Por Marisol Rossana Prado Villegas
La percepción de justicia y seguridad constituye uno de los elementos fundamentales para el bienestar psicológico de una sociedad. Las personas necesitan sentir que las instituciones del Estado cumplen adecuadamente su función de proteger a la población, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por esta razón, las decisiones adoptadas por las autoridades en materia de justicia penal no tienen consecuencias únicamente jurídicas, sino que también pueden generar efectos importantes en la salud mental individual y colectiva.
En Chile, la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por el ministro Fernando Rabat, de firmar decretos que conceden rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha provocado una fuerte controversia política y social. Más allá de la discusión jurídica respecto de la aplicación de las normas, la irretroactividad de la ley penal o los posibles vacíos regulatorios resulta necesario analizar las consecuencias que una medida de esta naturaleza puede tener sobre la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones y el bienestar emocional de la ciudadanía.
Desde la psicología social, este tipo de situaciones permite comprender cómo las decisiones institucionales pueden influir en el estado emocional de una comunidad. Cuando las personas sienten que las instituciones encargadas de protegerlas no responden de acuerdo con las expectativas de justicia y resguardo, se produce un deterioro de la confianza pública que puede manifestarse en sentimientos de inseguridad, frustración, temor y desprotección.
Uno de los factores relevantes para la estabilidad psicológica de una sociedad es la confianza básica en sus instituciones. Esta confianza se construye a partir de la convicción de que el Estado actúa de manera responsable y que sus organismos cuentan con mecanismos adecuados para garantizar los derechos de las personas. Cuando una decisión institucional es percibida como una forma de protección insuficiente frente a delitos particularmente graves, como los abusos sexuales contra menores, puede surgir lo que la literatura psicológica identifica como traición institucional.
Este concepto describe aquellas situaciones en que una institución de la cual las personas dependen para obtener protección o seguridad termina generando, mediante sus acciones u omisiones, una experiencia de desprotección. Sus consecuencias pueden ser importantes, ya que las personas comienzan a cuestionar si realmente pueden confiar en las estructuras que deberían garantizar su seguridad. Esta percepción puede favorecer sentimientos de impotencia, frustración y desilusión, además de debilitar la participación y el compromiso ciudadano.
Otro aspecto que merece atención es el aumento de la sensación de inseguridad en los espacios familiares y comunitarios. La posibilidad de que personas condenadas por delitos sexuales recuperen su libertad antes del tiempo originalmente establecido, o reciban beneficios que la ciudadanía considera cuestionables, puede incrementar la preocupación de padres, madres y cuidadores respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes.
Cuando una decisión institucional es percibida como una forma de protección insuficiente frente a delitos particularmente graves, como los abusos sexuales contra menores, puede surgir lo que la literatura psicológica identifica como traición institucional.
Esta preocupación puede traducirse en cambios concretos en la vida cotidiana. Algunas familias pueden comenzar a restringir las actividades de sus hijos, supervisar permanentemente sus desplazamientos y limitar su participación en determinados espacios sociales por temor a que se produzcan nuevas situaciones de abuso. Si bien la protección de los menores constituye una responsabilidad legítima, cuando el temor se vuelve permanente puede generar un estado de hipervigilancia que afecta tanto a los adultos como al desarrollo de los propios niños.
De esta manera, la percepción de inseguridad deja de ser solamente una preocupación individual y comienza a influir en las relaciones familiares y comunitarias. Los cuidadores pueden experimentar mayores niveles de estrés y agotamiento emocional, especialmente cuando sienten que la responsabilidad de prevenir situaciones de riesgo recae exclusivamente sobre ellos y que las instituciones no ofrecen suficientes garantías de protección.
Sin embargo, las consecuencias más delicadas recaen sobre quienes han sido víctimas directas de violencia sexual y sobre sus familias. Para una persona que ha atravesado una experiencia traumática, conocer que su agresor recibe beneficios penitenciarios puede representar una nueva experiencia de sufrimiento. Este tipo de situaciones puede ser interpretado como una falta de reconocimiento del daño sufrido y del esfuerzo que implicó enfrentar el proceso judicial, denunciar los hechos y, en muchos casos, iniciar un tratamiento psicológico para recuperar su bienestar.
En este contexto adquiere especial relevancia el concepto de revictimización secundaria, que se refiere al daño adicional que puede experimentar una víctima como consecuencia de las respuestas inadecuadas de las instituciones o de su entorno después de haber sufrido un delito. Una decisión percibida como injusta puede reactivar recuerdos dolorosos, sentimientos de indefensión y síntomas asociados al trauma, entre ellos episodios de ansiedad, alteraciones del sueño, crisis de angustia, síntomas depresivos y manifestaciones propias del trastorno de estrés postraumático.
Además, cuando las víctimas sienten que su experiencia no ha sido suficientemente reconocida por el sistema de justicia, pueden disminuir sus expectativas de obtener protección y reparación. Esto también puede influir en otras personas que han sufrido abusos y que todavía no se atreven a denunciar, al reforzar la idea de que acudir a las instituciones no necesariamente garantiza una respuesta satisfactoria. De esta forma, el silencio, el aislamiento y la desconfianza pueden convertirse en obstáculos adicionales para enfrentar la violencia sexual.
Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, es importante comprender que la salud mental no depende exclusivamente de las características individuales de cada persona. También está relacionada con las condiciones sociales, las relaciones interpersonales y la calidad de las instituciones con las que la población interactúa diariamente.
En este contexto adquiere especial relevancia el concepto de revictimización secundaria, que se refiere al daño adicional que puede experimentar una víctima como consecuencia de las respuestas inadecuadas de las instituciones o de su entorno después de haber sufrido un delito.
Cuando las decisiones del Estado son interpretadas como una señal de impunidad o de falta de protección, sus efectos pueden extenderse al conjunto de la comunidad. Los espacios que habitualmente representan lugares de encuentro y convivencia, como los barrios, las plazas y los establecimientos educacionales, pueden comenzar a ser percibidos con mayor desconfianza. Esto debilita las relaciones entre vecinos y afecta el sentimiento de pertenencia y seguridad compartida.
En paralelo, las familias pueden asumir una carga emocional cada vez mayor. La preocupación permanente por la seguridad de los hijos, sumada a la sensación de que las instituciones no entregan respuestas suficientes, puede generar un desgaste psicológico significativo. En algunos casos, esta situación puede afectar la autonomía de niños, niñas y adolescentes, quienes terminan desarrollándose en ambientes marcados por el temor y la supervisión excesiva.
La frustración colectiva también puede tener consecuencias sobre la convivencia social. Cuando las personas sienten que los mecanismos institucionales no funcionan adecuadamente, pueden aumentar la polarización, el aislamiento y las manifestaciones de rechazo hacia las autoridades. En situaciones de mayor tensión, incluso puede surgir la justificación de respuestas de justicia por mano propia, fenómeno que refleja una pérdida importante de confianza en los mecanismos formales de resolución de conflictos.
Las experiencias internacionales permiten observar que la relación entre justicia, reconocimiento del daño y salud mental colectiva no es un fenómeno exclusivo de Chile. Un ejemplo relevante se encuentra en Irlanda, donde las investigaciones sobre abusos sexuales sistemáticos, especialmente aquellos ocurridos en instituciones religiosas y establecimientos de cuidado, evidenciaron las graves consecuencias del encubrimiento y de la falta de respuesta institucional. En esos casos, el sufrimiento de las víctimas no estuvo relacionado únicamente con los abusos originales, sino también con la experiencia posterior de no ser escuchadas, protegidas o reconocidas por las autoridades. Estas situaciones contribuyeron a profundizar la desconfianza institucional y el daño psicológico de los sobrevivientes.
Otro antecedente importante corresponde a España y a la aplicación de la ley conocida como «Solo sí es sí». Los problemas asociados a su régimen transitorio y a la revisión de determinadas condenas por delitos sexuales provocaron una importante controversia pública. La aplicación de la nueva normativa permitió reducir penas en numerosos casos y produjo excarcelaciones, lo que generó preocupación entre las víctimas, sus familias y distintos sectores de la sociedad.
Más allá de las diferencias jurídicas entre el caso español y la situación chilena, ambos escenarios permiten reflexionar sobre la importancia de considerar las consecuencias sociales y psicológicas de las decisiones en materia penal. Las modificaciones normativas y los criterios administrativos no ocurren en un espacio aislado: tienen efectos sobre personas concretas, especialmente sobre quienes han sufrido violencia y esperan que el sistema de justicia reconozca el daño experimentado.
Un sistema de justicia no cumple plenamente su función cuando se limita a aplicar normas: también debe ser capaz de transmitir seguridad, reconocer el sufrimiento de las personas y contribuir a reconstruir la confianza social.
En este sentido, las decisiones institucionales deberían incorporar una mirada que no se limite exclusivamente al cumplimiento formal de las normas, sino que también considere la protección de las víctimas, la prevención de nuevos delitos y las consecuencias que determinadas resoluciones pueden tener sobre la confianza pública.
En conclusión, la salud mental de una sociedad está estrechamente vinculada con la manera en que sus instituciones ejercen sus responsabilidades y responden frente a situaciones de especial gravedad. Las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, cuando son percibidas como una señal de desprotección o falta de justicia, pueden generar consecuencias que van mucho más allá del ámbito jurídico.
La pérdida de confianza institucional, el aumento de la ansiedad colectiva, la preocupación permanente de las familias y la posible revictimización de quienes han sufrido abusos constituyen dimensiones que deben ser consideradas al momento de evaluar el impacto de estas decisiones.
Por ello, resulta fundamental que las políticas públicas relacionadas con la justicia penal incorporen una perspectiva integral, que considere no solamente los procedimientos legales, sino también la reparación del daño, la protección efectiva de las víctimas y el bienestar de las comunidades. Un sistema de justicia no cumple plenamente su función cuando se limita a aplicar normas: también debe ser capaz de transmitir seguridad, reconocer el sufrimiento de las personas y contribuir a reconstruir la confianza social.
Dra. Marisol Rossana Prado Villegas, médica cirujana, psiquiatra, académica y política chilena. Fue la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) en 1997, marcando un hito en la historia de la organización estudiantil. Fue la primera médica en ser la Directora Nacional del SML.
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