Especialista en seguridad pública considera prudente derogar ley de identidad preventiva

Las protestas de los viernes en Chile se han intensificado tras la muerte a tiros del malabarista Francisco Martínez por Carabineros en medio de un control de identidad, un crimen que nuevamente puso en entredicho esta medida preventiva que según los especialistas es abusiva, discriminatoria, ineficaz y producto del populismo punitivo.

La socióloga, académica de la Universidad de Santiago y especialista en seguridad pública, Lucía Dammert, tras la muerte a balazos dl artista callejero Francisco Martínez, ocurrida el 5 de febrero de 2021, opina que se debiera «tratar de derogar la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos», opinó en conversación con Sputnik.

El actual control de identidad, normativa contenida en la ley 20.931 y aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet (2014-2018), fue resultado de la modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal chileno (CPP), que permite a los funcionarios policiales, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en la vía pública, lugares públicos y lugares privados con acceso público. La identidad se puede verificar mediante la cédula, licencia de conducir, pasaporte o incluso la tarjeta estudiantil.

En el caso de que la persona no pueda o no quiera acreditar su identidad, o proporcione una identidad falsa, se arriesgará a una multa y puede ser llevada a la unidad policial más cercana a fin de ser identificada. Si hubiera una orden de prisión pendiente, la persona será detenida.

Esta última situación es la que justifica, según las autoridades, el uso de este procedimiento de control, que para Dammert, docente y especialista en seguridad pública, es una medida que en rigor no sirve «porque al final menos del 2% genera algún tipo de procedimiento policial posterior, pero aumenta notablemente la mala relación entre Carabineros y aquellos que son constantemente indagados».

Esta cifra está respaldada por los datos recopilados por la fundación Chile21, a través de su Monitor de Seguridad, en la que se detalla que en el año 2020 se realizaron 5,6 millones, de estos controles, y menos de 2% de ellos resultó en una detención. Porcentaje del que se desconoce si responde a delincuentes buscados por la Justicia por algún delito o por pensiones alimenticias.

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