La familia de Julia Chuñil Catricura (72 años) desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Los Lagos, pidió formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el traslado de la investigación a una fiscalía de otra región, acusando graves vulneraciones a sus derechos como víctimas y cuestionando la actuación de la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
En la solicitud, presentada por la abogada Karina Riquelme, se detallan hechos que comprometerían la objetividad y eficacia de la investigación: una denuncia penal por apremios ilegítimos contra la fiscal y un fiscal jefe; la filtración de información reservada a medios de comunicación que sindicaron falsamente al núcleo familiar como sospechoso; y el cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena reforzar la búsqueda y proteger a la familia.
La querellante denuncia que en 9 meses la fiscal regional nunca recibió personalmente a la familia, limitándose a dos reuniones por videoconferencia con fiscales adjuntos sin poder de decisión.
Asimismo, se critica el abandono de líneas de investigación y el uso inadecuado de herramientas de búsqueda, como el georradar, cuya dirección fue entregada a un funcionario de Carabineros investigado por apremios ilegítimos.
«Habiendo esperado un tiempo prudente para que Fiscalía de Los Ríos diera cuenta de acciones destinadas a investigar objetivamente todas las líneas de investigación. Solicitando además reunión con Fiscal Regional, sin que se pudiera concretar, existiendo entonces una nula comunicación con fiscalía, tomando en consideración además las investigaciones paralelas por filtraciones y apremios, que se suscitan en la dirección de la fiscal Tatiana Esquivel, es que como querellantes hemos solicitado se nombre otra fiscalía regional para llevar adelante una investigación que cumpla con los estándares mínimos comprometidos por el Estado a nivel nacional e internacional», declaró Karina Riquelme.
Esta solicitud se presenta luego de que la CIDH ordenara al Estado de Chile redoblar los esfuerzos en el caso de Julia Chuñil y proteger a la familia en el proceso. El organismo también solicitó que se le actualice sobre las medidas que tomará el Estado chileno para cumplir con la cautelar en un plazo máximo de 15 días.
Querella por filtraciones selectivas
En paralelo, Pablo San Martín Chuñil presentó una querella por violación de secreto contra quienes resulten responsables de la filtración de información reservada de la investigación.
La acción judicial apunta a la divulgación en marzo de 2025, a través de un reportaje de Meganoticias, de antecedentes falsos que atribuían la presencia de sangre de Julia Chuñil en la casa de una de sus hijas, señalando como sospechoso al núcleo familiar.
Según la querella, dicha información solo pudo provenir de funcionarios públicos con acceso a la carpeta investigativa y vulnera la presunción de inocencia, provocando un grave daño a la honra de la familia.
Además, sostiene que las afirmaciones divulgadas eran falsas y que su uso mediático fue tendencioso y malicioso, estigmatizando a la familia en un momento de profundo dolor.
Para los querellantes, este episodio es una de las pruebas más claras de la falta de objetividad y de las graves irregularidades que han marcado la investigación, y refuerza su llamado a que el caso sea trasladado a otra fiscalía regional que garantice transparencia, imparcialidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos.
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El Ciudadano
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