Por Ignacio Silva Neira, director ejecutivo Observatorio de Políticas Económicas (OPES)
Recientemente, el Presidente José Antonio Kast confirmó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Donald Trump.
El gobierno lo presenta como un mecanismo contra el crimen organizado, pero la declaración tiene tres ejes y el primero es el económico: control de inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos y proveedores confiables de infraestructura digital.
Es decir, mucho de las preocupaciones de Estados Unidos y poco de los desafíos latinoamericanos; poco de narcotráfico y mucho de la disputa con China.
En un contexto en que Estados Unidos cambia unilateralmente las reglas del comercio y desconoce los tratados que firmó, el Escudo es un paso más hacia reglas hechas a la medida de Washington. Para los países del sur, se parece más a una subyugación a ciegas que a un camino de desarrollo: su soberanía queda reducida a elegir entre Estados Unidos y China, sin haber discutido antes su propia agenda de desarrollo.
Algunas cifras nos muestran este relato. En 2008, Estados Unidos recibía el 22,6% de las exportaciones de los catorce países latinoamericanos firmantes y China, el 7,5%. En 2023, China llegó al 19,9% y Estados Unidos cayó al 19,4%.
El Escudo pide coordinar la política económica contra el principal comprador, en favor de un socio que lleva 15 años perdiendo peso. Además, más del 81% de lo que exporta el grupo son productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales, frente al 75% de 2008.
En ese segmento, China pasó de 8% a 26% y Estados Unidos cayó de 26% a 19%. Para el sur, la agenda de materias primas profundiza la reprimarización y para Washington, es recuperar el terreno donde más ha perdido.
Respecto al control de inversiones, Estados Unidos ha adoptado mecanismos de evaluación basados en la seguridad nacional para proteger su liderazgo tecnológico. Chile podría necesitar uno propio, pero con otros criterios: transferencia de tecnología, encadenamientos productivos y proveedores locales.
Hay experiencias con inversión china que apuntan en esa dirección: en Colombia, el primer bus eléctrico articulado ensamblado en el país incorporó cerca de un 70% de materiales colombianos en su carrocería; en Brasil, ingenieros chinos y brasileños desarrollaron un motor híbrido a etanol para el mercado local. Un mecanismo diseñado desde Washington tendería a excluir justamente eso.
En minerales críticos, Chile concentra cerca de un cuarto de las reservas mundiales de litio y Argentina, un 12%; entre 2019 y 2022 explicaron el 94% de las importaciones de litio de Estados Unidos.
La diversificación que promete el Escudo es la del comprador. La reciente sobretasa dejó exento el carbonato de litio, pero no los materiales para baterías. Con ello, se valora a Chile como proveedor de insumos, no de valor agregado.
Lo mismo ocurre en lo digital: según la CEPAL, cada millón de dólares invertido en procesamiento y alojamiento de datos genera 0,37 empleos, frente a 8 en manufactura. Chile aporta la parte extractiva mientras las rentas tecnológicas quedan en Estados Unidos.
Durante décadas, Chile aceptó reducir su espacio de política industrial a cambio de reglas comunes y hoy entrega todavía más a cambio de menos. ¿Por qué, entonces, ni Brasil ni México forman parte del Escudo? Más allá de la orientación de sus gobiernos, son países que hoy promueven activamente su industria.
La pregunta de fondo no es si Chile debe elegir entre Estados Unidos y China, sino por qué debería elegir. Un país pequeño gana cuando amplía sus opciones y el Escudo las reduce a cambio de una declaración de intenciones.
Quien se protege con él no es Chile, es Washington, que busca retener por la vía política lo que viene perdiendo en el mercado.
Ignacio Silva Neira, director ejecutivo Observatorio de Políticas Económicas (OPES)
