En medio del debate abierto tras la reciente declaración conjunta firmada entre Chile y EEUU sobre minerales críticos y tierras raras, la diputada Coca Ñanco (Frente Amplio) presentó un proyecto de ley para fortalecer las herramientas del Estado frente a la inversión extranjera directa.
En específico, la iniciativa propone modificar la ley 20.848 para permitir excepciones al principio de no discriminación hacia el capital extranjero, cuando se trate de sectores estratégicos como minerales críticos, infraestructuras clave, tecnologías de doble uso o servicios esenciales.
El proyecto se enmarca en un contexto internacional marcado por la creciente disputa geopolítica por el control de recursos estratégicos —fundamentales para la transición energética, la digitalización y las nuevas tecnologías— y busca asegurar que Chile cuente con instrumentos legales para resguardar su soberanía económica y la seguridad del Estado frente a eventuales presiones externas o riesgos de concentración en el control de estos recursos.
Al respecto, la parlamentaria planteó que «la transición energética y las nuevas tecnologías han convertido a los minerales críticos en un tema estratégico a nivel mundial, y Chile concentra reservas fundamentales para ese proceso, por lo que no podemos tratar este tema solo como una discusión comercial».
Para la legisladora, «aquí también está en juego la seguridad del Estado y la soberanía económica del país. La declaración firmada recientemente entre Chile y Estados Unidos pone este debate sobre la mesa», enfatizó la diputada Ñanco.
«Lo que proponemos con este proyecto es algo muy simple: que el Estado tenga las herramientas legales para limitar, condicionar o incluso rechazar inversiones extranjeras cuando comprometan el interés nacional, especialmente cuando se trate de minerales estratégicos, infraestructuras críticas o tecnologías sensibles», argumentó.
«Chile debe aprovechar su riqueza mineral para fortalecer su propio desarrollo productivo y tecnológico. Pero para eso necesitamos reglas claras que aseguren que estos recursos estén siempre al servicio del país y no queden expuestos a decisiones que puedan afectar nuestra autonomía económica o nuestra seguridad», agregó la diputada Coca Ñanco.
Por su parte, el diputado Jaime Bassa (también FA) destacó que «este proyecto va en la dirección correcta, porque reconoce algo que durante mucho tiempo se evitó discutir: que la inversión extranjera no es neutra cuando está en juego el interés nacional».
«En un contexto donde los minerales críticos son clave para el desarrollo y la seguridad de los países, Chile tiene el deber de establecer reglas claras para proteger su soberanía económica. No se trata de cerrarse al mundo, sino de asegurar que nuestros recursos estratégicos estén al servicio del país y no condicionados por intereses externos», puntualizó Bassa.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta establece que el régimen de derechos y garantías de la Ley N° 20.848 no será aplicable cuando las inversiones recaigan sobre la exploración, explotación o comercialización de minerales críticos o estratégicos, así como sobre infraestructuras críticas, tecnologías de doble uso o servicios de utilidad pública esenciales; y cuando su materialización afecte el interés nacional, la soberanía económica, la seguridad del Estado o el abastecimiento del país.
Con ello, el proyecto busca dotar al Estado de una herramienta preventiva para resguardar recursos clave para el desarrollo económico, tecnológico y energético de Chile en el actual escenario geopolítico.
El Ciudadano
