martes, febrero 25, 2020

Fiscal Metropolitano Sur investigará venta de armas del Ejército a narcotraficantes

El fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, para investigar la venta de armas por parte de funcionarios del Ejército a bandas de narcotraficantes y de delincuentes.

Según la Fiscalía, el persecutor investigará «los posibles delitos de tráfico de armas del artículo 10 de la ley 17.798 y otros ilícitos que deriven de éste, cometidos presuntamente por funcionarios del Ejército de Chile en servicio activo o en retiro».

Recordemos que el caso saltó a la luz pública tras la filtración de unos audios del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, quien en una reunión con cerca de 900 oficiales admitió que conocía información sobre venta de armas a bandas narco.

«Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando», señaló el general en los audios, que fueron difundidos por el semanario The Clinic.

Esto desató la reacción del Gobierno, que citó al general Martínez para explicar estos dichos, tras lo cual, de acuerdo al reporte de distintos medios nacionales, admitió la imprudencia de sus expresiones y aseguró que sí se realizaron las denuncias correspondientes a la Fiscalía.

«En la reunión sostenida esta mañana (viernes) con el ministro de Defensa Nacional (Alberto Espina), me representó que mis palabras fueron imprudentes. Me hago cargo de ello, y si algunas de mis expresiones fueron así interpretadas, ofrezco las excusas correspondientes», indicó el comandante en jefe del Ejército.

Ricardo Martínez puntualizó que «la reunión que sostuve con los oficiales de la Guarnición Militar de Santiago el martes 20 de noviembre, y con los suboficiales el día 21, tuvo por objetivo reforzar mi política de transparencia, probidad y apego a disciplina a raíz de la serie de hechos de carácter judicial y administrativo que han afectado a algunos integrantes del Ejército».

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«Esta actividad era de carácter reservado, por lo que utilicé un lenguaje directo y franco, de forma que fuera claramente entendido por todos», concluyó el general, añadiendo que, a su juicio, en sus afirmaciones «no hubo una sola expresión que implicara una crítica a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».

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