Fiscalía de Calama ordena investigar a veterinarios que habrían inoculado cerca de 100 personas con vacunas para perros

La Fiscalía local de Calama ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA), de la PDI, investigar sobre el caso en el cual dos veterinarios habrían inoculado cerca de 100 personas con vacunas destinadas al tratamiento de perros durante abril de 2020.

El caso fue recibido por el Ministerio Público a raíz de una denuncia realizada por la Seremi de Salud de Antofagasta y llegó a la Fiscalía Local de Calama el 13 de abril del 2021, refiere Radio Cooperativa.

Según el sumario recabado por la Seremi de Salud, el hecho ocurrió el abril del año pasado cuando uno de los veterinarios, identificado con las iniciales C.P.C, publicó un informe denominado “Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19” en grupos de veterinarios.

Te interesa leer: Insólito: al menos cien personas fueron inoculadas con vacunas para perros en Calama

En dicho documento, argumentaba que en Argentina existían antecedentes «exitosos» contra el covid-19 mediante la aplicación de la vacuna canina en humanos.

Asimismo, en octubre de ese mismo año se conoció de otro caso cuando una segunda clínica veterinaria también ofrecía la vacuna y que además violaba diversas medidas sanitarias, lo cual fue fiscalizado por funcionarios de la Inspección del Trabajo.

Ante las medidas investigativas, la veterinaria M.F.M reconoció los hechos y sostuvo que, al igual que su colega, se había autoadministrado la vacuna óctuple, sin embargo, negó inocular a terceros.

Por el escándalo y riesgo a la salud humana, el Colegio de Médico Veterinario de Chile (Colmevet) anunció acciones legales contra los dos profesionales, así como también rechazó el experimento en los humanos.

“Hemos determinado realizar acciones en sede penal, además de perseguir el cumplimiento del Art.20° de la Ley 20.120, lo que podría determinar la suspensión por tres años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta de ejercicio profesional respecto de los involucrados”, señaló la presidenta nacional de Colmevet, Dra. María José Ubilla, citado por Radio Cooperativa.