El precio de irse

Por Natalia Reyes Inostroza

Cuando se habla de violencia de pareja, suele asumirse que el momento decisivo es aquel en que una mujer toma conciencia de lo que ocurre y decide terminar la relación. Esa mirada simplifica un proceso mucho más complejo. Salir de una relación violenta no depende únicamente de reconocer el daño o de contar con ingresos propios, sino de la posibilidad real de reconstruir una vida autónoma sin que la ruptura implique un deterioro económico, familiar y de cuidados que resulte imposible sostener.

La violencia económica tampoco puede entenderse únicamente como falta de dinero. Puede existir incluso cuando hay empleo, ingresos estables o independencia formal. Su núcleo está en el control de las condiciones de vida, en quién administra los recursos, quién decide sobre ellos y cuánto margen existe para tomar decisiones propias. Una mujer puede tener ingresos y, al mismo tiempo, carecer de autonomía efectiva.

Esta distinción resulta especialmente relevante cuando existen hijos. La separación no es solamente el término de una relación de pareja. Supone reorganizar la vivienda, los ingresos, los cuidados y la vida cotidiana, al mismo tiempo que deben resolverse jurídicamente materias que mantendrán vinculados a los progenitores durante años. La mujer puede dejar de convivir con quien ejerció violencia, pero seguir dependiendo de él para el cumplimiento de sus obligaciones económicas y teniendo que relacionarse con él respecto del cuidado y de la vida de sus hijos.

Ahí aparece una forma de vulnerabilidad que no siempre es visible cuando se analiza la violencia únicamente desde la convivencia. El temor puede trasladarse hacia lo que ocurre después de la separación. Qué pasará con los hijos cuando estén con el otro progenitor, si cumplirá los acuerdos, si pagará oportunamente los alimentos, cómo responderá frente a nuevas situaciones de conflicto o cuánto tiempo deberá recurrir a los tribunales para obtener protección. La pregunta deja de ser solamente cómo terminar una relación y pasa a ser cómo sostener la vida después de haberla terminado.

Por eso, preguntar simplemente “¿por qué no se va?” resulta insuficiente. Traslada a una decisión individual un problema que también está determinado por las condiciones materiales, familiares e institucionales en que esa decisión debe ejecutarse. Una mujer puede saber que debe terminar una relación y, al mismo tiempo, evaluar que las consecuencias de hacerlo pueden poner en riesgo la estabilidad de sus hijos o su propia capacidad para sostenerlos.

Esto no significa justificar la permanencia ni relativizar la responsabilidad de quien ejerce violencia. Significa comprender que la autonomía no siempre existe plenamente antes de la ruptura. Muchas veces debe construirse durante y después de ella, mediante condiciones concretas que permitan sostener una vivienda, ingresos, cuidados, protección y una vida cotidiana que no dependa del agresor.

El derecho de familia enfrenta aquí una dificultad que no puede resolverse únicamente con la existencia de normas de protección. Cuando hay hijos, la separación no necesariamente elimina el vínculo con quien ejerció violencia. La pareja termina, pero permanecen obligaciones y decisiones relativas a alimentos, cuidado personal y relación directa y regular. Por eso, proteger a una mujer no significa solamente permitirle salir del hogar. También significa considerar las condiciones en que quedará cuando esa salida se produzca.

La pregunta relevante, entonces, no debería ser únicamente por qué una mujer demoró en irse. Deberíamos preguntarnos qué condiciones necesita para hacerlo sin quedar expuesta a una vulnerabilidad todavía mayor. Porque salir de una relación violenta no debería exigirle a una mujer reconstruir su vida desde cero para recién entonces poder ejercer su autonomía.

Por Natalia Reyes Inostroza

Abogada

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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