El día que Natalia González, la nueva presidenta del Consejo para la Transparencia defendió a Javier Macaya por sentencia a su padre

El Consejo para la Transparencia, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la transparencia en la administración del Estado, anunció este martes a su nueva presidenta: Natalia González, una polémica abogada vinculada a Libertad y Desarrollo, quien ejerció como «experta» de la UDI en el segundo proceso constitucional.

Su designación, sin embargo, ha vuelto a poner sobre la mesa un episodio que generó amplio rechazo en redes sociales y en distintos sectores de la sociedad civil.

En julio de 2024, González protagonizó una polémica intervención en defensa del senador Javier Macaya (UDI), expresidente de ese partido, luego de que se conociera la condena judicial contra su padre, Eduardo Macaya Zentilli, por denuncias de abuso sexual contra niñas, entre ellas, sus propias nietas.

En una entrevista con CNN Radio el año pasado, González instó a tratar al senador “con cariño y respeto”, minimizando el impacto de las denuncias e intentando desvincular al parlamentario de los actos de su progenitor. Habló de una “poca fraternidad en el quehacer político”, aludiendo a que se le “enrostraba a Javier Macaya ser hijo de una persona condenada, tras las declaraciones que había hecho un tiempo atrás”.

“No corresponde cargarle una culpa ajena, en la difícil situación en que se encuentra Javier Macaya y su familia”, declaró entonces, generando duras críticas por su falta de empatía con las víctimas y por invisibilizar el sufrimiento de quienes denunciaron los abusos.

Tras estas declaraciones, Marcela Ríos (FA), exministra de Justicia y Derechos Humanos, quien también participaba en el debate, criticó duramente a González: “Yo, en realidad, lamento lo que están sufriendo las niñas que fueron víctimas de abuso sexual, y es una de las cosas que me llamó la atención en la declaración del senador (Javier Macaya): en ningún momento hubo una sola palabra de empatía con las víctimas”.

Además, fue enfática al declarar: “Eso es un serio problema ético. Creo que, con todo lo que ha ocurrido y los diversos casos de abuso sexual en nuestro país, y lo difícil que ha sido para autoridades religiosas o políticas, todo lo que sabemos sobre lo difícil que ha sido denunciar y el costo de la revictimización”, concluyó Ríos.