corte Suprema que no juzga a los acusados de violar los Derechos Humanos (según Sergio Micco*). Ni qué hablar de la corrupción extrema en la jerarquía de las FF.AA y de Carabineros… en este caso se impone una reconstrucción total, con un comité de vigilancia civil del funcionamiento de los aparatos armados del Estado.

Cae de cajón entonces que las bases fundacionales deben ser reconstruidas a partir de una perspectiva de legitimidad democrática. Lo que implica crear nuevas instituciones con nuevos criterios de designación de sus miembros, al mismo tiempo que asegurar la entrega de información pertinente y bien tratada. Concretamente; red de medios públicos para construir un espacio público de acceso a la información, pues hoy los hechos son en gran parte interpretados por los medios de información dependientes de los dueños del poder y la riqueza. Ellos escogen y dan tribuna a las estrellas constituyentes y ocultan el resto de las opiniones constituyentes populares. Lo original en estos casos, y lo que razón democrática constata es: en un proceso constituyente es la sociedad la que se auto-instituye, la que se da conscientemente sus propias reglas e instituciones. Y en este trabajo de crear lo nuevo, en este nuevo imaginario social emergente, se choca con lo anquilosado ya instituido que funciona como un lastre para mantener el viejo mundo conservador y sus prácticas desajustadas. Asumir y osar es la tarea. Es el desafío de los y las convencionales consecuentes: ser disruptivas y disruptivos en el viejo orden real y simbólico del poder instituido.

Que no se nos confunda. Cuando hablamos del poder destituyente del Poder Constituyente, esto quiere simplemente decir que la nueva Constitución debe absolutamente resolver la cuestión democrática esencial: la elección de los y las ciudadanas que compondrán las instituciones de la manera democrática. Con el acceso a ellas y el ejercicio de autoridad por elección de todos sus miembros, posean o no los títulos necesarios. Pues basta el título de ciudadano/ciudadana para, tal como ya lo decía Aristóteles, ejercer el oficio de ciudadano, es decir “elegir y ser elegido”, junto con “mandar, y obedeciendo” la voluntad popular. El reino de los expertos y de la tecnocracia sabihonda que ha funcionado hasta ahora no demostró en los hechos ser algo bueno para la vida social. Hay que reconocerlo.

Resumiendo entonces: El proceso constituyente dio como resultado una Convención Constitucional después del pacto de la casta política el 15/N, pero un proceso constituyente en el que se inscribe la Convención Constitucional significa que con la Nueva Constitución debe comenzar un proceso de instalación de una nueva institucionalidad según los principios acordados en esta. Esta nueva Carta debe responder claramente a la exigencia de mayor democracia para poder resolver los grandes desafíos que enfrenta el país. Es con este nuevo imaginario social democrático emergente con el que deberá gobernar el próximo Presidente y legislar el nuevo parlamento. Así pues, aunque las palabras asusten, un proceso constituyente debe ir siempre acompañado de un proceso destituyente, precisamente de la vieja institucionalidad. Este proceso que ya comenzó en las cabezas ciudadanas se acentúa con el escándalo de corrupción de los Pandora Papers de Piñera-Délano. El proceso destituyente se instaló en el imaginario social, y su punto de partida también fue la Rebelión ciudadana del 18/O. El proceso constituyente tuvo por origen un movimiento social que dio paso a un movimiento histórico. Sólo queda expresar un deseo: ojalá que a este proceso, que marcará indeleblemente la vida política de Chile, se incorpore la clase trabajadora junto con sus organizaciones sindicales. Es el elemento faltante y necesario de la fuerza transformadora popular.

(*) En la prensa nacional, Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó a propósito de las violaciones de los DDHH por las fuerzas de carabineros y militares en el contexto de las movilizaciones post 18/O: “Hay cuatro condenas y hemos presentado 3.100 querellas criminales″[…] “Nosotros le dijimos al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al ministro de Justicia: ‘son 3.000 casos las querellas del Instituto, habrá 5.000 causas en el país. Bueno, que se pongan recursos humanos y económicos directamente para investigar”.