Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 116 votos el proyecto que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como Ley por el Ejecutivo.
Luego de la votación, la diputada Nathalie Castillo (PC) valoró su aprobación como un paso relevante, aunque advirtió que su alcance todavía es «limitado».
«El robo de cables afecta servicios esenciales, como el agua potable para comités APR, y provoca importantes perjuicios económicos en escuelas, comercios y para los propios usuarios, comprometiendo directamente el bienestar de las comunidades», indicó la legisladora.
En esa línea, explicó que «este proyecto propone un aumento de penas y multas, trasladando el costo del delito a quienes lo cometen, desincentivando esta práctica. Además, las nuevas agravantes facilitan la investigación, permitiendo rastrear el cobre robado hasta las plantas de acopio, las empresas exportadoras y las redes de financiamiento, incluyendo el narcotráfico».
«Esto es crucial para perseguir el crimen organizado y sentar las bases para futuras reformas, como la trazabilidad financiera y el levantamiento del secreto bancario», destacó la diputada Castillo.
¿Qué dice el proyecto?
La nueva norma -que consta de 2 artículos- modifica el Código Penal y el decreto con fuerza de ley de Aduanas.
En el primer caso, se actualiza la terminología, se agravan las penas y se introducen nuevas figuras agravantes, especialmente cuando el delito afecta masivamente servicios básicos o cuando los responsables se hacen pasar por trabajadores de empresas del rubro.
En el ámbito aduanero, en tanto, se endurecen las penas por contrabando, se incorporan agravantes y se extiende la calidad de autor a funcionarios públicos que faciliten estos delitos.
No obstante lo anterior, la diputada Nathalie Castillo, que además integra la Comisión Especial Investigadora sobre el robo de cables -que recientemente sesionó en la comuna de Coquimbo-, advirtió que el proyecto no resuelve aspectos clave, como el levantamiento del secreto bancario o la jurisdicción militar en causas de narcotráfico y corrupción.
Esto último, indicó, a raíz de la negativa de los partidos de Derecha a permitir que tribunales civiles investiguen delitos como el tráfico de ketamina, en el que están involucrados miembros de la Fuerza Aérea.
«Necesitamos mecanismos de control más amplios y equitativos», subrayó la parlamentaria, quien emplazó en ese sentido a la bancada del Partido Republicano y a su líder José Antonio Kast, recordando el vínculo que tienen con uno de los detenidos en la «Operación Oro Rojo» que desarticuló una organización criminal dedicada a la exportación ilegal de cobre.
«Se trata de Francisco San Martín Álvarez, líder de la banda, exmilitante republicano y exprecandidato a alcalde por Coquimbo, quien incluso aparece en fotografías junto al actual candidato presidencial del partido, José Antonio Kast», cuestionó la diputada Castillo.
Esta noticia señalada por la legisladora de la Región de Coquimbo fue informada en su momento por El Ciudadano. Lee el reportaje a continuación:
El Ciudadano
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