En un gobierno elegido «como Dios manda», ¿quién manda?

Por Diego Inostroza Lucas

El Estado de Chile, desde que se independiza de la Corona Española y se organiza en una República hecha y derecha, ha pasado por diversos procesos históricos y sociales de secularización.

Son varios los hitos y acontecimientos que podemos nombrar. Desde “La Cuestión del Sacristán” en 1856, pasando por la Ley Interpretativa de Libertad de Cultos de 1865, y las Leyes Laicas de 1883 y 1884 en el gobierno del Presidente Domingo Santa María, los que llevaron al Estado chileno a separarse de la Iglesia Católica de manera formal y definitiva en la Constitución de la República del año 1925.

Este asunto no parece estar actualmente en el centro del debate y parece ser un asunto zanjado y enterrado definitivamente hace 101 años atrás. El proceso lo explica muy objetivamente la historiadora Sol Serrano en su libro Que hacer con Dios en la República.

Sin embargo, durante los últimos meses, poco a poco se han ido activando ciertas alarmas de peligro ante algunas amenazas a la relación de nuestra sociedad democrática y la, al menos esperada, neutralidad religiosa institucional.

¿A quién no le ha llamado la atención que se celebren al menos 4 misas semanales en dependencias de La Moneda y que se destinen espacios y fondos públicos para la celebración de cultos?

¿No parece extraño, en un Estado implícitamente aconfesional, que el Ministerio del Deporte, a través de la entonces ministra Natalia Ducó, haya contratado a un guía espiritual o “chamán” por el monto de $4.119.545 con la finalidad de asesorarla en la toma de decisiones relativas a su cargo?

¿No nos extraña que el Estado, a través de este gobierno, haya decidido otorgar financiamiento público a una serie de organizaciones religiosas por un monto total de $5.900.000.000 con el fin de construir centros comunitarios religiosos y de culto?

Esto ya comienza a pasar de lo anecdótico a lo preocupante, porque no parece ser una simple desorientación, sino una cuestionable confusión respecto a la laicidad abierta y aconfesional del Estado, intentándose implementar un multiconfesionalismo de Estado que resulta improcedente e impracticable.

Y es precisamente aquí donde conviene recordar que la religión es un derecho y no un deber, pero dadas las actuales contingencias, hoy resulta necesario repetir.

Cada ciudadano tiene plena libertad para creer, no creer, cambiar de religión, practicarla y manifestarla. Pero esa libertad no puede transformarse en una obligación para el resto de la sociedad.

Como plantea Fernando Savater en sus “Cinco tesis sobre el laicismo” descritas en su libro Vida Eterna, las creencias religiosas tienen acogida en una sociedad laica precisamente en cuanto es un derecho de quienes las profesan, pero no como deber que pueda imponerse a quienes no las comparten.

La ciudadanía parece irritarse y con justa razón. Porque una cosa es que un candidato, sector o partido político base en su supuesta superioridad moral de su dios o dioses para negar y restringir derechos que parecen ser de perogrullo atingente revisar, y otra muy distinta que se gobierne un país completo en base a valores dogmáticos por sobre otras fuentes éticas.

Y esta conducta se repite cada vez que se proponen avances legales y de desarrollo civilizatorio. Porque, convengamos que las religiones pueden establecer pecados para sus creyentes, pero no delitos para toda la sociedad.

Una persona puede considerar moralmente reprochable una conducta determinada porque así se lo dicta su fe, pero en una democracia las leyes no pueden fundarse exclusivamente en aquello que una determinada confesión considera pecado. La ley debe ser común para creyentes, agnósticos y ateos.

Como sostiene Savater, son las religiones las que deben acomodarse a las leyes de la sociedad democrática y no las leyes las que deben acomodarse a los dogmas religiosos.

Parece ser que existe un acuerdo histórico, legal y deber constitucional del Estado de proteger y garantizar la libertad de expresión, de conciencia y de culto, por supuesto también su ejercicio, en condiciones de estricta igualdad a través de la laicidad. Y esa igualdad también debe comenzar por aquello que el Estado enseña.

La educación pública debe transmitir conocimientos susceptibles de ser contrastados, junto con aquellos valores civiles y constitucionales que permiten que personas diferentes puedan convivir bajo las mismas reglas.

Entonces parece mucho más razonable partir por la efectiva supresión de la asignatura de religión en las escuelas públicas y no por eliminación del derecho a recibir un PC (personal computer, para los menos curtidos en el idioma inglés).

Aclaro que esto no significa que el Estado deba declararse enemigo de la religión. Todo lo contrario. La laicidad permite precisamente que todas las religiones puedan existir y expresarse sin que ninguna tenga el privilegio de convertirse en religión oficial, doctrina estatal o fuente exclusiva de legitimidad moral.

El Estado laico no persigue la fe sino que la protege como libertad individual y colectiva, no como verdad oficial del Estado.

El laicismo no solo debe poner límites a la pretensión de una religión de imponerse sobre la sociedad. También debe ser capaz de enfrentar cualquier otra forma de sectarismo identitario que pretenda situarse por encima de la igualdad.

La religión no es la única “identidad” que puede reclamar privilegios. También pueden hacerlo el nacionalismo o cualquier otra pertenencia colectiva cuando pretende determinar quién merece más derechos que otro. La ciudadanía y la democrática deben estar por encima de esas diferencias.

Es justamente aquí donde debemos preguntarnos, defender y reafirmar que Chile es realmente un Estado Laico y manifestarlo en la práctica.

Para continuar con la explicación de este concepto, que hasta ahora veníamos silenciosamente practicando en mayor o menor medida, la laicidad no significa que el Estado deba ser ateo, ni que las personas deban abandonar sus creencias al ingresar a un edificio público.

Por el contrario, significa que ninguna persona tenga que creer en el Dios de otro para ser un ciudadano plenamente igual.

En una sociedad democrática pueden convivir católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, creyentes de otras religiones, agnósticos y ateos. Todos ellos pueden tener sus propias convicciones morales y religiosas. Pero cuando se gobierna para todos, las razones que justifican las decisiones del Estado deben poder sostenerse ante todos, no solamente ante quienes comparten una determinada fe.

Ese es, finalmente, el sentido más profundo de la laicidad, que el Estado no tenga religión, precisamente para que sus ciudadanos puedan tenerla o no tenerla y que esta elección sea libre.

Y por eso la pregunta inicial. En un gobierno elegido “como Dios manda”, ¿quién manda? ¿Manda Dios? ¿O manda la Constitución, la ley y la voluntad soberana de ciudadanos iguales en dignidad y derechos?

Diego Inostroza Lucas