Organismo presentó un requerimiento ante la Fiscalía

Financiamiento ilegal de la política: Servel denuncia a ex jefe de campaña de diputada Erika Olivera

Una denuncia por financiamiento ilegal de campañas políticas en contra de cinco personas, presentó este lunes ante la fiscalía, el Servicio Electoral (Servel)

Por Absalón Opazo

18/03/2019

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Política

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Una denuncia por financiamiento ilegal de campañas políticas en contra de cinco personas, presentó este lunes ante la fiscalía, el Servicio Electoral (Servel). El requerimiento se enmarca dentro del caso denominado «Tragamonedas», indagatoria que busca establecer aportes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y de Premio Programado (Fiden), a quienes captaron recursos para diversas campañas.

Los acusados son el ex presidente de la entidad, Sebastián Salazar, Isaac Latorre Ascui, Abdullah Jarufe Garrido y Alberto Hadad Abuhadba, a quienes se suma el actual jefe de planificación de Fonasa, Francisco Javier León Von Muhlenbrock, quien se desempeñó como jefe de campaña de la diputada Erika Olivera (RN), para quien habría captado aportes de Fiden.

Según consigna el comunicado del Servel, tras una revisión de seis mil carillas sobre la causa en cuestión, el Consejo Directivo del organismo decidió presentar la denuncia por la eventual comisión de delitos electorales.

“Más de seis mil carillas aportadas por el Ministerio Público fueron las que el Servicio Electoral (Servel) analizó, en contraste a la información de cuentas electorales que la Institución tiene en su poder, durante los últimos dos meses”, detalla el texto del Servel.

El organismo puntualizó que “la denuncia realizada tiene como objeto que la Fiscalía investigue a cinco personas que habrían incumplido la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral”.

Por último, el Servel sostuvo que con esta denuncia demuestra “su compromiso con preservar las condiciones legales a las que se debe ajustar la contienda electoral, con la finalidad de proteger el derecho humano de elegir y ser elegido, y con que se sancionen delitos que dañan la confianza ciudadana y la política”.

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