¡En plena pandemia! Brazo inmobiliario de LarraínVial inició acciones contra 250 de sus deudores para quedarse con sus casas

“Prestarle dinero a gente que no tiene capacidad de pago, ese es el gran negocio. La mayoría de las personas que accedieron a este sistema están desesperadas, porque tienen graves problemas económico", explicó el abogado Gonzalo Gallardo, quien representa a un grupo de 65 deudores de San Sebastián Inmobiliaria.

Por Ciudadano

15/01/2021

Publicado en

Chile / Portada

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En medio de la crisis económica y social generada en 2020 el país por la pandemia de COVID-19,  la empresa San Sebastián Inmobiliaria, perteneciente a LarraínVial,  inició acciones para quedarse con las casas de más de 250 de sus deudores que no pudieron seguir pagando y que habían cedido sus inmuebles como garantía.

Según un reportaje publicado por CIPER el jueves 14 enero de 2021, San Sebastián Inmobiliaria inició juicios arbitrales por deuda morosa contra estas cientos de familias que cedieron la propiedad de sus casas bajo la promesa de recomprarla al saldar la deuda.

La gran mayoría de los deudores son personas con trabajos precarios y capacidad de pago limitada por lo que no tienen acceso a los créditos otorgados por los bancos y entidades financiera, por lo que optaron por recurrir a la oferta de San Sebastián: conseguir dinero vendiendo su casa y recomprándola. De este modo, recibirían el monto de la tasación que entregaba la misma empresa y luego pagarían en cuotas, calculadas en UF y con un interés de 11% a 13%.

No obstante, San Sebastián tiene un criterio férreo: a la tercera cuota en mora sucesiva se activa la solicitud de arbitraje

“Prestarle dinero a gente que no tiene capacidad de pago, ese es el gran negocio. La mayoría de las personas que accedieron a este sistema están desesperadas, porque tienen graves problemas económicos. Firman estos contratos por pura necesidad y actualmente están en shock. Les avisan que perdieron su casa y con la deuda acumulada tampoco tienen dinero para financiar una defensa. Es complicado, porque al inicio de la transacción ya has vendido tu casa. Está hecho y es difícil de deshacer”, explicó a CIPER el abogado Gonzalo Gallardo, quien representa a un grupo de 65 deudores, cuatro de los cuales ya presentaron un recurso ante la justicia.

La empresa respondió por escrito las consultas del citado medio, e indicó que los casos en los que ha pedido un juicio arbitral que sigue vigente corresponden solo a un 2% de su cartera de clientes. También aseguró que, desde el inicio de la pandemia, ha dado facilidades a quienes han presentado problemas de pago.

Sin embargo, al revisar los registros del Poder Judicial se pudo constatar que San Sebastián Inmobiliaria inició acciones solicitando arbitraje judicial –el primer paso para el desalojo– al menos contra 252 personas después de que se decretó el estado de Emergencia por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, desde que estalló la revuelta social, en octubre de 2019, la empresa ha solicitado arbitrajes para más de 500 propiedades en todo el país.

Varios de los deudores señalaron que no sabían que habían sido demandados hasta que les llegó una carta pidiendo que abandonaran su hogar. Otros tantos ya tuvieron que dejarlo.

Este esquema ha levantado las dudas en los afectado,  quienes considera que es similar al usado por Eurolatina, la empresa que en los ‘90 aprovechó la falta de regulación del sistema financiero para quedarse con las casas de cientos de personas de escasos recursos.

“A todos nos hicieron firmar sabiendo que la casa iba a ser de ellos (San Sebastián), de una u otra manera. Ellos quieren la propiedad, y saben que en algún momento la perderemos porque no podemos pagar», dijo a CIPER Claudia Serey, una de las demandadas por la empresa.

El abogado Gonzalo Gallardo, explicó al citado medio, que tanto las demandas de San Sebastián como su recurso de nulidad están paralizados por la ley publicada el primero de abril pasado, que ordenó detener las causas civiles por la pandemia.

Recalcó que aunque los procesos judiciales no pueden avanzar y terminar en el remate de las casas, sus defendidos tampoco pueden detener definitivamente el proceso.

El abogado de San Sebastián, Rodrigo Cifuentes, confirmó a CIPER la paralización: “Todas las causas que no tenían sentencia quedaron paradas”. Cifuentes se negó a profundizar sobre las razones de la empresa para seguir iniciando juicios arbitrales a pesar de la crisis sanitaria. “No puedo responder sobre eso. Soy un abogado externo. Eso le corresponde a San Sebastián”, explicó.

Cláusulas abusivas

En marzo de 2017, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva contra San Sebastián Inmobiliaria, en la Corte de Apelaciones de Santiago, tras identificar “cláusulas abusivas” en los contratos de la empresa.

Según indicó por escrito a CIPER el director del Servicio, Lucas del Villar, esas cláusulas incluían, “por ejemplo, disposiciones que los obligaban a contratar seguros no autorizados por ley; cláusulas que limitaban la responsabilidad de la empresa; cláusulas que establecen mandatos irrevocables en beneficio de la empresa; entre otras”.

Brazo inmobiliario de LarraínVial

Según las investigaciones del citado medio, la empresa es parte del organigrama societario de LarraínVial.

 La memoria 2019 de San Sebastián explica así la relación: “San Sebastián Inmobiliaria es controlada por Activa Private DEBT SpA, sociedad que tiene el 99,99% de la propiedad”. El 0,01% restante le pertenece a Asesorías Larraín Vial Ltda. El documento describe luego al controlador de la propiedad: “Activa Private DEBT SpA es controlada por Activa SpA con un 100%. A su vez, Activa SpA es controlada por Larraín Vial SpA con un 72,48% .

Morosidad en tiempos de pandemia

Desde LarraínVial contestaron por correo a las consultas de CIPER, a través de su jefe de Comunicaciones, Benjamín Píriz, quien señaló que: «dado que el tema es sobre San Sebastián, le corresponde a ellos referirse a él; LarrainVial es accionista a través de su brazo de activos alternativos”.

No obstante, agregó que “San Sebastián cuenta con más de 2.500 clientes en sus 13 años de existencia, y nunca ha recibido demanda, denuncia o reclamo por cláusulas abusivas en sus contratos. La única situación que enfrenta actualmente es una demanda de oficio presentada por el Sernac el año 2017 en los tribunales civiles, por supuestas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor”.

Posteriormente, San Sebastián respondió por escrito a CIPER en un correo enviado por el mismo Benjamín Píriz, en el cual la empresa indicó que durante la pandemia decidió ampliar a seis el número de cuotas en mora para iniciar el juicio arbitral e incorporó fórmulas de reprogramación de pagos que benefician a deudores con hasta cuatro dividendos en mora:

“Desde el inicio de esta pandemia (marzo 2020) San Sebastián Inmobiliaria ha implementado programas de reprogramación de cuotas, conocidos como ‘Beneficio Covid’, por hasta 6 cuotas, a pagarse a partir de enero 2021 sin recargo de interés o gasto alguno, los que hemos hecho disponibles no solo a los clientes con sus pagos al día, sino que también a los clientes con hasta 4 dividendos en mora. Respecto a las solicitudes de arbitraje, sólo se realizan en casos con más de 6 dividendos en mora, y en la gran mayoría (más del 75% de los casos) se llega a acuerdos con los clientes antes de la sentencia en la cual se designa el juez árbitro que conocerá la causa. Este año hay solicitudes de designación de árbitro vigentes equivalentes a sólo el 2% de nuestra base de clientes”.

Sin embargo, el abogado Gonzalo Gallardo, quien representa a un grupo de 65 deudores, señaló que «la declaración sobre ese 2% no se puede probar, porque esos antecedentes no están disponibles. Eso es algo que dicen ellos y lo dudo”.

“Lo dramático de esto es que independiente de que ellos hayan iniciado procesos de demanda durante la pandemia o no, la gente transfirió sus casas cuando firmaron el contrato, por lo que son propiedad de San Sebastián. Y la pueden recuperar en la medida en que paguen lo pactado, pero evidentemente no pueden, porque nunca fueron sujetos con capacidad de pago”, subrayó.

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