Parlamentarios y parlamentarias de oposición ingresaron la noche del jueves 12/11 la anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su responsabilidad en la rebaja de condena a delincuentes, incluyendo algunos sentenciados por delitos sexuales contra menores y criminales de lesa humanidad.
Según consignó la prensa nacional, el documento consta de tres capítulos: el primero aborda 56 decretos con rebajas de condena; el segundo, las rebajas otorgadas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura; y el tercero apunta posibles faltas al principio de probidad del ministro Rabat, debido a la entrega de información incompleta o inexacta en sus intervenciones ante el Congreso y también en sus expresiones públicas.
«La oposición sostiene que estas actuaciones habrían dificultado la labor fiscalizadora de los parlamentarios frente a las decisiones adoptadas por el ministerio», mencionó en su crónica la Radio U. de Chile.
Tras el ingreso del libelo, en el Congreso, la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC, afirmó que «como lo dijimos desde un comienzo, esto es por responsabilidad con Chile, con las víctimas. Lo que nosotros estamos haciendo valer es nuestra atribución fiscalizadora como Cámara de Diputados y Diputadas».
«Sé que hubo mucha expectación de los tiempos en que se redactó esta acusación constitucional. Sin embargo, dar la tranquilidad de que esto fue un trabajo responsable, coordinado, en profundo respeto a las víctimas. Es por eso que hoy día de manera conjunta se presentó esta acusación constitucional que se dará cuenta el día lunes», indicó Serrano.
Desde el Frente Amplio, en tanto, emitieron un pronunciamiento colectivo, como partido: «Las víctimas merecen justicia, no impunidad. Respaldamos la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. Las vulneraciones a la ley y los derechos humanos deben tener consecuencias».
Por su parte, el diputado Jaime Araya (IND), uno de los firmantes de la AC, destacó que «presentamos un libelo sólido, con tres capítulos y fundamentos jurídicos contundentes».
Ahora, añadió el diputado por Antofagasta, «que cada parlamentario de la cara y responda si avala la liberación de violadores de niños, narcotraficantes y miembros del Tren de Aragua. Esta decisión tendrá responsables políticos y nadie podrá esconder su voto».
En la misma línea, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, comentó que «no podemos permanecer indiferentes frente a decisiones que pueden favorecer la impunidad de criminales de lesa humanidad y vulnerar los derechos de las víctimas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes».
«Una víctima que ve cómo se alivia la pena de quien le hizo daño siente que el Estado le da la espalda una vez más. Eso no lo vamos a aceptar», sentenció Gazmuri.
Seguiremos informando.
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