Diputados UDI gastaron más de $300 millones de fondos fiscales para pagar a Fundación Jaime Guzmán

En 2016 el Ministerio Público inició una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios.

Posteriormente una investigación de Ciper develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que empleaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares, institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos y que en algunos casos además eran copias de otros publicados en internet.

Cuatros años han pasado desde que comenzó esta investigación, no solo por los informes plagiados, sino también por la posible triangulación de dineros entre los parlamentarios y entidades y personas vinculadas a sus partidos, pero estas prácticas están lejos de terminar.

Para el ex fiscal Carlos Gajardo  “hay un incentivo para no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución”. Mientras que desde el Ministerio Público se limitan a informar que la investigación sigue abierta.

De acuerdo con un reportaje publicado por CHV  y CNN Chile diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) mantienen un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales.

“En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la institución recauda 10 millones por informe”, revela la investigación periodística.

Los informes son pagados en conjunto por los diputados, y apuntan a asesorías sobre proyectos de ley, resúmenes de sesiones parlamentarias y sugerencias de votos, entre otras, que durante este año ya suman un gasto fiscal de más de 79 millones de pesos.

Si se suman los primeros informes encargados desde 2018 a la fecha, la cifra completa alcanza un traspaso total de $333.200.000 de fondos fiscales a la fundación vinculada a su propio partido.

 A través de un comunicado, la Fundación Jaime Guzmán defendió el contrato con los parlamentarios.

El texto señala que “la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan $500 mil cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la fundación en el mes de corresponda”.

Bellolio pagó $4.900.000

El reportaje reveló también que el parlamentario que más ha traspasado dinero a la Fundación Jaime Guzmán este año es el actual ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, quien mientras era diputado pagó desde enero a julio $4.900.000 de fondos públicos.

A pesar de que no quiso responder preguntas, Bellolio envió un comunicado en el que señala que “los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido”.

Pagos por plagios

El reportaje revela que algunas de las asesorías incluyen informes con información copiada desde la propia web de la Cámara de diputados.

“Existe un informe por el que los diputados UDI pagaron en conjunto en el mes de julio $9.900.000 pesos. Son 255 páginas que convertidas a un formato normal de Word, con letra tamaño 12, se transforman en menos de 100. El reporte describe efectivamente el origen y fundamento de los 23 proyectos de ley de ese mes, tal como señala la Fundación Jaime Guzmán. Pero nos sorprendimos al comprobar que gran parte de esa misma información tal cual está disponible en el sitio web de la propia Cámara de Diputados”, plantea la investigación.

“Este es un boletín de la Cámara de Diputados y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes”, afirmó  la periodista Silvia Oramas, una de las autoras del reportaje.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, los informes que paga la UDI no son necesarios para la actividad legislativa, porque “no se justifican para la labor parlamentaria”.

“Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca que provea de esta información a los parlamentarios y que en caso solamente muy específicos con autorizaciones muy específicas se pueda recurrir a estos informes externos”, agregó.

Por su parte, el otrora persecutor Carlos  Gajardo dijo que “me parece que en esos casos más bien lo que hay es una forma incorrecta de intentar financiar a un instituto o a una fundación que apoya el trabajo parlamentario, pero que tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes”.