La Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso anunció el término de una investigación que determinó que la empresa minera Anglo American realizó «extracciones no autorizadas de aguas desde las bocatomas 2400 y 2700», ubicadas ambas en el Estero Riecillos, afluente del Río Aconcagua, durante fines de semana entre enero y abril de 2023, y en pleno periodo de cierre de compuertas ordenado por la DGA, por tratarse de una zona con declaración de escasez hídrica.
«Aunque la empresa cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas, las extracciones se realizaron fuera de lo permitido por las medidas de redistribución impuestas por este Servicio, cuyo objetivo es garantizar el consumo humano, el saneamiento básico y la protección de los ecosistemas», apuntaron desde la DGA en un comunicado.
En esa línea, informaron que «en sus descargos, la fiscalizada alegó, en lo principal, errores de medición y falta de notificación formal. Lo anterior, fue desestimado por este Servicio, señalando que fue la propia empresa quien entregó los registros que evidencian las extracciones».
«Bajo el marco de un término probatorio, se realizaron audiencias testimoniales, en las cuales se tomaron declaraciones de 4 personas dispuestas por Anglo American Sur S.A., entre ellas, funcionarios de la misma y peritos encargados por la fiscalizada para elaborar informes respecto del funcionamiento del sistema de extracción de aguas de la empresa», detalla la nota.
Así, añade el reporte de la DGA, la investigación «determinó que los caudales extraídos, aunque menores a la capacidad instalada, afectaron a más de 5.000 usuarios aguas abajo, pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua Sector Quillota (III Sección) y usuarios aguas debajo de esta».
Por ello, se decidió aplicar una multa de 700,6 UTM por cada una de las bocatomas fiscalizadas, la cual fue incrementada en un 75% debido a que las extracciones se realizaron en una zona declarada como de escasez hídrica y en una fuente declarada agotada. De esta forma, cada multa asciende a un valor de 1.226,05 UTM, sumando un total de 2.452,10 UTM, es decir, $ 168.329.308 pesos chilenos.
Finalmente, la DGA informó que remitirá los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que se investigue un posible delito bajo los términos de los artículos 305 y 307 del Código Penal, donde el o los eventuales responsables arriesgan penas de 61 días a 3 años de presidio.
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El Ciudadano