Diputados de oposición ingresan acusación constitucional contra ministro Figueroa por no asegurar derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en medio de la pandemia

La diputada Camila Rojas (Comunes) explicó que el libelo está compuesto por tres capítulos. El primero se refiere a las infracciones a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo tiene que ver con la infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Mientras que el tercero se refiere a la amenaza a la vida y la integridad física y psíquica.

Este martes, parlamentarios de oposición ingresaron a la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.

En el libelo de 144 páginas se plantea un evidente “actuar negligente y derechamente ilegal” del Mineduc y en particular de Figueroa.

La acusación es liderada por la diputada de Comunes Camila Rojas (Comunes), y cuenta con firmas de integrantes todas las bancadas de la oposición.

De hecho, el documento está suscrito por Mario Venegas (DC), Juan Santana (PS), Marcelo Schilling (PS), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Esteban Velásquez (FRVS), Pamela Jiles (PH), Tomás Hirsch (PH), Gonzalo Winter (CS), Camila Rojas (Comunes) y Marcela Hernando (PR).

Desde el Congreso Nacional, la diputada Rojas explicó que el libelo está compuesto por tres capítulos. El primero se refiere a las infracciones a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo tiene que ver con la infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Mientras que el tercero se refiere a la amenaza a la vida y la integridad física y psíquica.

«Quisiera decir brevemente algunos de los elementos que nos empujan a presentar esta acusación constitucional debido a que el ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes”, dijo la parlamentaria.

“El Mineduc no inyectó ningún peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional es que muchos establecimientos educacionales, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que el año no pandémico”, acusó.

“Más de la mitad de los establecimientos recibió menos recursos por concepto de subvención regular, por lo tanto los establecimientos están en una situación muy compleja, incluso nosotros citamos en la acusación un ejemplo de un establecimiento que simplemente no recibió recursos”, agregó, citada por Publimetro.

Destacó que según las cifras que manejan, más de la mitad de los establecimientos, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que antes, lo que hace «evidente que se requerían medidas específicas”.

«La situación de las escuelas en Chile es tan precaria y el abandono es tan evidente, que si no estuviésemos en pandemia hay quienes no pueden volver. El ministro Figueroa no ha asegurado el derecho a la educación en ninguna de sus modalidad: virtual, presencial o híbrida. En Chile hay niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados, porque no se asegura el derecho a la educación”.

El diputado Juan Santana (PS), señaló que en el caso del ministro Figueroa se han batido todos los récords.

«No hay presupuesto para la educación pública; se han vulnerado leyes que tienen relación con esta línea; hay abandono completo respecto a las mejoras en las condiciones laborales de los docentes, que en un contexto de pandemia debiesen ser completamente distintos; y por otra parte, se ha expuesto profundamente la integridad física y psíquica de las comunidades escolares, no generando las condiciones sanitarias ni de seguridad para que estas puedan realizar un retorno a clases presenciales en completa seguridad”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) aseguró que los hechos demuestran que“se está vulnerando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en lo que respecta a su derecho a la educación y el resguardo de su identidad física y psíquica».

«El Mineduc no solo no ha puesto más recursos, no ha adecuado las leyes y además ha permitido la disminución de los recursos para dar continuidad y resguardo al derecho a la educación, tanto en el modo virtual como presencial. Hay menores que desde el año pasado no han podido conectarse a las clases. Es decir, no han tenido su derecho a la educación. Y esto es porque no se han destinado los recursos para generar la infraestructura tecnológica que se requiere para dar continuidad al derecho a la educación», dijo, citada por La Tercera.

Leer más: Oposición llega a un acuerdo y el martes presentará acusación constitucional contra ministro Figueroa por abandono del Estado en materia educacional

¿Qué plantea la acusación?

En el texto preliminar del libelo, al que tuvo acceso El Ciudadano, los parlamentarios acusan al secretario de Estado de haber infringido la Constitución en el artículo 19 N° 10, también en el 19 N°1, referido al Derecho a la Vida; así como en el inciso segundo del artículo 5, relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo al principio de legalidad.

Además precisa que se han vulnerado varios textos legales referidos a la subvención escolar y al retiro voluntario, entre otros.

Vulneración del derecho a la educación

Las causales de esta acusación constitucional se dividen en tres capítulos, el primero de ellos se refiere a la vulneración del derecho a la educación, en materia de regulación y financiamiento.

La argumentación se divide en 7 apartados que representan ejes temáticos en los cuales se ha evidenciado el actuar negligente y derechamente ilegal del Ministerio de Educación y, en particular, del ministro Figueroa.

Los siete apartados son:

-Ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuestos
para enfrentar la pandemia.

– Omisión en la regulación de las clases a distancia y sus consecuencias.

-Subvenciones: Regulación incompleta, tardía y discriminatoria que implicó fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos.

– Disminución del porcentaje de alumnos prioritarios.

– Situación de las aulas hospitalarias.

-Subvención Especial Preferencial: Utilización de recursos específicos fuera del marco legal.

-Campaña de retorno a la presencialidad que instrumentaliza políticamente herramientas regulatorias del sistema educativo.

– Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En la demanda, los parlamentarios preguntan :¿Cuáles son los medios económicos brindados por el ministro de Educación para asegurar las condiciones para el retorno seguro a las clases presenciales en el resto de establecimientos públicos del país?.

Asimismo, plantean que considerando que la mayoría de los y las estudiantes del país asisten a establecimientos particulares, ¿qué medidas de financiamiento adicionales recibieron las escuelas particulares subvencionadas?.

«Lo cierto es que, a la fecha, no existen presupuestos adicionales significativos sino meras reasignaciones presupuestarias o flexibilizaciones, tal como ocurrió con el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación respecto del uso de recursos de la Subvención Especial Preferencial», explicaron.

Además de recordar que no hubo un aumento de fondos, el texto plantea que “la maniobra comunicacional omitió señalar que los beneficiados corresponden sólo a 389 establecimientos educacionales, lo que representa apenas un 7,56% del total de 5.141 establecimientos de educación pública. La ausencia de recursos ha sido criticada por una serie de alcaldes, algunos de la misma coalición de gobierno, como es el caso del Alcalde de Puente Alto, Germán Codina”.

Otro de los puntos abordados es que el Ministerio de Educación solo consideró una asistencia media a aquellos colegios que retornaron a clases presenciales a partir de julio del 2020, para pagarles la subvención completa anual.

Una decisión que originó que “el 48,58% de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, recibieron menos ingresos el año pandémico 2020 que lo que recibieron el año 2019 por concepto de subvención general. Por su parte, en el caso de los establecimientos municipales, más de la mitad de ellos, un 54,02%, recibió menos recursos”.

Por tal motivo, en la demanda, los diputados aseguran que el abandono ministerial y el perjuicio a la educación pública, «son hechos probados y demostrables que acusan una negligencia grave en el ejercicio de las funciones a las que, como se verá, el Ministerio y el Ministro están obligados”.

«El ministro Figueroa no sólo no ha contribuido a la construcción de las condiciones y las confianzas para un retorno seguro a clases presenciales – cuestión que todos los diputados y diputadas firmantes anhelan y hacen presente explícitamente – sino que también ha terminado agudizando la crisis que viene atravesando nuestra educación, por medio de un actuar negligente, ilegal e inconstitucional», condenan.

Vulneración de los trabajadores de la educación

El segundo capítulo se refiere a la vulneración de los trabajadores de la educación, al respecto los parlamentarios denuncian el abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; así como el incumplimiento del bono incentivo al retiro.

Al respecto, los parlamentarios plantean que a la fecha de presentación del libelo acusatorio,»todavía no existe un
régimen jurídico-laboral de excepción para trabajadores y trabajadoras de la educación que permita abordar los desafíos y complicaciones de la nueva realidad educativa y de las particularidades del actual trabajo educativo».

Indican que este escenario supone un incumplimiento grave de las obligaciones jurídicas que el Estado y el ministro Figueroa tiene respecto al sistema educativo y respecto de sus trabajadores.

En la acusación, destacan que al encontrarse abandonados por la pasividad del Ministerio, los y las trabajadoras de la
educación han debido sostener el sistema bajo condiciones laborales sumamente precarias: jornadas laborales desdibujadas, sobrecarga, agobio, entre otras, son solo ejemplos de elementos que evidentemente repercuten en su trabajo, y que influyen en detrimento de la calidad de los aprendizajes que adquieren sus estudiantes.

«En ese contexto es que se ha generado una legítima desconfianza en las comunidades educativas respecto de las autoridades del Ministerio, cuestión que se ha agudizado durante los últimos meses, sobre todo a partir del endurecimiento de la estrategia del ministro Figueroa destinada a presionar a las escuelas para retomar una presencialidad generalizada en el sistema, llegando incluso a deslizar la posibilidad de privar de subvenciones a los
sostenedores que no implementaran clases presenciales», señalan en el texto.

Sobre el pago del bono incentivo, recuerdan que el Mineduc, representado por el ministro Figueroa, no ha dado
cumplimiento a la normativa legal que establece un procedimiento acotado, con plazos claros para el pago del bono que por ley corresponde a los beneficiarios que en tiempo y forma han postulado.

Señalan que estos hechos demuestran una negligencia inexcusable e ilegal del ministro, lo que contraviene abiertamente sus obligaciones como máxima autoridad educacional del Estado.

«La inactividad regulatoria ante la situación precaria del trabajo educativo en pandemia y el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones legales de seguridad social y bienestar contraídas formalmente en procesos de negociación con los legítimos representantes del mundo sindical y gremial, constituyen – por su carácter contumaz y reiterado – infracciones graves al derecho nacional e internacional», advierten.

Amenaza a la vida e integridad física y psíquica

El tercer capítulo se refiere a la infracción a la Constitución, específicamente en relación a la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.

En este aspecto, las y los diputados recuerdan la insistencia del ministro en la vuelta a clases, bajo la modalidad presencial.

Se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales”, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, en el cual se “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que evidentemente reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.

En el texto, las y los parlamentarios plantean que un ministro de Estado, en el contexto de una política estatal, que ponga en riesgo concreto a miembros vulnerables de la población como niñas, niños y adolescentes, mediante
la infracción del primer derecho, consagrado en el art. 19 N°1 (derecho a la integridad física y psíquica de las personas) es susceptible de ser acusado.

Recuerdan además que la “voluntariedad” es el eufemismo más utilizado por Figueroa, pero que no es más que eso, puesto que no existe voluntariedad para aquellas familias en que ambos padres deben salir diariamente a su lugar de trabajo, sea por necesidad o por las funciones esenciales en que se desempeña.

«Para ellos, la exposición de sus hijos e hijas al virus es una realidad y ante ella, el ministro del ramo ha sido indiferente, y en esa indiferencia, ha incumplido las obligaciones de protección que en él se encuentran radicadas y que tienen, una amplia recepción en la legislación nacional e internacional», señalan.

Recalcan que, a pesar de que “el retorno a clases presenciales es un fin relevante”, sin las condiciones necesarias “pone en riesgo a la vida y la integridad de niños y niñas”.

Este argumento, los sustentan en los más de 111.000 niños que se han contagiado de Covid-19 desde la llegada de la pandemia, hasta marzo de este año. De igual forma, alegan que no existe un plan de vacunación para niños, sino para jóvenes y adolescentes de entre 12 y 18 años; no obstante, aún no se cuentan con bases para saber si la vacuna logra generar los anticuerpos necesarios.

“En este escenario de riesgo, lo que la autoridad debe proponer no es el retorno a toda costa, por el contrario, es asegurar condiciones materiales para dar seguridad y otorgar condiciones para mitigar los efectos en los educandos. En vez de incrementar el riesgo el principio es el precautorio”, aseveran los parlamentarios.

Para finalizar, los diputados destacan que se han aportado antecedentes de hecho y de derecho que resultan sólidos y que, a su juicio, son suficientes «para destituir al Sr. Figueroa del alto cargo que actualmente ostenta».

Por tal motivo, solicitan darle a esta acusación la tramitación que en derecho corresponda y, en el más breve plazo, que tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado de la República se pronuncien de ella conforme a la Constitución y las Leyes.

De acuerdo al marco jurídico, una vez presentada la acusación debe darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados, en la sesión más próxima que estaría pautada para este miércoles 21 de julio.

Figueroa: «Hemos hecho todo lo necesario en un contexto complejo

Tras ser ingresado el libelo, el ministro Raúl Figueroa se refirió a la acusación en su contra y defendió su gestión.

Aunque indicó que aún no ha podido leer el texto y no contaba con elementos suficientes para opinar sobre el mismo, reconoció que “los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones”.

“Ahora ciertamente significa hoy, en un momento en que todo el país debe estar destinando su tiempo, energía y trabajo a cómo resguardar el bienestar de niños y jóvenes en el sistema educativo, esa acusación implica desviar precisamente ese tiempo, recursos, dedicación y ese compromiso. La acusación va a obligar a que el Congreso se dedique a conocer ese libelo. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando con un principal objetivo que es cómo asegurar, como lo hemos hecho desde el primer día de la pandemia, que nuestros niños y jóvenes tengan un efectivo derecho a la educación y ningún tipo de acusación nos va a desviar de ese objetivo”, dijo, citado por La Tercera.

Parta defender su gestión al frente del Ministerio de Educación afirmó: “Hemos hecho todo lo necesario en un contexto complejo para apoyar al sistema educativo, para entregarle la máxima seguridad a las familias para que puedan tomar una decisión informada respecto de la vuelta a clases, para apoyar todo el proceso de educación a distancia y mitigar así al máximo los efectos complejos que tiene el Covid en el sistema educativo».

«Creemos que hoy, más que nunca, se requiere un esfuerzo adicional y conjunto, para que todos nuestros alumnos tengan la posibilidad de acceder a la educación que merecen”, acotó Figueroa.


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