En defensa del derecho a participar

Por Mabel Cobos Fontana y Juan Cayo Rivera

En los últimos días, hemos sido testigos de una ofensiva discursiva destinada a desprestigiar a las organizaciones de la sociedad civil que participan en procesos de evaluación ambiental. Diferentes editoriales acusan a las ONG de “distorsionar”; todo esto no son hechos aislados ni originales. Se trata de una estrategia cada vez más recurrente —en Chile y en otros países— que busca instalar una narrativa populista del tipo “amigo-enemigo”, presentando a la sociedad civil organizada como el obstáculo a la inversión y al desarrollo.

Esta lógica no sólo es profundamente antidemocrática, sino que también desconoce —o pretende desconocer— los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos, participación y protección ambiental, como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este derecho a la participación ciudadana se encuentra además consagrado en la legislación nacional, específicamente en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y además en el reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 40, que reconoce y regula mecanismos concretos para que la ciudadanía se involucre en los procesos de evaluación ambiental. Las ONG y comunidades no solo tienen el derecho de participar en estos procesos, sino que muchas veces lo hacen para revisar las decisiones que se toman en distintos territorios, y que afectan su salud, cultura y forma de vida, en contextos donde el acceso a la información, la justicia ambiental y la reparación siguen siendo precarios.

Lo que se presenta como una crítica técnica a los procesos de evaluación ambiental, en realidad esconde una agenda clara: desmantelar los mecanismos de participación ciudadana y favorecer un modelo extractivista sin contrapesos sociales. En Chile le llaman “permisología”; en otros países, como Estados Unidos, Australia y Canadá, esta ofensiva se ha expresado bajo otros nombres, pero responde a la misma estrategia: reducir los estándares ambientales para hacer más expeditas las inversiones, aún a costa de los ecosistemas y las comunidades, y la vulneración de sus derechos.

Es urgente denunciar esta operación ideológica. Reducir la participación ciudadana a un “estorbo burocrático” es una forma encubierta de autoritarismo. Significa excluir del debate público a quienes viven en los territorios afectados, a quienes sufren las consecuencias de la contaminación, el despojo y el deterioro ambiental. Significa también desconocer el rol histórico que han tenido las organizaciones sociales y ambientales para avanzar en normas, estándares y jurisprudencia que hoy son parte del derecho vigente.

Pero esta no es solo una disputa de narrativas. Lo que está en juego es la posibilidad real de construir una transición socioecológica justa, una agenda que ha sido planteada como política por el actual gobierno. La disputa de fondo es qué entendemos por desarrollo e inversión. ¿Quién define qué es “desarrollo”? ¿A qué costo y a favor de quiénes? En lugar de quedarnos atrapados en la lógica binaria de “desarrollo vs derechos”, es momento de cuestionar profundamente el modelo que ha generado la actual crisis climática, la desigualdad territorial y la pérdida de biodiversidad.

No es casual que estos discursos surjan justo cuando las comunidades exigen mayor transparencia en las decisiones, cuando se cuestiona la falta de fiscalización, o cuando se detienen proyectos por vulnerar derechos fundamentales. Tampoco es casual que utilicen palabras como “industria de las ONG” o “judicialización ambiental” para esconder el hecho de que muchas veces es el propio Estado o las empresas quienes incumplen sus obligaciones.

Reivindicamos el derecho a participar, a cuestionar y a transformar. Y lo haremos las veces que sea necesario. Porque los derechos no son un privilegio. La defensa de los derechos humanos y la protección ambiental no pueden hipotecarse por intereses mezquinos. La democracia se construye con diálogo, justicia y participación activa de todas y todos.

Por Mabel Cobos Fontana y Juan Cayo Rivera

Observatorio Ciudadano. Plataforma chilena de la sociedad civil sobre derechos humanos y empresas.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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