Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Patricio Pinilla (DC) y las diputadas Daniela Serrano (PC) y Lorena Pizarro (PC), solicitaron el pronunciamiento de la Unicef frente a la amenaza del Gobierno de Kast de eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otras iniciativas fundamentales para la educación de niños, niñas y adolescentes chilenos.
La acción se materializó a través de una carta dirigida a Violet Speek-Warnery, Representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Chile, en la que se advierte que la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda —emitida en el marco de la formulación del Presupuesto 2027 y la programación financiera 2028-2031— incorpora recomendaciones para descontinuar una serie de programas del Ministerio de Educación, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar.
Al respecto, el diputado Cuello, impulsor de la iniciativa, planteó que «la sola amenaza de suprimir el programa de alimentación escolar que hoy día beneficia a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, vulnera el derecho a la alimentación que está consagrado en tratados internacionales».
«Además», agregó el legislador, «acá se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar dinero a costa de los niños para luego entregar recursos por la vía de la rebaja de impuestos a grandes empresas».
«Es por eso que hoy día hemos enviado una carta, una comunicación a Unicef, pidiendo que se pueda pronunciar respecto de esta instrucción que ha dado el gobierno en función de restringir y suprimir este programa tan importante», puntualizó el diputado Cuello.
Por su parte, el diputado Juan Santana, otro de los autores de la iniciativa, señaló que la acción realizada tiene el propósito «de, en primer término alertar sobre esta situación, y conjuntamente, para que este organismo se pronuncie, influya y preste asistencia al Estado chileno, en torno a la importancia de un programa como este».
«Lo que hemos visto por parte del gobierno en los últimos días no solo es indolencia y desconocimiento de la entidad de la alimentación escolar, es también una mirada economicista de esta importante política pública, centrándose en la evaluación financiera del mismo, pero obviando totalmente el beneficio social que trae aparejado, y creemos que una mirada especializada como la de la Unicef, puede colaborar en el objetivo de mantener y fortalecer este programa», explicó el parlamentario socialista.
¿Qué dice la carta?
En el documento, los parlamentarios sostienen que esta medida no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un diseño fiscal vinculado a la reforma tributaria del Gobierno, que contempla rebajas de impuestos a grandes empresas y, para compensar la menor recaudación, impulsa recortes en programas sociales.
En ese marco, advierten que se trata de una decisión del Ejecutivo que implica eliminar y reducir el financiamiento de programas clave del Ministerio de Educación, afectando directamente derechos económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes, especialmente de sectores más vulnerables.
Asimismo, subrayan que, pese a que el Presidente de la República ha señalado públicamente que no existiría intención de aplicar estas medidas, dichas declaraciones no son vinculantes, mientras que la Circular mantiene plena validez jurídica al no haber sido modificada por otro acto administrativo.
En ese contexto, y considerando la misión de Unicef en la protección de los derechos de la infancia, los parlamentarios solicitaron al organismo evaluar un pronunciamiento que reafirme la obligación del Estado de no retroceder en la garantía del derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
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