El gobierno del Presidente Kast ingresó esta semana a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley para la reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que le priva de muchas de las herramientas fundamentales con las que este cuenta para la promoción, protección y defensa de estos derechos.
Argumentando la necesidad de su modernización, el proyecto restringe severamente sus potestades en materia judicial, limita la participación de la sociedad civil en su conducción, dejándola en la práctica en la determinación del Presidente de la República y del Congreso Nacional, y además reduce drásticamente sus equipos y no contempla la presencia en regiones.
En efecto, el proyecto de reforma elimina la facultad del INDH de deducir acciones penales limitando esta función propia de las instituciones nacionales de derechos humanos a la denuncia de hechos que pudieren ser constitutivos de delito -impidiéndole, en tal sentido, ser parte activa en procesos de esta naturaleza-, a presentar recursos de protección con acuerdo previo del Consejo, y recursos de amparo, como potestad exclusiva del Director Ejecutivo.
De esta manera, y tal como lo señala el mensaje del proyecto se reafirma “su carácter principalmente consultivo y técnico», despojándolo de una de sus herramientas más importantes para la protección de derechos humanos, como las que el INDH ha venido ejerciendo hasta ahora, en particular en el contexto de su vulneración por los órganos o agentes del Estado.
El proyecto reemplaza el actual Consejo compuesto por once integrantes, cinco de ellos electos por sociedad civil y la academia, por un Consejo compuesto de cinco integrantes, dos de ellos nombrados por el Senado, a propuesta del Presidente de la República, con un quórum de 4/7 de los senadores en ejercicio, a partir de una nómina de seis candidatos de organizaciones de sociedad civil vinculadas a los derechos humanos que se encuentren registradas; dos nombrados por la Cámara de Diputadas y Diputados, a propuesta de la comisión dedicada a los derechos humanos, por el mismo quórum anterior; y, uno por los decanos de las Escuelas o Facultades de Derecho, en la forma que determinen sus estatutos.
Aunque el mensaje señale que habrá «una mayoría de integrantes provenientes de la sociedad civil», a diferencia de la forma de elección del Consejo actual del INDH, ningún integrante del Consejo propuesto será electo directamente por las organizaciones del Registro del INDH, sino que cuatro de cinco dependerán del Ejecutivo y del Congreso Nacional.
De la mayor gravedad son las disposiciones transitorias del proyecto que facultan al Presidente de la República, a la entrada en vigencia de la ley, para proponer al Senado para su aprobación por simple mayoría una nómina con los cinco primeros integrantes del Consejo, una vez que entre en vigencia la ley, excluyendo a la sociedad civil ni de la academia.
A este Consejo, que tendrá una vigencia de dos años, corresponderá la elaboración de los estatutos de la institución, ajustando su estructura y funcionamiento a lo que decidan quienes serán nominados por el Presidente de la República.
Estas disposiciones son claramente contrarias a los Principios de París, los cuales exigen que el procedimiento de nombramiento de los órganos de conducción de las instituciones nacionales de derechos humanos asegure independencia y pluralismo de modo de garantizar su autonomía.
Finalmente, en materia de organización territorial el proyecto mantiene el domicilio en la ciudad de Santiago, señalando en su informe financiero que “no contempla el domicilio de sedes regionales”.
En la práctica, el proyecto abre las puertas al desmantelamiento de las sedes regionales con que hoy cuenta el INDH, las que han sido fundamentales para visibilizar la situación de derechos humanos existente en regiones, proteger a las víctimas de las violaciones a estos derechos allí ocurridas provenientes no tan solo por el actuar de los órganos del Estado, y promocionar el respeto de estos derechos a lo largo del país.
La alternativa propuesta por la reforma, en este sentido, va en contra de todos los esfuerzos por descentralizar la acción del Estado y sus órganos, aún los autónomos, como el INDH, para hacer posible un país territorialmente más equitativo. ¿Por qué desmantelar la presencia regional?
Las propuestas de reforma contenidas en este proyecto contrastan abiertamente con las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del INDH antes referida, de composición plural, la que expresamente propuso robustecer la capacidad de acción judicial del INDH, fortalecer sus sedes regionales, y considerar en su Consejo una mayoría de representantes de organizaciones de derechos humanos y de la academia, con criterios de representatividad, paridad y pluralismo.
En contraste con la valoración que se hace en el mensaje presidencial del derecho internacional de los derechos humanos, este proyecto, al igual que otras de las iniciativas de reforma legal presentadas por la administración del presidente Kast da cuenta, si no del desconocimiento, al menos de la desvaloración de la centralidad que los derechos humanos tienen para la construcción de una convivencia democrática basada en la inclusión y en la justicia.
Por lo anterior, consideramos inaceptable este proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo y en nuestra calidad de exconsejeros y consejeras del INDH instamos al Congreso Nacional a rechazar esta iniciativa.
Sin negarnos a la posibilidad de revisar la legislación que dio vida al INDH, proponemos que dicha revisión tenga como base las recomendaciones emanadas de la Comisión Asesora para su Fortalecimiento de composición plural.
Proponemos además que en el debate de cualquier iniciativa legal sobre la materia se considere la participación de las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Suscriben:
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