Exclusivo-CodelcoGate: Las pruebas de desfalco por 7 mil millones de dólares en operaciones a futuro (2005-2007)

Las pérdidas de 7 mil millones de dólares en mercados a futuro de cobre —ocasionadas por contratos celebrados entre 2005 y 2007— no son resultado de “un cambio brusco, imprevisible, espectacular y estructural (del precio del cobre), acaecido a partir de la segunda mitad de 2006, generado por la emergencia de China”, como determinó en 2015 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
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Como demuestran informes oficiales -que aquí damos a conocer en exclusiva y que fueron omitidos en dicha instancia oficial- aquellas ventas se hicieron en total conocimiento de que el precio del cobre superaría con creces los irrisorios montos en que este fue tranzado.

Por Francisco Marín Castro

En enero de 2006, cuando el precio del cobre superaba los US$ 2,20 la libra, Codelco vendió a futuro 150 mil toneladas de Mina Gaby a un valor de US$ 1,36 la libra, lo que generó pérdidas acumuladas por US 681 millones al 2010, año en que el precio promedio de la libra de cobre fue de US$ 3,42.

En febrero de ese año, Codelco firmó un acuerdo con la china Minmetals mediante el cual se comprometió a vender a Cupic (empresa creada por ambas firmas en Bermudas) 55.750 toneladas anuales de cobre refinado —hasta 2021— a 1 dólar la libra, en circunstancias en las que, en el momento de hacerse la transacción, la libra de cobre se cotizaba en la Bolsa de Metales de Londres (BML) a 2,31 dólares.

Cuando se realizaron estas transacciones, el presidente del directorio de Codelco era el ministro de Minería Alfonso Dulanto.

Lo más grave es que, según proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio para diciembre de ese año 2006 sería de 2,07 dólares la libra y de 1,86 dólares para diciembre de 2007, muchísimo más que el valor en que se vendieron esas 150 mil toneladas (US$ 1,36 la libra).

El boletín de febrero de 2006 de Cochilco —que tuvimos a la vista al hacer este reportaje— es claro en señalar que el precio del cobre iba con tendencia al alza. Así se señala en su página 11: “si se considera que dentro de la cartera de inversión de los fondos habría caído la participación de los commodities y que los inversionistas están mayoritariamente cortos, se infiere que actualmente el potencial del precio es a mantenerse o subir”. Este texto aparece bajo el esclarecedor encabezado “Análisis Técnico del Precio: Cotización no está en un ciclo de baja”.

Proyecciones sobre el valor del cobre (Cochilco).

Cochilco exhibe en su Base de Datos Electrónica (www.cochilco.cl) que en febrero de 2006 se proyectaba que a fines de ese año el valor del cobre sería de 1,98 dólares la libra y 1,79 un año después, por lo que de ninguna manera se justificaba vender a los precios expuestos.

“Este informe de febrero 2006 acredita que los (…) contratos de venta a futuro, (…) se hicieron con el objetivo deliberado de que Codelco perdiera miles de millones de dólares, en favor de once (11) contrapartes en estos mercados, contrapartes  que fueron escogidas por Roberto Souper, Vicepresidente de Comercialización de Codelco desde al año 2000 a 2010, según él mismo lo confesara en la Comisión Investigadora de la Cámara, en la 8va sesión”.

Es lo que señala el abogado, economista y presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga —en escrito presentado el 30 de noviembre recién pasado—, en que solicita la reapertura de la investigación por “desfalco en Codelco”.

Esta causa —que fue cerrada en octubre de 2019 después de una opaca investigación liderada por la fiscal Macarena Cañas— se originó en querella presentada el 17 de abril de 2015 en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En la octava sesión de la citada Comisión Investigadora —registrada el 29 de septiembre de 2014— Roberto Souper también expresó que en la época en que se produjeron las ventas a futuro allí analizadas (segunda mitad de 2005 y principios de 2006) los “brokersCommodities Research Unit (CRU) y Brook Hunt pronosticaban precios bajos para el cobre. “El promedio de los dos daba 108 centavos para 2006; 96 centavos para 2007; 86 centavos para 2008, 82 para 2009, 94 para 2010 y 101 para 2011”.

En ningún momento exhibió dichos informes y éstos no están disponibles en ninguna de las carpetas investigativas de la causa por desfalco en Codelco.

Roberto Souper aseguró que entre la segunda mitad de 2005 y principios de 2006) los “brokersCommodities Research Unit (CRU) y Brook Hunt pronosticaban precios bajos para el cobre

“Los pronósticos eran muy inferiores a lo que logramos fijar. Lo que pasó en ese momento es que, como lo ha explicado Juan Villarzú (presidente ejecutivo de Codelco bajo la administración de Ricardo Lagos) una y otra vez, se nos abrió una ventanita para fijar precios que eran muy buenos para ese momento, porque todo el mundo pensaba que nuevamente el cobre iba a bajar a 90 centavos. Entonces, aprovechamos esa ventanita e hicimos viable el Proyecto Gaby”, aseguró Souper.

Lo inentendible de todo esto es que Souper no dio cuenta en la citada instancia de los informes de Cochilco que reflejaban que al momento de hacerse las cuestionadas ventas a futuro todas las predicciones apuntaban a que el precio del cobre subiría y, en todo caso, que sería mucho más alto que el fijado en las operaciones a futuro. 

Pese a que las operaciones antes descritas son escandalosas, sin duda que la más grave e injustificable se realizó en julio de 2007. Entonces,se autorizó la venta a futuro de 700 mil toneladas de cobre de Mina Gaby a US$ 1,38 la libra, para el período 2008 a 2012, en circunstancias que, al momento de firmarse el acuerdo, el precio del cobre era de US$ 3,62.

Karen Poniachik fuemMinistra de Minería entre 2006 y 2008 y, en esa calidad, presidió los directorios de las empresas estatales Codelco, Enap y Enami.

Al registrarse esta escandalosa operación la ministra de Minería presidenta del directorio de Codelco era Karen Poniachik y el presidente ejecutivo José Pablo Arellano.

Nótese que entre 2008 y 2012 el precio del cobre tuvo un promedio de US$ 3,31 y alcanzó incluso US$ 4 dólares el año 2011 y US$ 3,66 en 2012. Esta transacción provocaría pérdidas por US$ 2.983,9 millones a Codelco. Como en muchas otras operaciones, aún no se sabe quién se benefició con el “error” de Codelco y ni siquiera quien autorizó la operación por parte de la empresa. Esta información no fue aclarada ni por la comisión especial de los diputados ni menos por el Ministerio Público en la causa antes comentada.

Al momento de realizar la operación, Cochilco —basándose en informes de la BML difundidos por la agencia Reuters— proyectaba que el precio del cobre alcanzaría los US$ 3,18 a fines de 2007 y US$ 2,85 en igual mes de 2008, como se aprecia en el cuadro que acá exponemos y que fue extraído de la data-web de Cochilco.

A la citada Comisión Investigadora también concurrió el entonces recién asumido presidente del directorio de Codelco, el socialista Oscar Landerretche Moreno. Esto ocurrió el lunes 21 de julio de 2014 en lo que sería la segunda sesión de dicha instancia “investigativa”.

Allí se refirió a los cuestionados contratos e incurrió en omisiones increíbles a la luz de la responsabilidad que su alto cargo exigía:

“La razón (de los contratos de ventas a futuro) tampoco la conozco, pero hice un poco de investigación. Observé cuáles eran los pronósticos respecto del precio del cobre de la gente que se dedica a esto en Chile, en la plaza, o sea, mis colegas economistas, y particularmente de los que participan del comité de predicción del precio del cobre. En general, todos esos pronósticos favorecían pensar que era una buena idea. O sea, los precios del cobre que ellos pronosticaban, de manera transversal, era una sustantiva reversión a la baja, un escenario crudo; que estaría por debajo de 1 dólar (…) Incluso, los pronósticos oficiales de quienes participaron de la Comisión, cuya postura está en las actas que traje, y pueden revisarlas, eran que para los próximos dos años el precio estaría por debajo de 1 dólar”.

Landerretche —que en los últimos años con el evidente apoyo de grandes medios ha intentado posicionarse como candidato presidencial— omitió los informes de Cochilco que acá damos a conocer y que —contrariamente a lo que él señaló— preconizaban alzas en el precio del cobre. Ningún anexo ni documento que avale sus dichos quedó en los legajos de la citada Comisión Investigadora.

No obstante, esta Comisión Investigadora —que había sido creada el 16 de abril de 2014 y que fue presidida por el diputado socialista Luis Lemus— no reparó en este hecho y terminó redactando un informe final que perfectamente podría caber en una historia nacional de la infamia.

Este documento, aprobado por el pleno de los diputados el 16 de abril de 2015, determinó que “considerando las condiciones de mercado a mediados de 2005 y principios de 2006 y para evitar el cierre de (mineral) Salvador y extender su vida útil, Codelco ejecutó fijaciones de precio con respaldo en cobre físico”.

Lemus aseguró —un día después de aprobado el informe final— que “no existen responsabilidades políticas como pretendía buscar la derecha y quedó claro que esta (las ventas a futuro) es una herramienta que se utiliza bastante en el rubro de la minería”.

Codelcogate: El verdadero robo más grande de la historia de Chile

La causa por desfalco en Codelco (RUC 1510013060-K) tiene dos aristas principales: la primera tiene que ver con las pérdidas en mercados de futuro. La segunda se relaciona con la inexplicable caída en los ingresos por ventas de Codelco verificadas fundamentalmente bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-14). Estas pérdidas solo se pueden explicar en la venta de cobre y metales derivados a valores inferiores a los de mercado (subfacturación). El monto de las mermas fiscales por este concepto se estima en al menos 14 mil millones de dólares.

En relación con las ventas a futuro, Alcayaga sostiene que estas operaciones “son de exclusiva responsabilidad de los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos (2000-2006) y de Michelle Bachelet (2006-2010)”, asegurando, además, que dichas operaciones “se hicieron para perder a favor de determinadas empresas, grupos, brokers, financieras”.

Durante la gestión de José Pablo Arellano se aprobó la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco.

Las pérdidas verificadas a partir de 2010 encuentran una razón principal en la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, promulgada el último año del primer gobierno de Bachelet (2009) cuando el presidente ejecutivo era José Pablo Arellano.

En efecto, desde 1976 —bajo el régimen de Pinochet— el presidente ejecutivo de Codelco era elegido por el presidente de la República y en el directorio estaba el ministro de Minería —que presidía dicho cuerpo colegiado—, el ministro de Hacienda, más un representante del Banco Central y otro de las Fuerzas Armadas.

Con dicha Ley de Gobierno Corporativo “toda esa gente fue sacada del Directorio”, como explica Alcayaga. Asegura que lo anterior esgrave porque es el Directorio el que elige al presidente ejecutivo. “Resulta que actualmente el Directorio de Codelco está compuesto principalmente por profesionales elegidos por la Alta Dirección Pública, y para poder postular se estableció como requisito el haber trabajado en empresas mineras”, expresó el abogado y economista defensor del cobre chileno.

Éste aduce que como consecuencia de lo anterior el alto mando de Codelco ha estado compuesto —desde 2010— por ejecutivos que, en los hechos, actúan como si realmente trabajaran para las empresas mineras extranjeras de las que provenían antes de llegar a Codelco. “Por eso eligieron en el 2010 a Diego Hernández, luego a Tomás Keller —ambos en la administración Piñera— y más tarde a Nelson Pizarro”, manifiesta Alcayaga.

Alcayaga señala que, por esa razón, desde el 2010 en adelante Codelco está perdiendo mucho más dinero que antes, algo que la prensa calla pese a que otros escándalos que han gozado de gran cobertura —como el “milicogate” o el “pacogate”— “son una migaja al lado del desfalco en Codelco”.

Ministerio Público: cómplice del desfalco

El 7 de octubre de 2019 la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana —liderada por Xavier Armendáriz— decidió no perseverar en la causa aquí descrita “por (supuestamente) no reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

El 26 de noviembre de 2019 el 7° Juzgado de Garantía rechazó la nulidad solicitada por la parte querellante —ONG Chile Cobre, representada por Alcayaga—, ante lo cual, a los 5 días ésta interpuso un recurso de apelación, que el tribunal declaró inadmisible por cuanto la fiscalía “no había puesto término al proceso”. Es decir, la Fiscalía cerró la causa pero el tribunal determinó que el cierre no equivalía a poner término a la investigación… ¡Quién entiende!

“En vista de que tanto el Tribunal como la Corte decían que el proceso no estaba terminado, reuní nuevos antecedentes y el 30 de noviembre (recién pasado), solicité al tribunal la reapertura de la investigación”, expresó Alcayaga en entrevista.

Se determinó que Juan Villarzú, presidente ejecutivo de Codelco bajo la administración de Ricardo Lagos, mintió sobre las proyecciones del precio del cobre.

En esa solicitud se presentan los informes de Cochilco que acá revelamos y que por tanto tiempo permanecieron en el olvido. “Estos informes oficiales de Cochilco, con base en proyecciones de la Bolsa de Metales de Londres (BML), demuestran que son falsos los testimonios de Juan Villarzú y Roberto Souper, los que, en tanto testigos, declararon ante la fiscal Macarena Cañas, que vendieron a futuro a precios algo superior al dólar, porque existirían informes internacionales que proyectaban —en 2006— precios a futuro del cobre que no superarían el dólar la libra”, acusa Alcayaga.

Sigue: “Los informes internacionales que proyectaban, el 2006, precios a futuro de un dólar la libra simplemente no existen”.

Remata Alcayaga: “Codelco perdió en las ventas a futuro tanto en favor de Minmetals-Cupic, como de otras 11 contrapartes, más de US$ 7 mil millones”.

El pasado 1 de diciembre el tribunal rechazó la reapertura, ante lo cual el querellante apeló. Finalmente el derecho a apelación fue concedido y será la Corte de Apelaciones la que definirá si la causa sigue su curso o si definitivamente primará la impunidad.

Alcayaga acusa que la fiscal Macarena Cañas —que estuvo la mayor parte del tiempo a cargo de la causa—, como el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, no hicieron ningún esfuerzo por investigar el caso.

En efecto, ambos se negaron a ejecutar la mayor parte de las diligencias solicitadas por la parte querellante. “Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible”, acusa Alcayaga. 

Entre las diligencias solicitadas en el transcurso de la causa se contaba que se le exigiera a Codelco que se informara en relación con: Antecedentes sobre volumen y precio del producto (cobre, molibdeno, oro, plata u otro); objeto de dichos contratos; individualización de los compradores; nombre de los funcionarios que intervinieron o participaron en la celebración de operaciones de mercados de futuro desde 2004 en adelante y quien los facultó para ello.

La Fiscal Cañas le negó a los querellantes el derecho de conocer aspectos relevantes del expediente como, por ejemplo, el contenido de las respuestas enviadas en archivos digitales por Codelco, Antogafasta Minerals, BHP Billiton y el Servicio Nacional de Aduanas.

Cómo se destapó la olla

Cuando entre 2005 y 2007 se hicieron los contratos por ventas a futuro, nadie o casi nadie notó que estos importaban un grave daño al Estado. Fue una nota publicada el dos de septiembre de 2010 en La Tercera la que dio la primera alerta. Allí, el entonces miembro del Directorio de Codelco y militante de la UDI, Andrés Tagle, señalaba que «el país debe saber y conocer que durante los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet, Codelco llevó a cabo un conjunto de operaciones financieras de derivados (futuros y opciones) que le han significado a la corporación pérdidas, disminuciones patrimoniales y menores excedentes al Estado por impuestos que en conjunto ascienden a US$ 4.630 millones”.

Tagle —de profesión ingeniero comercial— señaló también que “las máximas autoridades vinculadas al cobre en el país, con toda la experiencia de la que disponían, apostaron a la baja de precio de cobre a mediados del año 2005, justo en los momentos en que el precio de este metal inició una escalada en los mercados internacionales que se ha mantenido hasta hoy con pequeñas alteraciones. Se equivocaron rotundamente con grave perjuicio para el Estado”.

Con posterioridad a la denuncia de Tagle, ni éste ni La Tercera ni ningún otro gran medio de información volvió a referirse al tema, pero la bomba ya había sido lanzada.

Alcayaga descubrió que esas pérdidas denunciadas por Tagle eran reales a raíz de los siguientes hechos: “En marzo de 2011, Diego Hernández, a la sazón presidente ejecutivo de Codelco, realizó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la Corporación por el año 2010. Él definió estos como un gran éxito de su gestión, al obtener excedentes por 5.799 millones de dólares, que superaban al ejercicio 2009 en 1.851 millones de dólares.

“Al analizar los resultados (…) saltaba a la vista que estos excedentes estaban lejos de ser un éxito, puesto que 2006, con un precio del cobre de 3,11 dólares la libra (inferior en 12,1 % al del año 2010 en que el valor fue 3,42 dólares) arrojó excedentes por US$ 9.215 millones, un 37,1 % superior al año 2010”.

Entonces Alcayaga concluyó que las utilidades de 2010 tendrían que haber sido de 11 mil millones de dólares aproximadamente, y que por lo mismo faltaban más de 5 mil millones.

Por lo mismo, analizó detalladamentela Memoria de Codelco de 2010. “Solo entonces me percaté de que entre el 2006 y el 2010 las pérdidas de utilidades habían sido significativas, pero no por un aumento exagerado de los costos, sino por una caída de las ventas, y éstas podían caer, porque se vende más barato el cobre y sus subproductos o por pérdidas en los mercados de futuro”. Es lo que señaló Alcayaga ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, que sesionó entre septiembre y diciembre de 2012, cuyos miembros escucharon estupefactos el tenor de las denuncias de Alcayaga.

Éste había constatado —en su revisión de las Notas Explicativas de la Memoria 2010 de Codelco— pérdidas por 1.042 millones en ventas a futuro, pudiendo verificar que éstas “se contabilizaban, entre paréntesis, de manera extracontable, como una disminución de las ventas”, como señaló a dicha Comisión Investigadora.

Como esta pérdida no explicaba la totalidad de la caída de los resultados de Codelco, estudió los balances de Codelco desde 2005 hasta 2012. Al analizar las Notas a los Estados Financieros, pudo comprobar las operaciones de mercados a futuro que comprometían los resultados hasta 2012. La suma de las pérdidas por ventas a futuro —entre 2006 y 2012— sobrepasaba los 5 mil millones de dólares, poco más de lo que había denunciado el directivo Tagle.

Alcayaga encontró “que era muy extraño” que ni el Ministerio de Minería ni Cochilco ni la empresa auditora Deloitte “nunca hayan dicho una sola palabra de estas colosales pérdidas, ni que tampoco se haya informado de ellas a la Superintendencia de Valores y Seguros, como un hecho esencial”, como señaló Alcayaga en presentación realizada el 28 de octubre de 2013 al entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola.

Los diputados de la Comisión Investigadora de 2012 omitieron pronunciarse entonces respecto de las pérdidas por ventas a futuro de Codelco pese a la denuncia de Alcayaga y  al hecho que Cochilco ya las había reconocido a través de oficio ordinario 278 —de 26 de agosto de 2011— enviado al entonces diputado Carlos Montes (PS).

“La Corporación (Codelco) ha tenido que reconocer resultados negativos que corresponden a transacciones que fueron efectuadas en el período 2005-2007 (…) y cuyos vencimientos finalizan el presente año 2011 y 2012 próximo”, admite Cochilco en dicho oficio.

Para justificar esas pérdidas, Cochilco señaló a Montes que las operaciones a futuro “son comunes a toda la industria minera, son realizadas en el mercado financiero formal, y se realizan para proteger los precios de las fluctuaciones del mercado y minimizar los riesgos financieros”.

Hasta ahora todas las puertas del Estado han permanecido cerradas al esclarecimiento de estos hechos que tan dolosamente afectan las arcas fiscales. ¿No hay mal que dure cien años ni deuda que no se pague?.

*Reportaje publicado en la última edición del periódico El Ciudadano (N° 246).

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