Rechazo en redes sociales

“En riesgo lo que hemos recuperado”: Protocolo de aborto permite a clínicas objetoras de conciencia mantener convenios con el Estado

“Esto es una maniobra del Gobierno para buscar vía administrativa, de una forma completamente antidemocrática, frenar una ley que salió con apoyo mayoritario de la Cámara y el Senado tras muchos años de tramitación”, señaló la diputada Karol Cariola.

Por Felipe Menares

23/03/2018

Publicado en

Chile / Derechos Humanos / Género / Portada / Salud

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Polémica ha generado la modificación que el Ministerio de Salud realizó sobre el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales. Este viernes, el Diario Oficial dio cuenta de las modificaciones introducidas por el gobierno de Sebastián Piñera, medidas que permitirán a las instituciones privadas que se declaren objetoras de conciencia mantener convenios con el Estado.

A pesar del rechazo expresado por diversos actores, la medida ya estaba en el radar del gobierno de Sebastián Piñera. Días atrás, el ministro de Salud, Emilio Santelices, había dado a conocer las intenciones del Ejecutivo de modificar el documento.

“Sobre la objeción de conciencia y las dificultades que ha habido en el protocolo, la autoridad siempre va a estar disponible para revisar los protocolos, toda vez que los actores, o los prestadores de salud, encuentren observaciones que sean susceptibles de optimizar”, afirmó el secretario de Estado.

La iniciativa del gobierno confluye con las acciones judiciales emprendidas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Clínica Alemana de Osorno, puesto que ambas instituciones presentaron recursos de protección para impedir la aplicación del protocolo, claro que la casa de estudios desistió posteriormente.

Durante esta jornada, la diputada comunista y miembro de la Comisión de Salud, Karol Cariola, afirmó a La Tercera que la modificación impulsada por el Gobierno “da cuenta de que estas instituciones [NdR: se refiere a las clínicas objetoras de conciencia] van a recibir recursos por prestaciones que no van a entregar y eso es algo que no corresponde”.

“Esto es una maniobra del Gobierno para buscar vía administrativa, de una forma completamente antidemocrática, frenar una ley que salió con apoyo mayoritario de la Cámara y el Senado tras muchos años de tramitación. Quieren por esta vía hacer inviable la ley”, añadió la parlamentaria.

En redes sociales también se expresó un rotundo repudio al nuevo protocolo.

El Ciudadano

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