Diputada Vallejo propone proyecto de reparación para víctimas de violencia estatal

"A un año del estallido social todavía tenemos un Estado que está en deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos", afirmó la parlamentaria.

policía carabineros

La diputada Camila Vallejo (PC) anunció la presentación de un proyecto de ley para reparar e indemnizar a las víctimas de la violencia estatal, en el marco de las protestas registradas durante el reciente estallido social.

Según consignó Radio Cooperativa, la parlamentario explicó que «el saldo de personas lesionadas, con traumas oculares, y de fallecidos en contextos de protesta social, a contar del 18 de octubre de 2019, son prueba irrefutable que los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental sólo fueron una declaración de principios para las miles de personas que vieron vulnerados sus derechos».

Vallejo detalló que la iniciativa podría beneficiar a unas 4.000 personas, pues al 19 de marzo de este año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizaba un total de 3.838 personas heridas, y 460 víctimas de trauma ocular, en las manifestaciones.

La legisladora subrayó que estas personas «requieren con urgencia de los fondos necesarios para poder costear los tratamientos médicos y psicológicos, y de rehabilitación que necesitan para reparar el daño ocasionado, y poder reinsertarse en su vida laboral y familiar, y requieren acceso a dichas prestaciones de manera pronta».

Así, el proyecto propone establecer un procedimiento especial para todas las personas lesionadas, y también para aquellas afectadas por la muerte de familiares durante las protestas, para que accedan a un «trámite veloz» de reparación.

También, la iniciativa busca reducir los «requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al proteger los derechos a la vida, y la integridad física y síquica de los manifestantes o de personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales, debiendo sólo acreditar la existencia y cuantía del daño, y el hecho de haber sido ocasionado bajo las circunstancias antes señaladas».

«A un año del estallido social todavía tenemos un Estado que está en deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, una justicia que llega tarde, por goteo o que no llega nunca», concluyó la diputada Camila Vallejo.


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