“Esto huele podrido a corrupción”: Manouchehri y Cicardini llevan a Fiscalía pagos de Dominga al estudio de Lagos y Vargas

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos vinculados a más de $250 millones que el proyecto minero-portuario Dominga transfirió al estudio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, en el mismo período en que se definía en tribunales el futuro de la cuestionada minera.

Según detallaron los parlamentarios, la acción judicial se sostiene en un reportaje del medio Reportea, que reveló transferencias por más de $250 millones desde Dominga —a través de Andes Iron, la empresa detrás del proyecto— a la oficina de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos imputados en la denominada trama Bielorrusa.

El reportaje indica que estos pagos se realizaron entre marzo y diciembre de 2023, coincidiendo con el período en que se resolvía judicialmente el destino de Dominga, y que no contarían con una justificación clara respecto de los servicios prestados. Ese vacío es uno de los elementos que los diputados piden esclarecer a través de la investigación penal.

En un punto de prensa, Manouchehri resumió así la gravedad del cuadro que, a su juicio, se configura:
“Esto es gravísimo. $250 millones traspasados de Dominga a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas sin una justificación clara. Luego, pagos de estos abogados a la esposa del juez Jean Pierre Matus y, acto seguido, un fallo del juez Matus a favor de Dominga. Otra vez aparecen los mismos nombres: (Ángela) Vivanco y (Diego) Simpertigue. Esto huele podrido a corrupción”, afirmó.

Pagos a la esposa de Matus y alerta por “extrema gravedad institucional”

El mismo reportaje consigna que, posteriormente, Lagos y Vargas habrían transferido $18 millones a la esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus. En ese mismo lapso, el magistrado dictó un fallo favorable a Dominga, lo que para los legisladores configura un escenario que debe ser dilucidado tanto por la Fiscalía como por el propio Poder Judicial.

Manouchehri recalcó que la denuncia busca que el Ministerio Público investigue a fondo este entramado:
“Presentamos con la diputada Cicardini una denuncia en Fiscalía para que se investigue a fondo. Estos mismos abogados están formalizados por pagar coimas a jueces. Esperamos que la Corte Suprema abra un sumario contra el ministro Matus. Es el mismo patrón que vimos con Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y Diego Simpertigue, todos vinculados a distintas aristas del Caso Hermosilla”, señaló.

En ese marco, los diputados hablan de un “cuadro de extrema gravedad institucional”, en el que confluyen pagos millonarios desde un proyecto altamente controversial, abogados que ya figuran en causas por corrupción y la intervención de un ministro de la Corte Suprema en decisiones clave sobre el futuro de la minera.

“Dominga 7” y el daño al Poder Judicial

La diputada Daniella Cicardini enfatizó que estos antecedentes se suman a lo ya conocido sobre la red en torno al abogado Luis Hermosilla y el caso Muñeca Bielorrusa:
“cuando creíamos que la red de Hermosilla y el caso Muñeca Bielorrusa ya nos había sorprendido, aparece una ‘Dominga 7’”, dijo, subrayando que el reportaje “da cuenta de un daño inmenso al Poder Judicial”.

La parlamentaria acusó que “por algunas manzanas podridas se ha dañado todo el cajón”, y sostuvo que, desde su rol fiscalizador, no dudará en apuntar a quienes “le han hecho tanto daño a nuestra democracia”. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una “limpieza profunda” del sistema judicial.

Tello: “No permitiremos que la corrupción permee nuestras instituciones”

La diputada Carolina Tello (FA), también presente en el punto de prensa, puso el foco en la dimensión territorial y ambiental del caso, recordando que Dominga impacta directamente a la Región de Coquimbo y al Archipiélago de Humboldt.

A su juicio, la trama de pagos y fallos que hoy se cuestiona vuelve a encender alertas sobre la captura de decisiones clave por parte de grandes intereses económicos: “Chile necesita estándares claros de transparencia y probidad”, afirmó, y añadió que “Hay una preocupación permanente por la protección del Archipiélago de Humboldt y hemos debido fiscalizar reiteradamente lo que ocurre en torno al proyecto Dominga. No permitiremos que el poder económico y la corrupción permeen nuestras instituciones, especialmente el Poder Judicial, que debe impartir justicia sin privilegios y en igualdad de condiciones”, puntualizó.

Con la denuncia ya ingresada, será ahora el Ministerio Público el que deberá decidir los pasos a seguir: si abrir investigaciones formales, qué aristas priorizar y qué diligencias ordenar para esclarecer el origen, destino y justificación de los millonarios pagos asociados a Dominga y al estudio de Lagos y Vargas, así como su eventual vínculo con decisiones judiciales que han marcado el devenir del proyecto.