El recordatorio de Human Rights Watch a Chile: Se necesitan cambios estructurales al sistema disciplinario y a los protocolos de Carabineros

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó esta semana su Informe Mundial 2022, el cual en su capítulo chileno, recordó que a nuestro país que «todavía es necesario realizar cambios estructurales al sistema disciplinario y a los protocolos policiales» de Carabineros.

«Chile ha dado pasos iniciales para reformar la policía nacional, conocida como Carabineros, en respuesta a las denuncias de graves abusos contra manifestantes cometidos en 2019», señala el reporte, el cual destaca que «desde 2019, se han presentado cientos de denuncias por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos, que han motivado iniciativas para reformar a la fuerza policial».

En este punto, HRW detalló que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) «denunció 460 casos de lesiones oculares presuntamente causadas por policías entre octubre de 2019 y marzo de 2020», mientras que «el Hospital del Salvador de Santiago informó haber tratado 182 casos de traumatismos oculares causados por proyectiles de impacto cinético presuntamente disparados por escopetas antidisturbios de la policía entre octubre y noviembre de 2019».

«En noviembre de 2019, por recomendación de Human Rights Watch, Carabineros suspendió provisoriamente el uso de escopetas antidisturbios -que utilizan municiones menos letales-, salvo cuando existiera un peligro inminente de muerte. No obstante, en julio de 2020, Carabineros actualizó su protocolo sobre estas escopetas dejando un amplio margen para que se cometan abusos», advierte el informe.

Desde la organización internacional aseguran que dicho protocolo «establece que su uso deberá ser preferentemente, pero no exclusivamente, defensivo. También permite usar escopetas antidisturbios para defender cuarteles policiales, lo que podría incluir casos en los cuales manifestantes arrojen piedras contra un edificio policial. El protocolo no especifica qué tipo de proyectiles menos letales pueden utilizarse y, por lo tanto, permitiría el uso del mismo tipo de perdigones que causaron cientos de lesiones oculares en 2019 y 2020».

«Además, no determina a qué distancia mínima de los manifestantes la policía debería disparar, y en algunas circunstancias incluso le permite disparar apuntando a cualquier parte del cuerpo», añade el documento.

Cámaras corporales

El informe de HRW se refirió también al protocolo sobre videocámaras corporales adoptado por Carabineros en enero de 2020, «que brinda a los policías total control para iniciar y detener las grabaciones. El protocolo les exige que comiencen a grabar justo antes de empezar a disparar con una escopeta antidisturbios, lo que implica que no quedaría grabada la situación previa, la cual podría demostrar si el uso de la fuerza estaba justificado o no», resalta el reporte.

Este protocolo también establece que las grabaciones son confidenciales, «incluso con respecto a víctimas de uso excesivo de la fuerza policial, a menos que fiscales o jueces soliciten el acceso a las grabaciones dentro de un período de apenas 30 días. Una vez transcurrido ese plazo, la mayoría de las grabaciones se eliminarán».

Finalmente, HRW cuestionó las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno de Piñera, que ha presentado «diferentes proyectos de ley de reforma policial que aumentarían la supervisión y la transparencia, pero que no reforman el régimen disciplinario de Carabineros, y no garantiza que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales».

Gravísima impunidad

Otro aspecto importante abordado por Human Rights Watch es el de la impunidad policial frente a las violaciones a los Derechos Humanos: «La Fiscalía puso en marcha 8.581 investigaciones sobre presuntos abusos policiales cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Para enero de 2021, había cerrado más del 35 % sin presentar cargos. Hasta septiembre, solamente cinco carabineros habían sido condenados, informó el INDH», indica el documento.

«En julio, Carabineros indicó haber iniciado 1.433 investigaciones administrativas por participación en hechos de violencia, que resultaron en 158 sanciones disciplinarias, incluyendo la desvinculación de 22 agentes de la fuerza policial. Carabineros señaló que está analizando la posibilidad de expulsar a otros 21 policías», puntualizaron desde HRW.

En el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch se abordaron varios otros aspectos que marcaron el último año en nuestro país, tales como los Derechos de refugiados, migrantes, indígenas, mujeres y niñas, orientación sexual e identidad de género, condiciones en centros de detención y prisión preventiva, libertad de expresión y derechos de las personas con discapacidad, por mencionar algunos.

Lee el reporte completo (correspondiente a Chile) AQUÍ