¿Quién da la cara?

Fiscal de Temuco se querella contra Carabineros y acusa montaje en Operación Huracán

El fiscal Arroyo apunta a un supuesto montaje de pruebas orquestado por funcionarios policiales de Inteligencia, puesto que él se negó a acceder a herramientas por fuera de la ley –como los policías le habrían sugerido– para investigar hechos de violencia rural en La Araucanía.

Graves acusaciones cruzadas mantienen en tensión a Carabineros y fiscales de La Araucanía. Esto luego que se revelara que el fiscal jefe de Alta Complejidad de la región, Luis Arroyo, presentó una querella contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).

El persecutor los acusa de realizar un montaje de pruebas para acusar a una de sus abogadas asistente de participar en la filtración de informaciones a un imputado de la denominada Operación Huracán, que implicó la detención de ocho comuneros mapuche a fines de septiembre de 2017, mediante el empleo de herramientas contenidas en la Ley de Inteligencia.

El Juzgado de Garantía de Temuco acogió a trámite la acción judicial del fiscal Arroyo. En el documento se indica que el 26 de diciembre fue notificado de la investigación contra Mónica Palma, abogada asistente, por el delito de obstrucción a la investigación. Además, se menciona un supuesto encubrimiento que Arroyo habría concretado sobre esta situación, que tendría su origen una supuesta relación sentimental con la funcionaria.

En la querella, el persecutor expone que la investigación tiene su origen en un oficio emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, en el cual el general inspector Gonzalo Blu relata al fiscal nacional, Jorge Abbott, que tras invocar la Ley de Inteligencia, se obtuvieron mensajes de la abogada Palma, quien habría entregado en septiembre de 2017 información que llegó a manos de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El fiscal Arroyo asegura que todo se trata de un montaje de pruebas orquestado por funcionarios policiales de Inteligencia, puesto que él se negó a acceder a herramientas por fuera de la ley –como los policías le habrían sugerido– para investigar sobre hechos de violencia rural en La Araucanía.

A juicio de Arroyo, el supuesto montaje buscaría “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”.

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía agrega además que no está dispuesto a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan” y que este estándar “es aún más patente en el ámbito de los delitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.

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