Por Catalina Barrios Benavente
El gobierno de Chile había iniciado un séptimo intento por licitar el Embalse Nueva La Punilla, un proyecto hídrico que arrastra más de una década de denuncias, conflictos territoriales, ilegalidades ambientales y una férrea oposición por parte de la comunidad de San Fabián, en la Región de Ñuble. Sin embargo, este nuevo proceso licitatorio volvió a fracasar: ninguna empresa se presentó como oferente antes del plazo límite, que vencía este viernes 13 de junio.
Para las comunidades locales, se trata de una buena noticia y una señal del creciente desgaste del proyecto. “Una vez más, no hubo oferentes para la licitación del embalse La Punilla. Es una señal clara del fracaso de un modelo de desarrollo que insiste en imponerse sin participación, sin justicia ambiental, y a costa de nuestros territorios. Seguiremos alertas, porque no basta con frenar licitaciones: exigimos su cancelación definitiva”, declara Karina Constanzo, presidenta del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, Ñuble Libre.
Pese a que la Corte Suprema anuló la Resolución de Calificación Ambiental de la línea de alta tensión asociada al proyecto, por considerarla ilegal, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa empujando su construcción, esta vez sin el componente energético. En paralelo, aumentó el presupuesto destinado a la obra en más de un 20%, alcanzando un total de más de $413 mil millones.
El embalse Nueva La Punilla, que se pretende instalar sobre el río Ñuble, afectaría directamente a comunidades rurales, ecosistemas de alto valor biológico, y una de las entradas a la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja. Según investigaciones, como la publicada por el medio internacional Dialogue Earth, el embalse inundaría parte del bosque caducifolio de la cordillera de Ñuble, uno de los más amenazados del país; afectaría directamente al hábitat del huemul, especie en peligro de extinción; y pondría en riesgo el sustento de las familias del sector.
“Nos damos cuenta de que hay una fuerza muy poderosa que persigue concretar la construcción de este embalse a toda costa, pasando por alto los mínimos que exige la ley”, denuncian desde la organización, que ha sostenido reuniones con autoridades como las ministras Jessica López (MOP) y Maisa Rojas (Medio Ambiente), sin recibir respuestas satisfactorias.
A ojos de la comunidad, el proyecto no es una solución hídrica, sino una amenaza. Su supuesta utilidad para el agro está cuestionada por los impactos socioambientales no resueltos, el desplazamiento forzado de familias y la vulneración de zonas de alto valor ecosistémico. La falta de respuestas claras por parte del gobierno y las ilegalidades ya confirmadas por la justicia, alimentan la desconfianza de la población frente a una obra que ha sido rediseñada múltiples veces, sin corregir sus impactos más graves.
Pese a todo, Ñuble Libre afirma que seguirá movilizada. “No bajaremos los brazos. Nuestra vida se aferra a nuestro territorio y comprendemos que nuestro bienestar depende del suyo”, concluyen.
Créditos fotografía: Nicole Kramm para Dialogue Earth.