Fiscalía Nacional Económica expuso a diputados estudio sobre el mercado de los medicamentos

Un 36% del gasto en salud se destina a medicamentos. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), presentado ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por el titular de la entidad, Ricardo Riesco, junto a Sebastián Castro, de la División de Estudios de Mercado.

Entre sus observaciones, informaron que 27 laboratorios (del total presente en Chile) concentran el 70% de las ventas en valor en farmacias. Asimismo, se determinó que el 80% de los medicamentos registrados no son bioequivalentes y que el 90% de las ventas de los fármacos son de marca.

Asimismo, explicaron que el estudio, que abarcó el mercado de medicamentos, desde la producción hasta la venta a consumidor final, desde el 2015 al 2018, arrojó también que las cadenas farmacéuticas pagan un 70% más que el sector público (por medio de Cenabast) y afirmaron que ello no estaría dado por el volumen de las compras, que tendrían una cierta equivalencia, sino más bien por la forma en la cual se adquieren los productos.

La principal diferencia estaría dada en cómo se eligen los medicamentos, por cuanto mientras las farmacias de cadena privilegian la variedad de productos, asegurando la presencia de marcas que generen tráfico y pagan precio de lista; el sector público y el resto del mercado lo hace por medicamento clínico y donde la elección del producto depende fuertemente del precio (se paga el de menor costo entre alternativas intercambiables).

Otro punto observado es la alta influencia que tienen los médicos sobre la decisión de compra de los pacientes. En este marco se destaca que, ante una solicitud del paciente de recetar un medicamento económico, apenas un cuarto de los médicos cambia su prescripción original. Asimismo, se denota la influencia de visitadores y laboratorios; el hábito de “blindar” la receta; y la práctica de las farmacias de ofrecer descuentos que luego cobran a los laboratorios.

Baja de los precios

Según sostuvo Ricardo Riesco, de aplicarse un conjunto de cambios legales y administrativos, sería posible constatar en el corto plazo una reducción de los precios al consumidor final, al menos, entre un 20% y un 40%.

Entre las propuestas se plantea mejorar la reglamentación de tiempos y efectos de las etapas de registro y certificación de bioequivalencia; fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos, entidad dependiente del Instituto de Salud Pública; generar un plan de exigencias de intercambiabilidad que cubra a todos los principios activos; y establecer una política de difusión continua de información respecto de nuevas sustancias activas y su uso.

En materia de comercialización, se recomienda que el médico prescriba por medicamento clínico y no por marca; crear un sistema único nacional para prescribir fármacos que conecte a doctores y centros de salud con distribuidores (farmacias); regular la forma en que vende la farmacia (solo para medicamentos éticos); obligar a entregar el medicamento más económico por defecto (cargo único por dispensación + costo de adquisición del medicamento); regular de manera estricta los traspasos de dinero entre farmacias y laboratorios; y avanzar, una vez que opere lo anterior, en un seguro público o privado.

Se estima que con las medidas descritas, a corto plazo, los pacientes derivarían a alternativas más económicas; forzaría a los medicamentos más caros a competir en precio y, por tanto, acercarse a los más baratos; y serviría como “vitrina” a cualquier nuevo entrante, lo que haría que este mercado sea más atractivo para un competidor sin experiencia local.

La FNA también recomendó levantar la restricción de venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica solo en farmacias y permitir la venta de medicamentos online; y, en el caso de las compras públicas, mantener de manera pública y actualizada los integrantes del Comité de Farmacia y las actas públicas que den cuenta de las decisiones, entre otros puntos.

Valoración de los antecedentes

Parlamentarios de todos los sectores destacaron el aporte entregado por la Fiscalía, al tiempo que evaluaron positivamente los avances registrados en la materia en proyectos de ley ya despachados o aún en trámite en la Comisión.

«Los proyectos que hoy día se están tratando van justamente en esa línea, no hay grandes diferencias. Ellos hacen recomendaciones, pero muchas de ellas ya están ingresadas en los proyectos actuales y en Fármacos II también», resaltó la diputada Ximena Ossandón.

Sostuvo que, como legisladores, tienen la intención que los chilenos tengan, en el día de mañana, medicamentos de buena calidad, genéricos, que realmente no afecten el bolsillo familiar y sobre todo el de los adultos mayores.

En la misma línea, el presidente de la Comisión, diputado Ricardo Celis (PPD), dijo que las propuestas presentadas dicen relación con temas en los cuales ya han estado trabajando, fundamentalmente, sobre la receta por denominación común internacional, el tema del poder comprador de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) y respecto de la fijación de precios de aquellos medicamentos que intermedie.

«Creo que hay un punto importante que queda pendiente aquí, que probablemente lo veamos cuando veamos la ley de Fonasa, que son los seguros públicos sociales a los medicamentos. Creo que ahí hay un elemento nuevo que dejó encima de la mesa la FNE que debiéramos tomarlo, porque es un elemento importante donde los medicamentos sean constitutivos de un seguro público», destacó el parlamentario.

Para el diputado Juan Luis Castro, el fiscal nacional económico puso el dedo en llaga al concluir que los médicos están sometidos, como cuerpo, a una grave influencia de la industria, porque las recetas están inducidas, lamentablemente no por el mejor precio, sino porque hay marcas detrás.

«Hoy día no hay condiciones suficientes para darle transparencia a un mercado que está muy atravesado por intereses que van desde el vendedor de farmacia hasta el doctor que otorga la receta, por eso creo que este informe es contundente, es sólido y creo que va a abordar muchas otras materias además de las que ya hemos legislado en las leyes de Fármacos II y Cenabast», planteó.

Cabe mencionar que la Comisión también aprobó en general el proyecto que modifica las Leyes sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad y la relativa a bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas.